“Grabamos en una audiencia pública”: Responden realizadores de <i>Presunto Culpable</i>

Los realizadores del documental Presunto Culpable informaron que desde el viernes 16 de marzo impugnaron, ante un Tribunal Colegiado, la decisión que el 29 de febrero tomó la Juez Blanca Lobo al ordenar que se deje de distribuir y comercializar en DVD la película,  mientras aguardan por un pronunciamiento de la Dirección General de Radio Televisión y Cinematografía (RTC) de la Secretaría de Gobernación (SEGOB).

La decisión de la juez se dio luego de un juicio promovido por Víctor Daniel Reyes, quien a través de una demanda dijo que él nunca autorizó a los realizadores para que su imagen fuera utilizada en el filme. Reyes era el testigo que en la película acusaba a Antonio Zuñiga, protagonista del documental, de ser uno de los presuntos autores materiales del asesinato de su primo, lo que finalmente  nunca se comprobó.

“Nosotros no fuimos a la casa del testigo a captarlo en su vida privada, lo grabamos en una audiencia pública. Que esto le afecte en su vida privada no es lo mismo que el documental haya invadido su vida privada”, comenta Layda Negrete, abogada y productora del filme, quien reconoce que éste es uno de los argumentos legales en los que  basan la impugnación.

Entrevistada  telefónicamente por Animal Político, explica que las leyes en México avalan la realización de audiencias públicas en los tribunales, de ahí que para los realizadores -entre ellos su esposo Roberto Hernández-, sea fundamental defender ese derecho.  

Asegura, además, que la juez Lobo no tiene atribuciones para pedirle a la RTC que analice los contenidos de las películas con base en argumentos como el atentar la vida privada, la intimidad o las emociones de los participantes de un filme, pues  con esa decisión trata de imponer  “un sistema de previa censura”.

“No puede haber un órgano gubernamental que bajo algunos criterios pueda retrasar o negar la exhibición de algún contenido…Lo que ocurriría es que el día que exista cualquier película que le incomode al gobierno federal y RTC siendo dependiente del gobierno, -el filme- podría estar en problemas”, señala Negrete, quien agrega que los representantes de RTC, según la información que ha recabado, también impugnaron la decisión de la juez Lobo, sin embargo, dice desconocer en qué términos lo hicieron.

Roberto Hernández, director del filme, platica por su parte que con la decisión de la juez Lobo se trata de distraer a la opinión pública sobre el tema principal de la película, que es que en México tenemos procesos judiciales a los que califica como “basura”, por la facilidad de manipular evidencias y meter a la cárcel a gente inocente. “Lo que tendríamos que estar discutiendo es cómo le hacemos para tener una investigación que sea confiable y un poder judicial que realmente fiscalice las pruebas. Pero nos tienen distraídos con un litigio insulso sobre privacía de una persona que esta filmada en un juicio de homicidio. Es decir que no tiene ninguna expectativa de privacía en un contexto como ese”.

DVS´s a “cuarentena”

Fernando Cañibe, director comercial de Videomax, empresa encargada de comercializar la película  Presunto Culpable, reconoce que desde el mes de noviembre de 2011 la RTC les notificó que el documental ya no tenía registro y por lo tanto no lo podían utilizarlo. Explica, sin embargo, que estaban esperando la resolución de la juez Lobo para saber si debían retirarlo o dejarlo en el mercado.

“Ahora que nos llegó el aviso de la juez donde autorizan la suspensión –el amparo-, decidimos retirarlo”, expone Cañibe, quien aún cuando sabe que en su decisión la juez no habla de tiempos para retirar del mercado los 20 mil DVD´s que se siguen comercializando, platica que varios de sus clientes -entre ellos Walmart, Mixup y Sanborn´s-, al enterarse de la noticia se comunicaron con la empresa para informarles que dejarían de vender la película para no enfrentarse a embrollos legales.

Cañibe adelanta que Videomax no realizará ninguna acción legal contra la decisión de la juez, pues esa parte la están trabajando los realizadores del filme.  Por lo pronto, dice, en un lapso de dos a tres semanas, “las películas serán puestas en cuarentena” en su almacenes, pero estarán a la espera de una resolución favorable que les permita regresarla al mercado.