Luz Rangel · 27 de noviembre de 2024
Dos de las ocho estudiantes del Instituto Politécnico Nacional (IPN) que denunciaron a Diego N, su entonces compañero de clases, por alterar sus fotografías con inteligencia artificial y comercializarlas, están a punto de conseguir una sentencia histórica tras un año de lucha, pues se trata del primer caso en México en que se busca castigar el uso de esa tecnología para ejercer violencia contra mujeres.
Este miércoles será la cuarta y última audiencia de juicio oral en el Reclusorio Oriente, donde Diego N está en prisión desde el 26 de octubre de 2023. El juicio comenzó el 6 de noviembre de este año y desde entonces se realizan audiencias cada miércoles.
El 15 de marzo, las dos carpetas de investigación por las que está imputado Diego N fueron acumuladas en una misma. Aunque el proceso tenga un mismo juicio, en caso de comprobarse su culpabilidad, será sentenciado por cada una de las imputaciones.

Las alumnas y Olimpia Coral Melo, activista contra la violencia digital, están convocando a apoyarlas a las nueve de la mañana a una protesta pacífica. Mientras que la audiencia en la cual esperan obtener un fallo condenatorio comenzará al mediodía.
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El 6 de octubre de 2023, alumnas de la carrera de Mercadotecnia Digital detectaron en flagrancia de delito contra la intimidad sexual a Diego N, entonces estudiante de la misma carrera.
En su iPad, Diego N tenía fotografías íntimas de mujeres, unas reales y otras manipuladas con inteligencia artificial, mismas que usaba con fines de explotación sexual digital. Esto porque además se encontraron conversaciones de grupos privados donde ofrecía las imágenes a otros alumnos.
Ante esto, Diego N quedó disposición de las autoridades escolares y también la custodia de pruebas en el iPad. El IPN dio parte al Ministerio Público.

Mientras, las estudiantes se organizaron. En total ocho mujeres acudieron ante la Fiscalía General de Justicia de la Ciudad de México, para presentar una denuncia formal cada una, que derivó en ocho carpetas de investigación.
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El 8 de octubre de 2023, cuando el Ministerio Público dejó libre a Diego N después de las 48 horas de su primera detención por supuestamente no encontrarlo culpable, las estudiantes decidieron buscar apoyo contactando por redes a diferentes organizaciones, asociaciones, colectivas, activistas, entre ellas Olimpia Coral.

Desde entonces, la activista contra la violencia digital ha acompañado a las estudiantes del IPN en la entrega del pliego petitorio a dicha institución, audiencias, conferencias de prensa, en la marcha de la Glorieta de las Mujeres que Luchan al Zócalo y en su búsqueda de justicia.
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El 26 de octubre de 2023, la Fiscalía de la Ciudad de México informó de la segunda detención de Diego N. Desde esa fecha sigue preso.
Durante una conferencia de prensa en la Glorieta de las Mujeres que Luchan el 25 de noviembre, Día Internacional para la Eliminación de la Violencia contra las Mujeres, la abogada Valeria Mondragón señaló que se trata de un proceso jurídico único en su tipo por tratarse del primer juicio donde se busca castigar el uso de la inteligencia artificial para violentar la intimidad de las mujeres.
El caso podría sentar un precedente histórico en México y América Latina al demostrar que la violencia digital sí tiene consecuencias legales. Por lo tanto, el fallo será clave no solamente para las víctimas.
El juicio por resolverse abarca sólo a dos de las ocho víctimas que denunciaron a Diego N. Las demás siguen en espera de llegar a juicio y de recibir justicia.

La llamada “Ley Olimpia” es un conjunto de normas que buscan perseguir y sancionar la violencia digital que viola la intimidad sexual de las personas a través de medios digitales. Es decir, castiga la grabación, reproducción o difusión de imágenes, audios o videos de contenido sexual íntimo de una persona sin su consentimiento.
Justamente fue tras el caso de Olimpia Coral –una activista contra la violencia digital que fue víctima de la difusión sin su consentimiento de un video con contenido sexual íntimo– que se lograron estas reformas a la Ley General de Acceso de las Mujeres a una Vida Libre de Violencia y al Código Penal Federal.