El Estado se desentiende ante una mujer en estado vegetativo por negligencia en el parto

[contextly_sidebar id=”1534e7a4c51d3c3595063c5cae45612a”]Trece años postrada en una cama sin conocimiento, los mismos trece años que acaba de cumplir su único hijo, Epafrodito. Irene Cruz Zúñiga lleva un tercio de su vida en estado vegetativo, por una atención inadecuada durante su parto. Su caso vuelve a cobrar relevancia a la luz de los 27 casos de mujeres, registrados en los últimos doce meses, que han parido en condiciones inseguras tras ser rechazadas por los servicios de salud. Doce de ellas en el estado de Oaxaca.

El Observatorio de Mortalidad Materna reportó 960 muertes relacionadas con el parto en México en 2012. 84 de cada cien se hubiesen podido evitar. Es lo que ya se llama violencia obstétrica. Para la abogada Jaqueline Sáenz, Coordinadora del Área de Derechos Humanos de Fundar, “el silenciamiento en casos como el de Irene Cruz, provoca que se repita la falta de acceso a la salud de las mujeres mexicanas”.

En 2001, Irene Cruz, indígena mixteca oaxaqueña, era una madre primeriza de 26 años ilusionada por traer al mundo un bebé, el primer nieto de sus padres. El 14 de junio salió de cuentas pero hasta el 20 no empezaron las primeras contracciones. Irene y su esposo Alberto vivían en Barranca Fiera, una ranchería en la comunidad de Morelos, a media hora en transporte de la cabecera municipal de Itundujia, Oaxaca, que a su vez está a más de dos horas de Tlaxiaco, dónde se encuentra el hospital más cercano.

Su parto se complicó y empezó un peregrinaje en busca de servicios de salud especializados. La partera mandó llamar a la Brigada de Salud, que operaba intermitentemente en Morelos y otras comunidades de Oaxaca. La brigada los direccionó al centro de atención primaria, en Itundujia. Allí los doctores no la atendieron y le ordenaron caminar para acelerar su trabajo de parto. Finalmente se dieron cuenta de su gravedad, y la mandaron trasladar al hospital del Instituto Mexicano del Seguro Social (IMSS) en Tlaxiaco. Llegaron el 21 de junio a las 10 de la noche e ingresaron a Irene sin dejar pasar a su esposo.

A la medianoche, previa autorización de Alberto, le realizaron una cesárea de emergencia. En medio de la operación le faltó el oxígeno y sufrió un paro cardíaco. Epafrodito nació con asfixia natal severa pero se recuperó en la incubadora. Irene sufrió otros dos paros cardíaco después del alumbramiento y le tuvieron que hacer una traquetomía. A mediodía la mandaron al Hospital Civil de la capital oaxaqueña. Llegó en coma. Aunque salió del coma, estaría en cuidados intensivos dos meses, gracias a la pelea de su esposo, pero ya fue demasiado tarde. Sufrió daños irreversibles en el cerebro que bloquearon su movilidad y su razonamiento.

El esposo tuvo que endeudarse para pagar los dos meses de hospitalización, ya que como campesinos no son derechohabientes del IMSS y en 2001 no había Seguro Popular. También para pagar el abogado con quién interpuso una denuncia por negligencia médica a la semana después del parto. La Procuraduría General de Justicia de Oaxaca tomó el caso, pero no expidió las diligencias oportunas. A la familia de Irene se le acabó el dinero y dejaron de pelear por su propia cuenta la denuncia. El expediente cayó en el olvido durante años. Así que no fue hasta el cambio de gobierno en Oaxaca que se reactivan las pesquisas e interviene la Comisión Estatal de Arbitraje Médico para investigar dónde estuvo la negligencia. El peritaje responsabiliza a la médico anestesiólogo por no haber hecho las pruebas necesarias antes de la cesárea y reconoce que las lesiones producidas a Irene Cruz Zúñiga son producto de la mala atención durante la operación.

El 6 de julio de 2012, ya en manos de la Procuraduría General de la República, se acordó ejercer acción penal contra la anestesióloga como probable responsable de la comisión del delito de lesiones culposas con la agravante de responsabilidad profesional, usurpación de profesión, ejercicio indebido del servicio público. Aunque resultó inculpada, en enero de 2013 un tribunal oaxaqueño la exculpó por sobreseimiento del caso.

En ese momento, la organización Fundar tomó la representación del caso por parte de las víctimas y consiguió en un juzgado de alzada que se retomara el expediente. En diciembre pasado, el Tribunal Unitario de Oaxaca, dictaminó que aunque la acción penal prescribió, eso sólo se aplica para la responsabilidad del infractor “pero no opera para extinguir el derecho de la ofendida Irene Cruz Zúñiga, a quien se le reconoce la calidad de víctima, para exigir una medida reparatoria”.

El juez reconoció que Irene y Epafrodito eran víctimas directas y sus padres y hermanos –quiénes asumen su cuidado– víctimas indirectas. Determinó una serie de reparaciones a nivel individual, familiar y comunitario así como acciones para evitar la repetición de los hechos. El magistrado envió un gran número de oficios a dependencias federales y estatales: IMSS, INMUJERES, servicios de salud de Oaxaca, DIF y procuradurías. Las respuestas, según explica Fundar, fueron más en un tono de aplicar programas sociales que de brindar verdaderas medidas de reparación. En el caso de Inmujeres no ha convocado a una mesa de trabajo a la cual se había comprometido. El IMSS manifestó que en vista de que había prescrito la acción penal no podía hacer nada más ni podía reparar el daño.

