Familias buscan a cubanos desaparecidos en Chiapas

El 10 de mayo de 2026, la cubana Alicia Santos no celebró el Día de las Madres ni dejó que sus hijos la felicitaran. En su lugar, estaba en México realizando la misma ruta que recorrió uno de sus cuatro hijos, Alejandro Lozada Santos.

Alejandro desapareció en el municipio de Mazatán, Chiapas, el 21 de diciembre de 2024, luego de abordar una lancha en la comunidad costera de San José el Hueyate junto con otras veinte personas migrantes, para dirigirse a Juchitán, Oaxaca. Su destino era Estados Unidos, pero nadie ha vuelto a saber de ellos.

Aunque Alicia no estaba de acuerdo con el viaje, Alejandro —su hijo menor— salió de Cuba con el objetivo de encontrarse con su pareja en Estados Unidos. Debido al endurecimiento de políticas migratorias hacia la migración cubana, optó por iniciar el camino a través de México. Alejandro no conocía las dificultades y riesgos del trayecto, dijo Alicia.

Al cumplirse un año y cinco meses de la desaparición, y ante la falta de respuestas por parte de las autoridades mexicanas, Alicia, junto con otras siete familias, emprendieron la búsqueda por su cuenta en la zona en donde sus familiares se comunicaron por última vez.

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“Para una madre de Latinoamérica que tiene un hijo desaparecido en México que no se detiene, nada ni nadie la puede detener. Una madre cruza fronteras, una madre camina por encima del agua, una madre llega como sea hasta donde está su hijo”, manifestó Alicia.

Entre las personas migrantes desaparecidas junto con Alejandro, en diciembre de 2024, están los cubanos Meiling Álvarez, su hijo Samei de 14 años, Dairanis Tan, Elianis Morejón y Lorena Rozabal, quienes viajaban con el hondureño Ricardo Hernández y el ecuatoriano José Quindil.

Bajo un calor que superaba los 30 grados centígrados, madres, padres y hermanos atravesaron la playa de San José El Hueyate, Chiapas, con la esperanza de encontrar pistas que les ayudaran a dar con el paradero de sus seres queridos.

Entre el dolor y el cansancio, las familias iniciaron la búsqueda en este corredor marítimo gracias al apoyo de la Red Regional de Familias Migrantes, un colectivo transnacional que brinda acompañamiento legal, apoyo civil y visibilización a la crisis de las personas migrantes desaparecidas, borradas por el crimen organizado en México.

La red fue fundada por la hondureña Ana Enamorado, quien sufrió la desaparición de Oscar, su único hijo, en territorio mexicano en enero de 2010. Esto la llevó a tejer alianzas comunitarias para unir a familias de Centroamérica y el Caribe que buscaban a personas desaparecidas en rutas migratorias.

“Si no llegamos aquí a través de la Red Regional de Familias Migrantes, nuestros hijos siguen siendo un expediente muerto en una de las tantas oficinas de la secretaría de esta nación”, compartió Alicia Santos durante su intervención en la conferencia Círculo de escucha para disidencias y víctimas de las distintas violencias, ofrecida en el Colegio de San Ildefonso el pasado 12 de mayo.

Santos contó que la Red los apoyó para facilitar su viaje desde Cuba y garantizarles una estancia segura. De esta forma, pudieron realizar tanto la búsqueda como la denuncia pública.

“Gracias a la Red que en poco tiempo logró, como decirle, lo que nadie había logrado, sentarnos en una mesa de negociaciones con las autoridades, con la Comisión de Búsqueda Nacional y Estatal de Chiapas”, dijo.

La mayor crisis de desapariciones en el continente

El pasado 11 de mayo, la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) presentó el informe “Desaparición de personas en México”, que señala que nuestro país atraviesa una crisis de derechos humanos cada vez más apremiante por la baja emisión de sentencias y la casi nula judicialización de casos de desaparición.

En conferencia de prensa, la comisionada Andrea Pochak apuntó que la CIDH no conoce “otro país de América con una crisis de desapariciones de esta magnitud”. Estamos hablando de una situación masiva, generalizada y que afecta a prácticamente todo el territorio mexicano”.

Unas semanas antes, el 17 de abril, el Comité de las Naciones Unidas contra la Desaparición Forzada (CED) informó que solicitaría remitir a la Asamblea General de las Naciones Unidas “la situación de las desapariciones forzadas en México”, y añadió que la información que ha recibido “parece contener indicios fundados de que en México se han cometido y se siguen cometiendo desapariciones forzadas como crímenes de lesa humanidad”.

