Redacción Animal Político · 28 de mayo de 2018

Más de 16 millones de mexicanos carecen de algún tipo de protección financiera en salud y a consecuencia de esto se ven forzados a cubrir los gastos de atención y tratamientos médicos.
El gasto que este sector poblacional invierte en enfermedades crónicas como diabetes, hipertensión y dislipidemia, provoca que México sea el segundo país de la OCDE con el mayor porcentaje de gasto de bolsillo en salud y a su vez deriva en que millones de familias caigan en situación de pobreza, según el informe “Pequeños pasos para transformar al sistema de salud” realizado por el Instituto Mexicano para la Competitividad (IMCO).
El gasto de bolsillo se refiere al gasto directo de las familias para solventar requerimientos de la atención de la salud (no incluye seguros médicos privados).
De acuerdo con el IMCO, el gasto de bolsillo de los mexicanos es uno de los más altos en el mundo, mientras que el presupuesto de la Secretaría de Salud ha decrecido más del 20% en términos reales durante el sexenio.
Incluso calculan que si una familia mexicana promedio tuviera que pagar el total del tratamiento para una persona diabética, tendría que endeudarse y/o vender su patrimonio.
“En el escenario más conservador, los hogares afectados por una enfermedad crónica podrían tener un gasto de bolsillo del 20%. En este caso, las pérdidas de ingreso podrían alcanzar el 1% del PIB”, destacan.
El IMCO calcula que “el ingreso perdido por los hogares afectados por enfermedades crónicas, proyectado a 2030, equivale a 7.3 veces el presupuesto de la UNAM”.
El caso más preocupante es el de la diabetes. En 2016 esta enfermedad fue diagnosticada en al menos 6.7 millones de mexicanos, es decir, el 9% de la población.
Según con IMCO el tener diabetes sin una cobertura médica federal condiciona a una familia mexicana a pagar cifras anuales de miles de pesos, el gasto variaría de acuerdo a las condiciones de cada paciente.
IMCO calcula los siguientes escenarios:
El escenario podría empeorar en los próximos años en caso de que el Gobierno Federal no ponga atención en el tema. IMCO calcula que de prevalecer la situación, las pérdidas económicas “podrían crecer a más de 302 mil millones como mínimo en 2030, lo que equivale a 7.3 veces el presupuesto de la UNAM”.
Con base en el presupuesto de no subsistencia de cada hogar y el gasto promedio para tratar una enfermedad catastrófica, así como los resultados de la Encuesta Nacional de Ingreso Gasto de los Hogares (ENIGH) 2016 y las estimaciones de gasto de bolsillo para México de la OCDE, el estudio calculó el gasto de bolsillo anual para tratar padecimientos.
Con dicha metodología se encontró que, cubriendo los gastos de medicamentos, honorarios médicos y hospitalización, el gasto promedio para el tratamiento de una enfermedad catastrófica, es de aproximadamente 300 mil pesos anuales.
La investigación demostró que esta cantidad solo podría ser cubierta por apenas el 3 % de las familias con los ingresos más bajos.
“Esto implica que, si buscaran completar los recursos para cubrir los gastos de tratamiento para su familiar enfermo, deberán sacrificar parte del gasto de subsistencia, por ejemplo, vender su casa o dejar de ir a la escuela”, señala el texto.
Los efectos negativos en los ingresos de los hogares empeoran también con el tipo de enfermedad. A continuación los tratamientos y los costos.
Destacan que en estas enfermedades, la detección temprana y el control es fundamental para detener el desarrollo de complicaciones que podrían elevar considerablemente los gastos de tratamiento.
Ante los resultados obtenidos el IMCO propone una serie de medidas al Gobierno federal y a la sociedad civil.
Lograr una cobertura médica universal efectiva, a través de una reforma profunda que garantice el acceso a los servicios de salud a todos los mexicanos.
También proponen crear métricas de calidad en los servicios de salud. Diseñar una política nacional de datos de salud que incluya al sector privado y permita la medición de resultados.
Para esto se necesita: Homologar procesos de captura de registros, reformar la Ley General de Salud y generar incentivos para que el sector privado reporte indicadores confiables.
Crear una Subprocuraduría de Servicios Privados de Salud dentro de la Procuraduría Federal del Consumidor (Profeco) que colabore con la Secretaría de Salud con el fin de: estudiar mejor al mercado de servicios de salud, difundir resultados de evaluaciones costo-beneficio de tecnologías médicas y garantizar que los servicios de salud se presten en condiciones de competencia y calidad.
Implementar acciones para centrar los servicios de salud en el paciente. Desarrollar una campaña entre médicos y pacientes, encabezada por una asociación médica y consensuar recomendaciones basadas en evidencia científica para evitar la sobreprescripción.
Crear una organización independiente para recolectar, analizar y publicar datos sobre calidad y seguridad hospitalaria, es decir, una vía alterna para incluir al sector privado de forma voluntaria dentro de la política de datos en salud.
Además proponen fortalecer la preparación profesional de la medicina. Plantean la inclusión de contenidos sobre ética, calidad, seguridad del paciente y medicina basada en evidencia científica, para los estudiantes de medicina y enfermería.
De ser adoptadas, estas medidas ayudarían a revertir la crisis derivada del pago de tratamientos de salud que afecta a millones de mexicanos, donde los hogares que tienen algún familiar con enfermedad crónica destinan más de 40% de su gasto de no subsistencia para cubrir
servicios de cuidado de la salud.