“Sin intérpretes no hay justicia”: 7 de cada 10 indígenas presos, con obstáculos para comunicarse

Siete de cada 10 personas indígenas privadas de la libertad en Oaxaca no tienen acceso a un intérprete, lo que muchas veces impide incluso que conozcan cosas tan básicas como los motivos de su detención, el estatus de su expediente judicial o sus derechos.

Durante una visita que un grupo de abogados hizo al reclusorio de Tanivet en Oaxaca, descubrieron que, por ejemplo, una mujer de 87 años de edad, hablante de mixe, no se acercaba a ellos porque no hablaba español. Como muchas otras personas indígenas, continuaba en prisión preventiva sin haber sido sentenciada, ante la dilación de su proceso por no haber contado con un intérprete.

Luego, la Red de Intérpretes y Promotores Interculturales de Oaxaca se encargó de hallar uno, pero no quiso cubrir la audiencia porque el tribunal le adeudaba más de 10 audiencias. Ese episodio desveló también un problema estructural: no existía una institución responsable de la política de interpretación, y que no había presupuestos para ese servicio esencial.

“Hemos detectado que las personas que están privadas de la libertad en el área de justicia sufren una vulneración terrible por dos barreras particulares: la lengua y la desventaja económica. Una persona que está privada de la libertad por el mismo delito, con los mismos años de pena pecuniaria y pena privativa de la libertad, comparada con una persona de la urbanidad, siendo el mismo caso, refleja una diferencia y una discriminación sistemática”, apunta en entrevista Eduardo Martínez Gutiérrez, originario de Santiago Matatlán, Oaxaca, hablante de zapoteco y quien actualmente dirige los esfuerzos de la Red.

Rosalba, la intérprete conocida por liberar a indígenas monolingües

En abril de 2019, la Red ingresó al centro penitenciario de Miahuatlán de Oaxaca, en el que se calcula que hay cerca de un 35 % de población indígena. Comúnmente, incluso otras personas privadas de la libertad suelen fungir como sus intérpretes, dada la discriminación al interior de los reclusorios. “Las condiciones de internamiento si de por sí son disminuidas para la población en general, para las personas indígenas son sumamente desiguales”, relata Martínez.

En ese centro penitenciario, una de las intérpretes de la Red, Rosalba, tomó los datos de una persona privada de la libertad, que vivía a cuatro horas del lugar de donde ella era originaria. En sus vacaciones de Semana Santa, mientras pasaba las festividades con su familia, decidió dedicar un día a acudir a la ranchería de donde era originaria la persona en reclusión. Buscó a la familia y le comentó que acababa de visitar a su familiar. Le dio el teléfono de la persona que llevaba su defensa, porque de acuerdo con el expediente, ya era candidato a un beneficio de libertad anticipada. La familia pudo comunicarse con la persona abogada, y en agosto el hombre  había recuperado su libertad.

Sin la comunicación de la Red y la cadena que se tejió a partir de ahí, que también implicó reunir los recursos económicos para la multa por el beneficio, ese resultado no hubiera sido posible. Al tiempo, a la casa de la familia de Rosalba comenzaron a llegar personas desconocidas que tocaban a su puerta y preguntaban por ella, porque se habían enterado de que ayudaba a las personas a salir de prisión.

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“Ha sido una experiencia que cuando nos la cuenta Rosalba, hizo que valieran la pena muchas cosas, que son los retos y obstáculos que uno como sociedad civil tiene que vencer: que te cierren la puerta en la cara, que te sigan invisibilizando, muchas barreras, y escuchar los testimonios de los propios intérpretes nos da a nosotros la fuerza para seguir en el camino y no claudicar; como esta historia, hay muchas”, sostiene.

La Red está en el proceso de elaboración de un libro que se llamará Diario del intérprete, que recabará ese tipo de historias, con el objetivo de que las personas conozcan la parte humana de esa figura desde una perspectiva distinta, que contribuya a su dignificación. Con ese fin también lanzaron la campaña “Sin intérpretes no hay justicia: ayúdanos a que la lengua no sea una barrera para vivir”, a la que cualquiera puede aportar.

Animal Político publicó hace unos días que en los últimos dos años, la Red incrementó casi en 200% sus servicios en Estados Unidos ante el recrudecimiento de las políticas migratorias, lo que deriva en que personas indígenas monolingües sean abandonadas en vulnerabilidad, con la consiguiente violación a sus derechos lingüísticos y humanos.