El gobierno mexicano rechazó esta decisión, mediante un comunicado de prensa, al considerar que el CED “omitía los esfuerzos institucionales” del Estado mexicano.

En marzo pasado, el gobierno federal reconoció 132,534 personas desaparecidas en México, de las cuales apuntó que 130,178 desaparecieron entre 2006 y 2026.

De estos 130,178 registros, 46,742 corresponden a casos sin datos mínimos de identidad, lo que “impide prácticamente la búsqueda”, según las autoridades. De otras 43,128 personas, reportaron que no se han encontrado actividades tras el registro de la desaparición; mientras que de 40,308, las autoridades señalaron que han encontrado trámites o actividades —como cambios de domicilio o celebración de matrimonios— posteriores a la fecha de desaparición.

Especialistas y colectivas de familias de personas desaparecidas han rechazado esta clasificación. En un comunicado, el Contingente contra las Desapariciones de personas LGBTTTIQ+, el Movimiento por Nuestros Desaparecidos en México y la Unión y Red Nacional de Búsqueda solicitaron “transparencia y el acceso pleno a la información del Registro Nacional de Personas Desaparecidas y no localizadas así como a “todos los procesos relacionados a la búsqueda, investigación e identificación” de las personas desaparecidas.

Igualmente, pidieron garantizar que toda persona sea buscada con debida diligencia, independientemente de su estatus administrativo o penal.

Ahora que el mundo ve a México, vean el dolor

Durante el conversatorio convocado por el Círculo de escucha para disidencias y víctimas de las distintas violencias en el Colegio de San Ildefonso, madres, padres y hermanos buscadores de México, Cuba, Ecuador y Colombia coincidieron en señalar que durante las jornadas de búsqueda no encontraron respuestas claras.

Óscar Enrique Hernández Barahona, hermano del hondureño Ricardo Antonio Hernandez Barahona, platicó que durante 12 días que estuvieron en la zona, lograron marcar el rastro de sus familiares desaparecidos, mientras que las autoridades mexicanas no lo hicieron.

“Estando frente a esas autoridades, vemos que no les interesa y que nunca van a hacer nada por encontrar a nuestros familiares, si no les presionamos. Somos nosotras las familias las que empujamos todo lo necesario para encontrar a nuestros familiares”, añadió Ana Enamorado.

La travesía comenzó por Tonalá hacia Tapachula, donde colocaron fichas de búsqueda y recorrieron calles, mercados, centros de detención, refugios de migrantes, iglesias y centros deportivos.

“Llegar a ese lugar nos marcó, sentíamos desesperación, sentíamos el corazón que nos aceleraba, queríamos encontrar a alguien que nos dijera: ‘¡Sí, nosotros vimos a ese grupo! ¡Sí, nosotros supimos de ellos!’. Cualquier cosa que nos dijeran era la motivación que nos llevaba a nosotros a ese lugar”, compartió Hérnández Barahona.

Las familias buscadoras que viajaron a Chiapas coincidieron en que lo primero que encontraron fue el miedo de los habitantes. “He encontrado gente maravillosa, como he encontrado mucha gente terrible. Gente que me ha dicho: No puedo hablar. El miedo en la cara de muchas madres, padres mexicanos”, destacó Alicia. Uno de los obstáculos más difíciles de afrontar, dijeron, es la normalización de la violencia y la indiferencia frente a las desapariciones, una realidad que, aseguran, invisibiliza el sufrimiento de miles de personas buscadoras.

Solo el primer paso 

Las madres buscadoras presentes coincidieron en que, además de enfrentar la desaparición de sus hijos, han sido señaladas y responsabilizadas por “no haberlos cuidado” y por “no haber comenzado la búsqueda antes”.

Pese a los prejuicios, Alicia Santos manifestó que la búsqueda de su hijo no se detendrá, y que es motivada “desde el fundamento del amor de una madre hacia un hijo y de un hijo hacia su esposa que hoy está desaparecido en las tierras de México”.

Hernández Barahona compartió que espera que quienes conozcan los casos “se pongan la mano en el corazón, que sepan de que hay una familia sufriendo, hay miles de familias sufriendo y que nosotros no queremos venganza. Nosotros no queremos tomar la justicia por nuestras manos”.

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Este trabajo fue realizado sin fines de lucro para la Unidad de Investigaciones Periodísticas (UIP) de la Coordinación de Difusión Cultural UNAM, y publicado originalmente en la plataforma Corriente Alterna. Queda prohibida su reproducción total o parcial sin autorización previa de la UIP. La publicación original se puede consultar en corrientealterna.unam.mx