Familiares y colectivos de búsqueda respaldan apertura de procedimiento de ONU sobre desapariciones

Cientos de familiares y colectivos que buscan a personas desaparecidas, así como organizaciones y personas solidarias compartieron una carta en la que expresaron su respaldo a la apertura del procedimiento por desapariciones forzadas en México que abre la posibilidad para que el tema escale a la Asamblea General de las Naciones Unidas. 

“Respaldamos de manera contundente al Comité contra las Desapariciones Forzadas (CED, por sus siglas en inglés) de la Organización de las Naciones Unidas (ONU), el cual a través de su presidente, el Dr. Olivier de Frouville, anunció la apertura del procedimiento previsto en el artículo 34 de la Convención Internacional para la Protección de Todas las Personas contra las Desapariciones Forzadas”, señalaron. 

La carta está firmada por 364 familiares, 158 colectivos de búsqueda, 108 organizaciones y 272 personas solidarias. 

Dicho procedimiento establece que “si el Comité recibe información que, a su juicio, contiene indicios bien fundados de la que la desaparición forzada se practica de forma generalizada o sistemática en el territorio bajo la jurisdicción de un Estado parte, y tras haberle solicitado toda la información pertinente sobre esta situación, podrá llevar la cuestión, con carácter urgente, a la consideración de la Asamblea General de las Naciones Unidas, por medio del Secretario General”.

Al respecto, los familiares, colectivos y organizaciones afirmaron que el acompañamiento de la ONU se ha vuelto indispensable en la crisis de desapariciones que enfrenta México y que desde el 2015 han solicitado la aplicación de este procedimiento. 

“Durante más de 14 años, las familias, tanto de forma individual como agrupadas en colectividades y acompañadas por organizaciones de la sociedad civil, hemos proporcionado al CED información sobre la crisis de desapariciones en México, así como sobre las deficiencias y fragmentación de las medidas implementadas por las últimas cuatro administraciones federales —encabezadas por tres partidos distintos— en prevención, búsqueda de personas, identificación forense, procuración e impartición de justicia”, detallaron. 

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El pasado 4 de abril, el Comité contra las Desapariciones Forzadas de la ONU dio a conocer que aplicaría esta disposición y pidió además la implementación de medidas cautelares en el rancho Izaguirre, donde a inicios de marzo el colectivo Guerreros Buscadores de Jalisco encontró cientos de prendas, mochilas, presuntos hornos crematorios clandestinos y restos óseos calcinados. 

El gobierno mexicano se ha dicho dispuesto a entregar la información que requiera el Comité, pero ha rechazado las declaraciones del mismo en torno a una supuesta práctica de desaparición forzada cometida por el Estado.

Ayer, el Senado de la República emitió un pronunciamiento para exigir a la ONU que sancione al presidente del Comité, Olivier de Frouville, por sus declaraciones acerca de que las desapariciones forzadas en México se practican de forma “generalizada y sistemática”, lo que apunta a la responsabilidad del Estado e incluso a una presunta complicidad. 

El presidente de la Mesa Directiva, Gerardo Fernández Noroña, calificó estas declaraciones como “irresponsables y temerarias” y aseguró que carecen de sustento. “El Estado mexicano en su actual momento no realiza esa práctica infame”, insistió.

Familiares y colectivos rechazan pronunciamiento del Senado

En la carta dirigida a la opinión pública, los familiares y colectivos rechazaron el pronunciamiento del Senado al señalar que representa una “negación oficial del contexto de violencia que viven cientos de miles de familias en el país”. 

“La obligación de investigar, buscar y sancionar estos delitos, así como esclarecer los hechos y determinar las responsabilidades penales de funcionarios públicos e integrantes del crimen organizado que han cometido este abominable delito, corresponde únicamente al Estado, y no a las familias. La aquiescencia también es una forma de desaparición”, sostuvieron. 

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Asimismo, señalaron que sólo con cooperación internacional y escrutinio independiente se podrá encontrar una solución a esta problemática, por lo que esperan que el Estado mexicano rectifique su postura y compromiso con estas acciones. 

“Negar a las familias el derecho de contar con mecanismos internacionales y hacerlo además en un contexto donde el país ha sido nuevamente confrontado con el horror, evidenciado por el hallazgo del Rancho Izaguirre en Jalisco, no contribuye a generar un clima de confianza, ni demuestra una verdadera apertura a soluciones, como se ha anunciado desde la Presidencia. Lo que necesitamos no son negaciones ni discursos evasivos, sino cooperación internacional, verdad y justicia”.