Iniciativa de reforma atenta contra personas con discapacidad: Conapred

El Consejo Nacional para Prevenir la Discriminación (Conapred) se manifestó en contra de la iniciativa propuesta por la senadora Olga Sánchez Cordero, la cual busca reformar el Código Civil Federal y la Ley General para la Inclusión de Personas con Discapacidad, al considerar que es regresiva y que atenta contra los derechos y la dignidad de esta comunidad. 

En una opinión institucional, el organismo sostuvo que el proyecto de ley restringe la  capacidad jurídica de las personas con discapacidad “con base en su diversidad”, mantiene una perspectiva médica, contraria al modelo social y de derechos humanos, y se basa en paradigmas médicos. 

La iniciativa propone incluir el concepto de “capacidad jurídica con acompañamiento diferenciado”, es decir, que un tercero designado de apoyo a personas con discapacidad en la toma de decisiones.

Sin embargo, el Conapred subrayó que se trata de “un atentado” contra la dignidad de las personas con discapacidad intelectual y psicosocial, pues se deja de lado que la discapacidad, entendida desde una mirada de derechos humanos, ya no puede entenderse como una enfermedad que debe ser curada, sino como una interacción entre la persona que vive con diversidades funcionales (deficiencias) y las barreras del entorno (de tipo sociales, culturales, actitudinales, físicas, legales, comunicacionales, etcétera), que imposibilitan su inclusión y su participación plena y efectiva en la sociedad en igualdad de condiciones que las demás”. 

Además, señaló que la iniciativa considera a la persona con discapacidad como una persona incapaz de tomar sus decisiones “en virtud de la enfermedad que ‘padece’, y a la que hay que cuidar y brindar asistencia”. 

En este sentido, el consejo cuestiona el reconocimiento a la figura del estado de interdicción (mediante el nombramiento de un tutor o tutriz), para casos en los que no se pueda graduar la capacidad jurídica de las personas con discapacidad intelectual y mental. 

“Lo anterior, a pesar de que la propia iniciativa reconoce que el estado de interdicción es una restricción a la capacidad jurídica, así como un desconocimiento de la personalidad ante la ley”, expuso la opinión institucional. 

Incluso, insistió en que el estado de interdicción ha sido superado en criterios que ha emitido la propia Suprema Corte de Justicia al declarar su inconstitucionalidad, por ser contraria a la Convención Internacional sobre los Derechos de las Personas con Discapacidad (CDPD) y al modelo de apoyo en la toma de decisiones. 

Esto, ya que la iniciativa condiciona el “acompañamiento”, basándose en la emisión de dictámenes médicos o de instituciones de salud pública.

Contrario a la Constitución, a la Convención y a resoluciones 

De aprobarse, el Conapred advierte una contradicción a la Constitución, a la Convención Internacional sobre los Derechos de las Personas con Discapacidad, así como a las resoluciones emitidas por la Primera Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN). 

Al hacer varias observaciones concretas, el organismo sostuvo que la iniciativa confunde y equipara el concepto de “capacidad mental” con el derecho humano a la “capacidad jurídica”, además de que restringe derechos de este sector. 

También cuestionó que el llamado “mecanismo de apoyo”, al señalar que en realidad es un modelo de sustitución de la voluntad, “propio del paradigma médico-rehabilitador de la discapacidad”.

De acuerdo con la legisladora, el Senado escuchará a todas las voces, “como en todos los casos en los que se involucran derechos tan relevantes, a fin de retomar las que resulten jurídicamente viables para enriquecer la propuesta”. Las comisiones a cargo del análisis de la iniciativa en su momento definirán los formatos adecuados para que este diálogo se lleve a cabo.

Actualmente, la iniciativa se encuentra pendiente de dictaminación en comisiones del Senado. Si es aprobada por estas, pasará al pleno para su discusión.