“¿Por qué la justicia oaxaqueña dejó prescribir el caso? Tal vez no haya que judicializar a los médicos, pero hay una deficiencia generalizada en la accesibilidad universal a los servicios de salud y cuando eso además cruza la salud de las mujeres y le sumas el área rural es mucho más grave”, alega la abogada Sáenz. Porqué aún cuando ahora hay Seguro Popular no siempre es accesible para las comunidades aisladas ni está garantizado un buen seguimiento. De las 960 mujeres que fallecieron en 2012 por causas relacionadas con el embarazo nueve de cada 10 contó con asistencia médica. El 14.7% de ellas no tenía seguridad social y el 55% ciento contaba con Seguro Popular. Pero de las mujeres que si tuvieron control prenatal, 8 de cada 10 sólo recibieron tres consultas o menos durante el embarazo.

“¿Por cuánto tiempo más va a seguir el gobierno de Oaxaca y los servicios federales de salud sin atender a las mujeres? La violencia obstétrica es algo reiterado, que ni siquiera tiene cifras claras porque no les importa, pero en muchos casos han derivado en lesiones y morbilidad materna –una alta tasa de enfermedades asociadas a la maternidad–. Las comisiones estatales de arbitraje médico han tenido un papel muy marginal. No hay un compromiso para la equidad”, añade Saénz.

La reciente Ley de Víctimas contempla que la responsabilidad del estado no prescribe en tanto las víctimas lo siguen siendo, por lo cuál el IMSS está obligado a cumplir con su responsabilidad que incluso contemplaría un pago salarial a la familia de Irene por asumir su cuidado.

El esposo de Irene abandonó la familia después de unos años, y son los padres y hermanos quienes cuidan de Irene y de su hijo. A través de programas de asistencia locales, consiguieron un colchón digno y una silla de ruedas, que solo usan para bañarla. Irene no está conectada a ninguna máquina para sobrevivir pero tiene la mirada perdida, no se mueve, no habla, está en estado vegetativo. Solo a veces cuando la mueven suelta algún gemido. Sus músculos están cada vez más agarrotados y ya no pueden estirarle los brazos. Su madre, Maura Zúñiga, y su hermana, Enimia Cruz, se dedican a ella con esmero, la voltean diariamente, le hacen masajes en las manos, le cambian los pañales –de tela porque no pueden costear desechables– la alimentan con líquidos, porque no puede masticar. Para bañarla la cargan en la silla de ruedas y la sacan.

Duermen en la misma habitación que ella, porque la casa no cuenta con más espacio. También su hijo, Epafrodito, un adolescente de 13 años que nunca ha cruzado una palabra con su madre.

“Está en un estado vegetal, no se puede mover,… Es muy doloroso, no lo puedo ni explicar”, cuenta cabizbaja su hermana menor Emínia. “Le quitaron el derecho de ser la madre de su hijo como ella deseaba, de su esposo, a vivir, todos sus derechos se le privaron”, continúa.

La experiencia de Irene sembró desasosiego entre las mujeres jóvenes de la comunidad. El Estado Mexicano no solo no ha reparado el daño a la familia de Irene, tampoco ha facilitado el acceso a la salud en la región. Fue hasta 2008 cuando se construyó el primer Centro de Salud en la agencia municipal de Morelos.

Sin embargo, sus servicios siguen siendo deficientes, según señala la organización Fundar. “No cuenta con todo el personal, ni los insumos necesarios para dar atención de calidad a la población en general, y a las mujeres en lo particular. Únicamente atiende un pasante médico que cambia cada año y que no ofrece consultas en todos los horarios, todos los días del año. Tampoco se cuentan con todos los medicamentos e insumos para estabilizar emergencias obstétricas y poder canalizarlas al hospital de segundo nivel de atención. El ahora más cercano hospital de 2º nivel de atención, ubicado en la localidad de Chalcatongo no cuenta con personal con especialidad en ginecología, el médico cirujano que atendía las complicaciones de parto murió y su puesto no ha sido reemplazado”, señala Fundar.

“Lo que le sucedió a mi hermana creó una desconfianza, no solo en nuestra familia sino en toda la comunidad. Realmente existe un miedo entre las mujeres de que a cualquiera de ellas le pueda pasar lo mismo”, explica Emidia.

En lo que va de año, ya ha habido dos reportes de morbilidad materna en mujeres de la agencia municipal de Morelos, uno por una cesárea mal practicada y otro al no suturar el corte que se practica para facilitar la salida del bebé.

La familia exige una reparación patrimonial del daño y la implementación de un sistema de salud de acceso universal para los hombres y mujeres de su municipio.

“A nosotros nos han tenido olvidados, no se ha hecho justicia por lo que pasó. Nosotros somos los afectados pero encarcelando a la responsable de lo que le pasó a mi hermana no se haría justicia. La justicia sería reparar los daños que a mi hermana le causaron, seguir luchando por su salud, garantizar su cuidado, que el niño estudie. Nuestra familia ya está en este problema pero le pedimos a las autoridades de salud que se preocupen más por nuestros vecinos, por nuestra comunidad y nuestro municipio. Ahora ya tenemos centro de salud, que antes no, pero le hace falta mucho, medicamentos, equipo,…”, concluye Carlos Cruz, el hermano de Irene.

Ante la negativa del IMSS de resarcir el daño, Fundar llevará el caso ante la Corte Interamericana de Derechos Humanos.