Grupos conservadores en Jalisco impulsan <i>blindaje</i> a la “familia”
Víctor López (@VicLopezAvaro) · 25 de agosto de 2011
Ante la aprobación del matrimonio entre personas del mismo sexo en el Distrito Federal, organizaciones civiles agrupadas en el movimiento nacional Mexicanos por la Vida de Todos, ligadas a la Arquidiócesis de Guadalajara, impulsan una iniciativa popular para incluir, en el artículo 259 del Código Civil del Estado, el concepto de “familia”, conformada entre un hombre y una mujer.
Para los activistas Rodrigo Rincón de la agrupación Cohesión de Diversidades para la Sustentabilidad (Codise) y Guadalupe López de Lesbianas de Patlatonalli, que promueven la diversidad sexual, este “blindaje” tiene el propósito de impedir tanto el matrimonio civil de las parejas homosexuales y la posibilidad de que adopten un hijo.
Los dirigentes visibles de la agrupación Mexicanos por la Vida de Todos son: Cecilia Carreón, exlegisladora del Partido Acción Nacional (PAN) y Norma Edith Martínez Guzmán, actual consejera de la Comisión Estatal de los Derechos Humanos de Jalisco (CEDHJ) y Daniel Gallegos Mayorga, representante de la agrupación política estatal Por la Vida, la Esperanza y la Renovación en México.
Esta última agrupación política estatal podrá participar en las elecciones del 2012, en alianza con uno o varios partidos políticos pues ya cuenta –desde el pasado 2 de mayo– con el registro del Instituto Electoral y de Participación Ciudadana (IEPC), la instancia que organiza y vigila la contienda electoral en Jalisco.
La iniciativa polémica
En Jalisco, de acuerdo con Ley de Participación Ciudadana, los grupos ciudadanos podrán presentar una iniciativa popular. Para que prospere, se requiere reunir la firma de al menos el 0.5 % del total de personas inscritas en el padrón electoral del Estado.
El proceso para la iniciativa popular es el siguiente: la propuesta se deberá entregar ante el Instituto Electoral y el consejo general resolverá si procede o no la petición. En caso de que la aprueben, el secretario ejecutivo del Instituto Electoral remitirá la iniciativa popular al Congreso local. El pleno del Congreso turnará el texto a las comisiones de Puntos Constitucionales y de Desarrollo Humano, para que dictamine su procedencia. Finalmente, el pleno del Congreso local tendrá la última palabra de aprobarla o rechazarla.
El 14 de diciembre de 2010, Cecilia Carreón y Daniel Gallegos Mayorga, presentaron ante el IEPC la iniciativa popular para reformar el articulo 259 del Código Civil de Jalisco, con el fin de definir que la “institución familiar” está conformada solo por un hombre y una mujer.
La exlegisladora Carreón la presentó con el aval de 136 mil personas.
El 6 de junio pasado, el pleno del Consejo General del Instituto Electoral resolvió que cumplía con los requisitos formales y lo remitió al Congreso local.
En el texto de la iniciativa se asienta: “La familia es la unidad doméstica básica originada del vínculo afectivo entre un hombre, una mujer y sus hijos, que se caracteriza por la relación íntima, duradera, solidaria y subsidiaria, basada en el amor y la responsabilidad de sus miembros, quienes comparten usos, costumbres y valores”.
Y remata: “Debe buscar el afecto, fidelidad y apoyo recíproco”.
A lo largo de la iniciativa, se menciona de manera constante que la familia “es el grupo humano natural e irreductible que se forma por la unión de la pareja hombre-mujer y sus hijos”.
La iniciativa fue analizada por las comisiones de Desarrollo Humano y Puntos Constitucionales del Congreso de Jalisco y determinaron –el 9 de agosto–, que ésta excluía y fomentaba la discriminación a las minorías sexuales.
En el proyecto de dictamen –que deberá aprobar o rechazar el pleno del Congreso local la próxima semana–, se afirma que la iniciativa de “blindar” a la familia, “limita el derecho de todo ciudadano de adoptar libremente la familia que elija”.
Y además contradice la decisión de la Suprema Corte de Justicia de la Nación asentada en la Acción de Inconstitucionalidad 02/2010, en la cual reconoce que el derecho a conformar una familia no pertenece solamente a las personas heterosexuales y concluyó que todo individuo tiene el derecho de decidir de manera libre el modelo de familia que adopte.
La iniciativa que sí prosperó
Ante el inminente rechazo del pleno del Congreso local, Norma Edith Martínez Guzmán les solicitó a los legisladores que reconsideren su postura. En caso contrario, amenazó con movilizar a las 210 asociaciones educativas, civiles y religiosas que conforman Mexicanos por la Vida de Todos.
Como consejera ciudadana de la CEDHJ, Norma Edith Martínez Guzmán se ha caracterizado en rechazar públicamente las uniones conyugales entre personas del mismo sexo.
Al lado de Daniel Gallegos y Cecilia Carreón, logró el 26 de marzo de 2009, la aprobación de la llamada Ley Antiaborto en el Congreso local. Aquella ocasión se reformó el artículo 228 del Código Penal de Jalisco para impedir que las mujeres interrumpan su embarazo. Ahora, la sanción por abortar será desde 4 meses a un año de prisión con la posibilidad de duplicarse la pena. Este grupo conservador –con una iniciativa popular—logró que los legisladores reformaran el artículo cuarto de la Constitución local para “garantizar” el derecho a la vida desde la fecundación hasta la muerte “natural”.
Aquí puedes ver la iniciativa completa
De acuerdo con la asociación civil Fundación Vida y Valores, con sede en Guadalajara, ya suman 19 estados los que endurecieron las penas por abortar. Para esta organización católica, estas entidades “dijeron sí a la vida”.
Martínez Guzmán defiende esta legislación, pues según ella, “garantiza” el derecho a la vida desde la concepción hasta la muerte natural. Ella también fue la principal impulsora de la marcha “a favor de la familia”, que se llevó a cabo el 14 de mayo.
La marcha convocó a más de 5 mil personas en Guadalajara. Martínez Guzmán dijo aquella ocasión que pretendía reunir más de 60 mil firmas para entregárselas a los legisladores locales con el propósito de revertir la legislación que permite la interrupción del embarazo en la Ciudad de México. Además, pedían que los diputados federales no aprobaran la reforma constitucional sobre los derechos humanos. Esta manifestación lo cubrió con detalles El Semanario, el órgano de difusión del Arzobispado de Guadalajara.
A mediados de mayo más de 140 activistas presentaron sus quejas ante la CEDHJ y pidieron la destitución de la consejera ciudadana. La petición no prosperó.