El Comité de la ONU examinará si México le falla a las personas con discapacidad

A México le quedan escasos cinco meses para probar que no es un “candil de la calle, oscuridad de su casa” en garantizar los derechos de las personas con discapacidad, pues tras haber sido desde 2001 el principal impulsor internacional de la Convención de las Naciones Unidas sobre los Derechos de las Personas con Discapacidad, este año se enfrentará por primera vez a una evaluación sobre la aplicación de esa iniciativa, en la que según organizaciones civiles, el Estado ha fallado.

[contextly_sidebar id=”d143d57e126aae6665865ff8bb74bad2″]“A pesar de ser el promotor de la Convención y a casi ocho años de que ésta entrara en vigor, México tiene importantes pendientes en el reconocimiento y la garantía de los derechos de las personas con discapacidad. Las organizaciones de la sociedad civil han documentado que, en particular, en México hay graves violaciones a los derechos de personas con discapacidad a la accesibilidad, capacidad jurídica, derecho a vivir en la comunidad, educación, salud y trabajo”, dijo este miércoles 2 de abril la Coalición México por los derechos de las personas con discapacidad (Coamex) al emitir su postura sobre la evaluación que tendrá  el país ante la ONU en septiembre próximo.

La Coalición y el Instituto Mexicano de Derechos Humanos y Democracia (IMDHD) forman parte del grupo de representantes de la sociedad civil que el próximo 7 de abril se reunirá con el Comité de las Naciones Unidas sobre los Derechos de las Personas con Discapacidad para conocer la situación en México de ese grupo desde la óptica de la ciudadanía.

Uno de los principales temas que se tratarán es que en el país no se ha realizado un esfuerzo serio para tener estadísticas sobre personas con discapacidad: en México, no hay cifras exactas sobre cuántas personas tienen algún tipo de discapacidad, lo que organizaciones civiles traducen como un obvio problema al momento de crear e implementar políticas públicas, pues no hay certeza de cuál es la población objetivo.

Según el censo 2010, que realizó el Instituto Nacional de Estadística y Geografía (INEGI), en México el 5.1% de la población tiene algún tipo de discapacidad; sin embargo, la Organización Mundial de la Salud estima que al menos el 10% de los mexicanos presenta una discapacidad.

Otros temas que se presentarán ante el Comité de la ONU y en los que la sociedad civil considera que el Estado ha fallado son:

• Faltan estrategias para consolidar políticas y prácticas de protección legal efectiva contra la discriminación.
• No existe una postura gubernamental para evitar en los medios masivos de comunicación mensajes con contenido indigno o de imagen negativa de las personas con discapacidad.
• No se cuenta con un plan nacional de accessibilidad que considere integralmente medidas de acceso al entorno físico, al transporte, a la información y a la comunicación.
• No se cuenta con infraestructura, cultura y prácticas que garanticen el acceso a la justicia de manera equitativa para las personas con discapacidad, en particular en condición de pobreza y pobreza extrema, de origen indígena o condición de género.
• El Sistema Educativo Nacional tiene grandes carencias de cobertura, calidad y eficiencia:  no ha logrado consolidar una clara política de estado en relación a la Educación Inclusiva.
• Hay carencia de servicios de calidad que permiten el goce del más alto nivel de salud a las personas con discapacidad.
• Los servicios de habilitación y rehabilitación son insuficientes y muchas veces deficientes en calidad que no responden a las necesidades de las personas con discapacidad
• La visión de inclusión laboral es muy limitada, existiendo prejuicios para la contratación y permanencia, además de abusos en el ambiente laboral.

Las organizaciones civiles insisten en que, si bien el Estado mexicano le ha fallado “por décadas” a las personas con discapacidad, es de destacar que en la actual administración tampoco se ha trabajado a favor de este grupo pese a que, como candidato en el 2012, el presidente Enrique Peña Nieto firmó varios compromisos ante notario público.

El mandatario mexicano prometió en octubre de 2012 trabajar en la adecuación de instalaciones en escuelas públicas para personas con discapacidad, capacitar a maestros para lograr una integración efectiva, crear un fondo para que gobiernos locales adapten el transporte público, proveer recursos para prótesis, sillas de ruedas y zapatos ortopédicos para niños y la entrega de “laptops con internet adaptadas para alumnos con discapacidad de escuelas públicas que cursen quinto y sexto de primaria”.

Al estar por cumplir un año y medio como titular del Ejecutivo, de lo anterior, nada se ha cumplido.

Ley de Telecomunicaciones, un ejemplo

En el documento que se entregó al Comité de la ONU en marzo pasado se establece que la convocatoria por parte del Estado para que personas con discapacidad y sus familias participen la construcción de políticas públicas ha sido “pobre o nula”. “Esta forma de hacer política pública da como resultado que no se logre el objetivo de beneficiar a la población pues no responde a sus necesidades reales o quedan en letra muerta al no incluir la factibilidad de implementación o las partidas presupuestales”.

En ese sentido, organizaciones, ciudadanos y activistas a favor de los derechos de las personas con discapacidad denunciaron que la Ley de Telecomunicaciones que actualmente se discute en el Congreso no considera el derecho a la información de ese grupo.

“La iniciativa de ley de telecomunicaciones en discusión en el Senado mexicano carece de lo mínimo indispensable para que las telecomunicaciones sean accesibles a personas con discapacidad. Es un momento importantísimo para que nuestros legisladores sepan que nos importa que ese tema esté debidamente previsto en la ley, de otra manera se perderá la oportunidad de la inclusión digital”, se lee en la petición de Change.org  para que senadores y diputados tomen en cuenta a las personas con discapacidad en este tema.

En una carta dirigida a los integrantes de la LXII Legislatura, se establece que para evitar la discriminación y no violar los derechos de las personas con discapacidad la ley de telecomunicaciones debe incluir, entre otros, temas como:

• Que los programas de televisión incluyan subtitulaje o intérprete en lengua de señas  conforme a un calendario establecido.
• Que los sitios web de todas las instituciones y dependencias públicas cumplan con criterios y estándares de accesibilidad.
• Que servicios de emergencia puedan recibir mensajes de texto SMS para personas con discapacidad auditiva.
• Que en caso de emergencia, programas de TV incluyan bandas informativas y un sonido identificador para personas con discapacidad auditiva y visual, respectivamente.

El texto completo con la carta que fue enviadas a legisladores pueden consultarlo aquí.