Alberto Pradilla · 9 de octubre de 2019
Un informe elaborado por la organización Médicos por los Derechos Humanos (PHR, en sus siglas en inglés), pone de manifiesto el estrés posttraumático y la depresión que sufren los solicitantes de asilo en Estados Unidos que esperan en el norte de México. Para elaborar el estudio, los expertos de la organización entrevistaron a 18 demandantes de protección de Honduras, El Salvador, Nicaragua y México. En casi todos los casos detectaron problemas de salud mental derivados de los peligros abordados en sus países de origen, el tránsito y la espera, en condiciones precarias, en nuestro país.
Los casos muestran la diversidad de razones que mueven a miles de personas a dejar su casa y tratar de alcanzar Estados Unidos: extorsión; presiones de las pandillas como el Barrio 18 o Mara Salvatrucha (MS-13) para sumarse a sus filas; abuso sexual; discriminación por género o ataques de grupos delincuenciales.
Tres de los solicitantes evaluados habían sufrido violencia perpetrada por actores estatales, mientras que el resto fue blanco de actores no estatales. Esto suele dificultar el acceso al asilo, ya que los casos de ataque de pandillas o la violencia de género es tomada en cuenta por jueces norteamericanos.
El informe de PHR indica que hay violencias que atacan a sectores específicos de la población. Por ejemplo, señala que todos los hombres jóvenes entrevistados indicaron que las pandillas les habían instado a entrar en su estructura. Quien se niega puede ser incluso asesinado. En el caso de las mujeres, la práctica es convertirles en víctima de violencia sexual tanto para obligarles a entrar en la pandilla como “novia” de uno de sus miembros, o como castigo si su pareja no quiere participar en la estructura.
La población LGTBI sufre sus propias problemáticas, con “amenazas, arrestos arbitrarios, asesinatos y otros actos de violencia por parte de actores estatales y no estatales”.
Este informe busca desmontar afirmaciones como las formuladas por el presidente estadounidense, Donald Trump, quien puso en cuestión las verdaderas motivaciones de los solicitantes de asilo e insinuó que se trataban de estrategias para poder migrar.

En este sentido, “PHR descubrió además que las políticas estadounidenses han dejado a los solicitantes de asilo varados en Tijuana, donde son vulnerables a la violencia, el robo y la extorsión por parte de cárteles, pandillas y autoridades policiales”, detalla el informe.
“Las actuales políticas de asilo estadounidenses que restringen el derecho de los solicitantes de asilo a ingresar a los Estados Unidos infligen un trauma más profundo en ellos con cada día que se ven obligados a esperar. Muchos de los entrevistados por PHR informaron sentirse bajo amenaza inminente durante su viaje a la frontera”, señala.
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12 de los 15 adultos entrevistados dieron positivo por trastorno de estrés postraumático (TEPT). Muchos de ellos también dieron positivo en depresión e hipervigilancia y ansiedad.
“Los hallazgos de PHR proporcionan un argumento convincente para que el gobierno de los Estados Unidos permita que las personas soliciten asilo de manera rápida y justa y demuestren cómo las políticas restrictivas pueden agravar el estrés y los daños que sufre este grupo de personas ya traumatizado”, dice el informe, que exige al gobierno de Donald Trump que “deje de obstaculizar de inmediato el derecho internacionalmente reconocido de solicitar asilo”.
Adriana, de 18 años, escapó de la violencia machista de El Salvador. Se emparejó con un pandillero que le amenazaba con matarle si le abandonaba. Se encargaba de las labores del hogar de su conviviente. Quedó embarazada y apenas tenía para comer. La menor de edad relata que ni siquiera le permitía dejar la casa después de que un día salió a comer con su abuela.
Tras una discusión en la que ella le reclamó por no tener qué comer, el pandillero le golpeó en el estómago hasta que le hizo perder a los gemelos que esperaba después de permanecer 20 días en el hospital. Por eso huyó junto a su madre.
En su análisis clínico muestra dificultad para dormir y una alta facilidad para sobresaltarse. Ella dice sentirse “irritable, estresada y fácil de enojar”. Tiene pesadillas con lo que vivió. “Al igual que muchos sobrevivientes de abuso doméstico, se siente culpable y avergonzada. Además, se pregunta si hizo lo suficiente para detener lo que ocurrió o es su culpa”, explica el informe.
David tiene 35 años y es hondureño. Actualmente espera su trámite en Tijuana, Baja California. Sin embargo, lleva tiempo en México. Años atrás, alguien quiso reclutarlo para una pandilla. Su padre, que participó en una de estas estructuras, le ayudó a salir del país y le envió al sur de México con su madre. La oferta de la mara (el informe no especifica cuál de ellas) era claro: o se integraba en sus filas o debía abandonar la ciudad.
En el sur de México encontró que también había problemas con la violencia. En concreto, fuerzas paramilitares que participan en acaparamientos de tierra y desplazamientos, según cita el informe. Uno de estos grupos mató a vecinos de David y a él le amenazaron para que se marchara, porque fue testigo de los hechos.

Un mes después, estos mismos hombres regresaron: tenía cinco días para marcharse. Como un primo había sido recientemente asesinado en Honduras, regresar no era una opción. Así que David y su madre viajaron a Tijuana para pedir asilo en Estados Unidos.
“No tiene signos físicos de malos tratos. Dio positivo tanto para el trastorno de estrés postraumático como para la depresión mayor. David informa de estrés, ansiedad y problemas para dormir casi todos los días”, dice el análisis clínico, que señala que su preocupación es que sus perseguidores lo encuentren. Preguntado sobre si se siente seguro en Tijuana respondió que “las cosas son iguales aquí, peligrosas”.
Hortensia, de 35 años, trabajaba en un mercado de México en el que se veía obligada a pagar extorsión. Relata haber presenciado varios asesinatos por no pagar. Un día, hombres armados entraron en su comercio y se llevaron a su padre. Dos días después, recibió un video en el que se le ve con ocho disparos en el cuerpo. Tres días después de enterrar al padre, toda la familia salió hacia Tijuana.
Según el estudio, Hortensia sufre depresión y estrés postraumático. El análisis refiere también un episodio, relatado por ella misma, que duró ocho días y en los que lloró “incontrolablemente y no pudo comer”.
Asegura tener recuerdos retrospectivos de su padre y “síntomas de shock agudos como desmayos”. Tras dos semanas en Tijuana, la mujer dice sentirse segura en el refugio, pero no en la calle.
Jimena huyó de Honduras después de que integrantes de una pandilla la violaron como castigo porque su pareja no quiso integrarse en la estructura. Durante cinco meses, ambos, junto a su hijo de 2 años, realizaron el trayecto hasta Tijuana. En su entrevista, Jimena explicó que su padre la violaba cuando era niña.
“Muestra signos de depresión severa”, consideran los expertos de PHR. En su informe, señalan que ella dice que “a menudo tiene que obligarse a comer y tiene problemas para concentrarse”. Además, refiere no dormir mucho, muestra signos de hipervigilancia y evita situaciones que puedan recordarle a la violación. Incluso señala que intentó suicidarse.
Ahora que está en Tijuana, asegura que su prioridad son sus hijos.