El respeto a las “buenas costumbres” y otras prohibiciones

Intentar sancionar comportamientos o formas de vestir “indecentes” no es algo nuevo. Apenas la semana pasada, el director de Seguridad Pública de Ciudad Acuña informó que en dicho municipio coahuilense se reprenderá a quien atente “contra las buenas costumbres”. No obstante, este tipo de prohibiciones –y otras mucho más explícitas- lleva registrándose en nuestro país desde hace varios años.

El 16 de marzo de 2006 en San Luis Potosí el sindicato Único de Trabajadores prohibió a sus empleadas el uso de las minifaldas.

Lo mismo pasó ese año, pero en  octubre, en Veracruz, pues el Organismo Supervisor de Recursos Públicos impidió el uso de minifaldas, blusas con escotes y pantalones ajustados, y pidió a sus empleadas vestir atuendos formales.

En 2008, por ejemplo, el rector de la Universidad Autónoma de Sinaloa (UAS), Héctor Melesio Cuen Ojeda, sugirió que la violencia en Culiacán podría frenarse si se prohibía el uso de minifaldas a las estudiantes.

“Las faldas sumamente cortas que visten algunas estudiantes se convierten en una invitación para ser agredidas o molestadas, no sólo dentro de la universidad, sino en el exterior, sin menoscabo de sus derechos a portar el tipo de vestimenta que ellas deseen”, aseguró el rector de la UAS.

Ese mismo año, la Iglesia católica le entró a la discusión del tema y también recomendó a las mujeres no utilizar “ropa provocativa” ni entrar en “pláticas o chistes picantes” con los hombres para así evitar agresiones sexuales.

En este mismo estado, pero en 2011, el edil de Navolato, Evelio Plata Insulza, apoyó la idea de prohibir que las mujeres se vistan con minifaldas con el objetivo de evitar los embarazos no deseados entre las adolescentes.

¿De dónde le surgió la idea al alcalde de Navolato? Según él, de las peticiones de los maestros y padres de familia preocupados por la forma de vestir de las adolescentes.

El tema causó tanta polémica, que días después de lanzar la propuesta “al aire” –así lo dijo después Evelio Plata-, el alcalde de Navolato se retractó y aseguró que sus comentarios fueron malinterpretados. Fue una disculpa a medias, porque siguió asegurando que sí existía una relación entre el uso de las minifaldas y el incremento de los embarazos en menores de edad.

También en Tamaulipas

En este estado, quien propuso prohibir las minifaldas, los escotes amplios y los pantalones ajustados en empleadas de las dependencias estatales fue el secretario de Administración, Jorge Ábrego Adame, en enero de 2011.

Antes que se retractara de la medida, Ábrego Adame dijo que las dependencias gubernamentales no eran pasarelas ni un lugar de recreación.

Su propuesta no prosperó, a pesar que fue secundada por el ayuntamiento de Matamoros y Ciudad Victoria. El titular de la Secretaría de Salud de este último municipio, Norberto Treviño García Manzo, dijo que estaba de acuerdo con la medida –y con prohibir también el uso de mezclilla- para “evitar distractores”: “Las faldas cortas se usan en las fiestas y no en el lugar donde se trabaja”.

Quien también apoyó este tema fue la directora del Instituto Municipal de la Mujer (IMM), Maricela Guajardo Maldonado, quien pidió a las trabajadoras gubernamentales respetar los reglamentos y abstenerse de usar minifaldas, blusas escotadas o ajustadas. ¿Para qué? Para prevenir el acoso sexual de sus compañeros: “es necesario que ellas mismas impongan el respeto”, dijo Guajardo Maldonado.

En Oaxaca

Por allá pasó lo mismo que en Tamaulipas. En 2011, el ayuntamiento de Santa María Huatulco también prohibió a sus empleadas vestirse con minifaldas, pantalones ajustados y escotes.

Esto es lo que el ayuntamiento pedía, con el objetivo de evitar el acoso sexual: que las empleadas fueran con “vestimenta moderada”, falda mínimo a la altura de la rodilla, pantalones no demasiado ajustados o cortos, cero escotes, blusas blancas (por aquello de que se transparentan), calzado cerrado, sin tacón, nada de sandalias, tenis ni maquillaje.

Cuando se lanzó la medida, medios locales informaron que fue consentida y acordada por el presidente municipal Lorenzo Lavariega. Después de una larga polémica, el alcalde de Huatulco se echó para atrás y dijo que “ese documento quedaba sin efectos”.

Por su parte, el jefe de Recursos Humanos del ayuntamiento, Luis Enrique Hernández, asumió la responsabilidad de la emisión de dicha medida. No obstante, el diario Huatulco Noticias reportó que Hernández llegó al cargo el 2 de marzo de 2011, día en que fue suscrito el documento.

Chihuahua

En 2011, el alcalde de Ciudad Juárez, Héctor Murguía, prohibió a los directores de área saludar de beso a sus empleadas en las dependencias gubernamentales.

“La idea es mantener el respeto hacia las mujeres y evitar malos entendidos entre el personal”, explicó en ese entonces a W Radio el director de Comunicación Social del municipio, Manuel del Castillo.

Según las instrucciones del presidente municipal de Juárez, los directores sólo podrán saludar de beso a las mujeres que estén en su mismo nivel laboral.

Guanajuato

En 2009, el alcalde de Guanajuato, Eduardo Romero Hicks, impulsó una medida para impulsar y preservar las “buenas costumbres”: mandar a prisión a las parejas que se besaran “con intensidad” en lugares públicos.

Con toda la polémica que surgió, Romero Hicks salió a aclarar que no se prohibirían los besos, pero sí los tocamientos sexuales en plazas públicas: “hay diferencias entre un beso y un agarrón de olimpiada con tocamientos de implicación sexual, donde las parejas empiezan a desabrocharse la ropa”.

Debido a las críticas negativas hacia esta iniciativa, el gobernador del estado, Juan Manuel Oliva, y el PAN, decidieron que no entrara en vigor.

En el mismo estado, pero en León, en 2012 un profesor llamado Manuel Berumen fue detenido por besar a su esposa en la Plaza Expiatorio, llevado ante un juez y obligado a permanecer 12 horas en los separos.

Música prohibida

El 2 de mayo de 2011, el gobernador de Sinaloa, Mario López Valdez (Malova), reformó la Ley de Alcoholes, en la que se especificó que aquellos establecimientos que difundieran música que hiciera alarde de la vida delictiva –desde videos, narcocorridos o eventos artísticos- se les cancelaría el permiso para vender bebidas alcohólicas.

Esta medida sí prosperó e incluso fue promulgada. Sin embargo, el pasado 19 de febrero los ministros de la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN) determinaron que Malova se extralimitó en sus funciones al modificar la Ley de Alcoholes.

Así, los llamados narcocorridos se volverán a escuchar en restaurantes, bares, cantinas y centros sociales de Sinaloa.