Familias exigen garantizar bienestar de madres buscadoras: "hablar de los impactos es difícil"

Reconocer que las familias que buscan a personas desaparecidas corren riesgos de seguridad y han sido asesinadas por esa labor no es suficiente. Garantizar el bienestar de familiares tiene que ver también con pensar en programas específicos que prevengan todos los impactos que viven en distintos aspectos, como el económico, emocional, y de salud física y mental. 

“Son muchos los riesgos, aunque no se concreten; recibimos muchos impactos en nuestras vidas. Tener un familiar desaparecido te cambia la vida por completo, los planes, la convivencia, miembros de familias que no llegan a comprender por qué siempre estamos buscando, amistades que por miedo ya no nos hablan”.

“Y no se diga la discriminación que podemos llegar a sufrir en el trabajo”, describió Ana Alanís, durante la presentación del Diagnóstico sobre seguridad para colectivos de familias de personas desaparecidas en México, llevado a cabo en Ciudad Juárez.

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Ella, por ejemplo, desistió de tener un trabajo formal porque eso significaría dejar de buscar a su hermano. A eso se suman otros impactos que conlleva ser una buscadora, destacó. Entre ellos, no tener un ingreso económico afecta la calidad de vida, no solo por los gastos que se generan en la vida cotidiana, sino también en la salud física y mental.

Las muertes de madres buscadoras siguen sucediendo, subrayó, porque la autoridad no atiende esas otras problemáticas. En principio, urgió a la atención de la salud mental. “Tenemos que enfrentarnos a toda esta otra parte; hablar de los impactos de ser buscadoras es difícil, pero es necesario”, dijo.

Tanto ella, como otras madres buscadoras de los colectivos Familias Unidas por la Verdad y la Justicia, y Paso del Norte, coincidieron en que se requieren mejores programas de apoyo, con enfoques específicos en los diversos impactos a los familiares. 

“Este proceso ha sido uno de los más difíciles de mi vida. La desaparición de mi hermano me ha dejado un vacío tan grande que no hay un día que no llore y que no sienta ese vacío que me ha dejado por dentro”.

“Me siento incompleta, como si una parte de mí se hubiera ido con él, pero estar en este espacio me da un respiro, saber que no estoy sola”, continuó la hermana buscadora.

María Márquez Favela, madre de Adrián Favela Márquez, desaparecido el 2 de octubre de 2012, destacó que sus casi 13 años de búsqueda han sido un caminar largo y cansado, que implica un agotamiento diario en el que ha vivido experiencias duras, que solo viven quienes tienen a un familiar desaparecido.

“Es lamentable ver qué sucede con las familias que llevan tanto tiempo en la búsqueda, todo esto puede ser prevenido con políticas y acciones puntuales”, afirmó. Las mujeres buscadoras subrayaron que se trata de impactos que pueden prevenirse para que otras familias no sufran la misma angustia, desesperación y tristeza de no saber qué sucedió con su ser querido.

Si bien actualmente existen algunas instancias a las que las familias pueden ser canalizadas para recibir atención médica, reconocen, los impactos que experimentan –de acuerdo con cálculos del diagnóstico– afectan a más de 370 mil personas en todo el país, por lo que se requieren programas específicos y preventivos. 

“Encontrar a todos los desaparecidos es un reto que nos ha llevado a vivir todos esos impactos. Primero es encontrar a nuestros hijos, y luego también que existen retos como la incompetencia de la autoridad, la corrupción, fiscalías bastante limitadas, que dicen que no tienen elementos, hay una serie de faltantes”, reclamó Favela.

El sentir de ellos, especificó, es que dicen que no hay suficientes recursos. Por ello, el principal reto es que las autoridades se organicen para garantizar la seguridad y el bienestar de las familias.

“Hemos sufrido peligros y criminalizaciones, toda clase de estigma y aquí seguimos de pie. Solucionar los retos es responsabilidad de la autoridad”, señaló.

Eso implica no solo continuar con las labores de búsqueda y de seguridad, sino también avanzar en la identificación para enfrentar el tema de la crisis forense, y en pensar no sólo en cómo reaccionar ante las desapariciones, sino cómo prevenirlas. 

Sagrario Hernández, madre de Alfonso Hernández, desaparecido el 22 de abril de 2023, agregó que todas las cuestiones de seguridad que se han vivido en Ciudad Juárez son similares o iguales a las que otras familias han experimentado en otros estados, y que les han atravesado el corazón.

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“Entendemos nuestro sentir y nos acompañamos; viajamos juntas, aprendemos juntas, nos abrazamos. Es urgente que la autoridad haga parte. Este diagnóstico nos brinda recomendaciones para las autoridades, empezando por que se nos reconozca públicamente por todo el trabajo que realizamos”, dijo. 

Entre otras recomendaciones, el documento también señala cesar de manera inmediata la estigmatización, sensibilizar a todo el personal, establecer mecanismos para garantizar la participación adecuada y condiciones de búsqueda.

Además de atender recomendaciones internacionales para familiares desplazados, generar campañas, fortalecer los mecanismos de protección, y asegurar que el Estado cuente con la voluntad necesaria para el cumplimiento de sus obligaciones internacionales. 

Añadió que es importante recordar que todas las personas desaparecidas hacen falta, al igual que la información y sensibilización que deberían tener las autoridades. La situación que viven las madres no ocurre por su gusto, sino porque se requiere, por lo que la petición principal es que el gobierno realice su trabajo. 

“Nosotras seguiremos acompañando estas búsquedas. Si cuentan con información sobre el paradero de nuestros hijos, hagan una denuncia anónima”, pidió al resto de la sociedad. 

Belén Hernández, hermana de Jesús Ernesto Hernández, desaparecido el 18 de abril de este año, y a quien hace unas semanas se le localizó sin vida, relató que esos más de cuatro meses de búsqueda se sintieron eternos. Recordó que la vida siempre se arriesga por buscar a los seres queridos, y requiere capacitarse en temas complejos, en los que son las familias las que apoyan.

Autoridades de la fiscalía y la comisión de víctimas estatal que estuvieron presentes no pudieron detallar qué parte de las recomendaciones podrían atender, pero reconocieron que la amenaza más real para las familias buscadoras es el deterioro de la vida de la familia de las víctimas directas, así como de las víctimas indirectas.

Se trata de una amenaza que llega y concluye con la muerte, que no siempre es provocada por la inseguridad, sino algunas veces por la tristeza, el dolor, la incertidumbre y la marca que queda en la vida de las familias.