Diario de Andy, un intérprete en busca de justicia lingüística

Andy Uriel Ramos Fabián, intérprete del zapoteco, tiene una colección diversa de historias en su trabajo con personas indígenas monolingües privadas de la libertad, pero elige relatar la que ilustra uno de los temas, a su juicio, más graves, que es la incriminación injustificada. Varias de las personas que ha conocido, sabiendo o no lo que está pasando, no pueden comunicarse, y por lo tanto, defenderse ante los ministerios públicos.

Un día lo llamaron para un caso que involucraba a dos niños, aunque la intención era que interpretara a un adulto mayor privado de la libertad en los separos del centro de justicia de Miahuatlán de Porfirio Díaz, Oaxaca. Lo encontró ahí con el cargo de presunto homicidio en riña y el rostro ensangrentado. A primera vista, la apariencia podía engañar y hacer creer que la acusación era real, admite Andy.

“Me están diciendo que maté a mi hija. No es cierto, yo sí la abracé, pero yo no la maté”, pudo por fin contarle el hombre al intérprete. Andy notó su nerviosismo y estado de shock. Una vez que avanzaron las audiencias y peritajes, se supo que la hija del señor había estado casada con un hombre asesinado un mes atrás. Gracias a la interpretación, una de sus hijas, de seis años, pudo declarar la verdad sobre los hechos.

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El papá del esposo fallecido había llegado a casa de su nuera para vengarse lastimándola a ella y a sus nietos por creerla responsable de la muerte de su hijo. La niña salió corriendo en busca del abuelo materno. Cuando el hombre llegó, encontró a su hija herida con arma blanca y a su consuegro lesionado por arma de fuego. Andy señala que se trataba de un entramado de información que debía recabarse poco a poco, lo que habría sido imposible sin un intérprete. La supuesta responsabilidad del abuelo materno era un rumor generado en la comunidad.

“Era un cúmulo de información que estaba sin tomarse en cuenta. Nadie entendía, en primer lugar, qué había pasado en general, y a la niña tampoco la iban a poder interpretar, porque sí hablaba un poco español, pero como era pequeña, se le dificultaba mucho más que su lengua (…) La interpretación es una pieza fundamental porque sin el intérprete no habría podido expresarse, el señor tampoco, ni la señora (la hija) que estaba en el hospital”, relata Andy.

Hace énfasis en que en ese caso, pudo rescatarse muchísima más información que a la que los agentes estatales de investigación, la policía estatal o el ministerio público pudieron llegar. En otro similar, se encontró con una mujer de entre 40 y 50 años de edad incriminada por el presunto asesinato de su esposo, sin que pudiera comunicarse; una vez con el intérprete y de acuerdo con las declaraciones, se descubrió que el único dato de prueba era la acusación de uno de sus yernos.

Sin embargo, el yerno no hablaba bien el español. Andy se dio cuenta de que era imposible que se hubiera recabado una declaración fidedigna en ese idioma, porque no lo entendía por completo. Además, era menor de edad. Una vez que el intérprete pudo hablar con él, el joven confesó que se trataba de una relación violenta, pero él no había estado ese día y no podía afirmar que la mujer era la responsable.

“Es una situación en donde hay veces que se incrimina, considero que sería lo más grave, a una persona que en primer lugar ni siquiera entiende cuál es el hecho que se le está imputando, o se crean declaraciones falsas y firmadas por la persona, incluso había la firma de la persona, porque se lo había dicho un licenciado, sin tener conocimiento de qué estaba firmando”, añade.

Así, a partir de su formación como abogado e intérprete, fue percatándose de la carencia general que persiste en los centros de justicia al no contar con intérpretes y traductores en lenguas indígenas, con lo que se retarda el proceso legal de las personas, se autoincriminan o permanecen privadas de la libertad sin siquiera haber sido escuchadas.

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“Nosotros nos vamos formando como intérpretes, para que justamente el sistema de justicia garantice el derecho humano a la interpretación en las lenguas maternas, indígenas, por parte de los juzgadores. En este caso, dirección de servicios periciales nos contrata para que brindemos este servicio a las personas privadas de su libertad, y a partir del trabajo de la red hemos logrado extendernos hasta el extranjero, como Estados Unidos, donde brindamos interpretación a quienes están privados de la libertad”, apunta.

Esta es una función esencial para la impartición de justicia, subraya, porque las personas en reclusión o que enfrentan un problema legal, muchas veces desconocen los términos y procesos que se llevan a cabo dentro de los centros de justicia, lo que se agrava si no hablan español y no logran expresarse u ofrecer ciertas pruebas. “Es como quitar un velo, nosotros decimos, es como quitar una barrera; somos una llave, una pieza fundamental en la impartición de justicia”, sostiene.