Advierten que Francisco Garduño busca librar proceso penal por incendio en estación migratoria
Redacción Animal Político · 7 de agosto de 2024
Colectivos y organizaciones de la sociedad civil solicitan que en la próxima audiencia de Francisco Garduño Yáñez, comisionado del Instituto Nacional de Migración (INM), el juez le niegue una “solución alterna” que le permita liberarse del proceso penal que enfrenta por su responsabilidad en el incendio en la estación migratoria de Ciudad Juárez, Chihuahua −ocurrido el 27 de marzo de 2023− donde murieron 40 personas.
A través de un comunicado, las organizaciones alertaron que de lograr “una solución alterna” en la próxima audiencia del 12 de agosto, ésta tendría efectos absolutorios, es decir, ya no se le investigaría más ni se le sancionaría, incluso si después de concluidas las investigaciones se determinara una responsabilidad mayor en la tragedia.
La “solución alterna” a la que se refieren tiene que ver con la Suspensión Condicional del Procedimiento establecida en el Código Nacional de Procedimientos Penales, una vía legal que tiene como objetivo detener el proceso penal en contra del acusado y extinguir la acción penal.
Y es que a Francisco Garduño no se le investiga por homicidio ni lesiones, sino por ejercicio ilícito del servicio público, “por lo que la clasificación del delito para él es más benéfica, cuando su responsabilidad debería ser mayor a la de todos los imputados en el caso”.
Por ello, las organizaciones acompañantes de las víctimas del incendio consideran que al no estar concluidas las investigaciones aún no queda claro hasta dónde llegó su responsabilidad en los hechos.
A 16 meses del incendio en la estación migratoria, 11 personas de mandos medios y bajos, incluidos dos migrantes, continúan en detención acusados de homicidio y lesiones. Sin embargo, Antonio Molina, excoordinador de Control y Verificación Migratoria, se encuentra prófugo, y Francisco Garduño lleva su proceso en libertad y sigue en funciones.
“Las organizaciones que hemos asumido la representación jurídica de sobrevivientes y familias de personas fallecidas hemos llamado a las diferentes autoridades a no permitir la impunidad de la que goza Francisco Garduño y el INM ante las graves violaciones a derechos que han redundado en muertes al interior de las estaciones migratorias, incluso posterior al incendio en la estancia migratoria de Ciudad Juárez. La FGR debe terminar el proceso de investigación que culmine en un juicio justo para las víctimas”, señalaron.
¿De qué se le acusa a Francisco Garduño?
El 30 de abril de 2023, un juez vinculó a proceso a Francisco Garduño por el delito de ejercicio indebido del servicio público; sin embargo, podrá permanecer en libertad y podrá seguir al frente del INM.
En septiembre promovió la primera “solución alterna”, en la que se comprometía a pagar la diferencia del valor de los daños materiales del inmueble establecidos entre el perito de la Fiscalía General de la República (FGR) y la empresa aseguradora a cambio de detener la investigación en su contra, sin tomar en cuenta la reparación del daño a las y los sobrevivientes y las familias de los migrantes fallecidos.
Ahora, por segunda ocasión, vuelve a solicitar audiencia para discutir que se le pueda otorgar una suspensión condicional −aún cuando existe una suspensión definitiva de todos los procesos penales del caso otorgada por un Juzgado de Distrito −y sin la presentación de un plan de reparación del daño a favor de las familias de los 40 migrantes fallecidos y los 27 sobrevivientes.
Durante su gestión frente al INM se han registrado 14 incendios en estaciones migratorias y la permanente criminalización a las personas migrantes, así como la violación a sus derechos.
Otras violaciones sistemáticas a derechos en estancias migratorias bajo la gestión de Garduño, documentadas por organizaciones y comisiones, son las condiciones inadecuadas de servicio médico o la carencia de este; la falta de control en el manejo, distribución, asignación y consumo de medicamentos; la ausencia de capacitación en materia de derechos y prevención de la tortura, la carencia de supervisión y las instalaciones insuficientes para personas que viven con alguna discapacidad.
A esto se añade la narrativa que se mantiene desde el INM y otras instancias gubernamentales de estigmatizar y criminalizar la movilidad humana.