Detienen a presunto responsable del doble feminicidio de Alejandra Rivas y su hija en Colima
Redacción Animal Político · 14 de noviembre de 2024
La Fiscalía General del Estado de Colima informó que logró detener a Mariano “N”, presunto responsable del doble feminicidio de Alejandra Rivas Gómez y su hija de un año, María José Rivas Gómez, quienes fueron localizadas sin vida el pasado 9 de noviembre.
Según indicó en un comunicado, la Fiscalía Especializada en la Investigación del Delito de Feminicidio solicitó una orden de aprehensión en contra del señalado tras haber obtenido evidencias que permitieron comprobar su probable responsabilidad en los hechos.
Tras su detención, Mariano “N” fue puesto a disposición del juez de control que llevará el proceso penal en su contra.
Los familiares de Alejandra y su hija supieron de ellas por última vez el 1 de noviembre, cuando partieron de Tlajomulco, Jalisco, hacia Colima con la intención de visitar a Mariano “N”, supuesto padre de la menor.
La fiscalía estatal emitió alerta Alba por su desaparición el 6 de noviembre, sin embargo, sus cuerpos fueron hallados tres días después en un predio del municipio de Cuauhtémoc.
Las autoridades informaron en ese momento que a partir del análisis de videos, geolocalizaciones, entrevistas y otros indicios habían logrado identificar a Mariano “N” como el presunto autor del crimen.
Los restos de ambas ya fueron identificados y entregados a sus familiares.
La Fiscalía de Colima señaló que continúa trabajando para reunir pruebas que permitan fortalecer las carpetas de investigación para que estos delitos puedan ser castigados.
Asimismo, insistió en que primero ha informado del caso a los familiares y luego a la opinión pública para evitar afectaciones en la investigación o en el debido proceso.
De enero a septiembre de este año se han abierto 624 carpetas por feminicidio a nivel nacional, según cifras del Secretariado Ejecutivo del Sistema Nacional de Seguridad Pública. Del total, cinco corresponden a Colima.
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México, el país de los feminicidios disfrazados
De cada 100 hechos delictivos denunciados en México sólo 11 son investigados hasta lograr la captura y enjuiciamiento de los presuntos responsables, tal como revelan los registros oficiales sobre justicia penal divulgados por las autoridades del país.
Sin embargo, hablando específicamente de los feminicidios –es decir, de los asesinatos en los que el género femenino de la víctima fue una condición determinante para su comisión– el promedio de éxito en la persecución judicial se cuadriplica, ya que, según la autoridad, los presuntos responsables fueron llevados ante tribunales en 46 de cada 100 crímenes.
Por esa razón, las autoridades mexicanas aseguran que el feminicidio es uno de los delitos que se persigue con mayor eficacia a nivel nacional, en especial si se le compara con otros ilícitos que atentan contra la vida y la integridad corporal, como el homicidio doloso y las lesiones dolosas.
No obstante, tal como también revelan los registros oficiales en materia penal, estos logros en la persecución del feminicidio no son enteramente producto de un mejor funcionamiento del sistema de justicia, sino que, en buena medida, son resultado de la manipulación de expedientes, que permite a las autoridades reducir de un plumazo las estadísticas sobre violencia contra las mujeres.
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Gracias a esta manipulación, entre los años 2015 y 2021 –único periodo sobre el que se reporta el proceso penal completo, desde la comisión del delito hasta la sentencia– al menos uno de cada cinco feminicidios no fueron reconocidos por las autoridades ministeriales, sino que fueron registrados bajo una categoría delictiva distinta o, incluso, como muertes accidentales.
Además, los registros sobre los juicios penales realizados en el país (que son recabados por la Comisión Nacional de Tribunales Superiores de Justicia), revelan que las pocas personas a las que se halla culpables de feminicidio en México son las que más fácilmente evitan la prisión, a pesar de haberse establecido su responsabilidad mediante una sentencia condenatoria, debido a las deficiencias con las que operan los organismos responsables de investigar y probar estos crímenes, así como por la discrecionalidad con la que los jueces encargados de estos casos otorgan beneficios a los agresores para eludir la sanción.