Ejecución de Tamayo, a las 18 horas

Los abogados analizan tácticas de último momento para detener la ejecución del mexicano Edgar Arias Tamayo, de 46 años, en Texas luego de que el estado ha rechazado medidas jurídicas y la presión diplomática para salvarle la vida.

Arias Tamayo, de 46 años, debe ser ejecutado por inyección letal a las 18 horas (tiempo de México) de hoy, 22 de enero, por el asesinato en 1994 del agente Guy Gaddis, de 24 años.

Gaddis, que sólo llevaba dos años en la policía, trasladaba a Tamayo y a otro hombre desde el lugar de un robo cuando, según las pruebas, recibió tres impactos de bala en la cabeza y el cuello de una pistola que Tamayo tenía oculta en los pantalones. El carro patrullero se estrelló y Tamayo huyó a pie pero fue capturado a pocas cuadras de distancia, todavía con las esposas puestas, con el reloj de la víctima y su cadena el cuello.

Los abogados y el gobierno mexicano han alegado que el caso de Tamayo no se desarrolló debidamente porque no le informaron, según indica un acuerdo internacional, que podía recibir asistencia jurídica de su país tras el arresto.

El secretario de Estado John Kerry había pedido al procurador general de Texas, Greg Abbott, que demorara la ejecución, diciendo que “pudiera impactar la forma que los ciudadanos norteamericanos son tratados en otros país”. El Departamento de Estado repitió esa postura el martes.

Pero el despacho de Abbott y la fiscalía de distrito del Condado Harris se opusieron a posponer lo que sería la primera ejecución este año en el estado con mayor cantidad de reos ejecutados: Texas ejecutó a 16 personas en 2013.

Al menos otros dos reos fueron ejecutados en circunstancias similares en Texas en años recientes.

El gobierno mexicano expresó en un comunicado esta semana que “se opone con fuerza” a la ejecución y recordó que no revisar y reconsiderar la sentencia sería “una clara violación de Estados Unidos a sus obligaciones internacionales”.

[contextly_sidebar id=”cfa64c9ab4a25f354674785806502d2e”]Funcionarios mexicanos y los abogados de Tamayo dijeron que estaba protegido por una cláusula de la Convención de Viena sobre Relaciones Consulares de 1963. La asistencia jurídica que garantiza ese tratado pudiera haber descubierto pruebas para impugnar el cargo de asesinato o que evitaran que Tamayo fuese condenado a la pena de muerte, dijeron.

“Seguimos estudiando nuestras opciones de apelación y la vindicación del derecho del señor Tamayo a la revisión de la infracción de sus derechos consulares”, dijo Maurie Levin, uno de los abogados de Tamayo.

La apelación de Tamayo a un tribunal federal en Austin solicitaba una orden judicial contra el gobernador de Texas, Rick Perry, y la Junta de Perdón y Libertad Condicional, que Perry nombra. La junta puede recomendar a Perry que otorgue clemencia, pero esa decisión se toma muy pocas veces.

“No importa de dónde sea la persona”, dijo Lucy Nashed, portavoz de Perry. “El que cometa un crimen despreciable como éste en Texas, queda sujeto a nuestras leyes estatales, como un juicio justo con jurado, y la pena máxima”.

“Nadie alega que no mató a Guy Gaddis“, dijo Ray Hunt, presidente del Sindicato de Policías de Houston. “El disfrutó los mismos derechos que tenemos todos.

“Esto se ha estudiado, escuchado, examinado y es hora de que se cumpla el veredicto del jurado“.

Los retos jurídicos a la notificación consular y los ciudadanos mexicanos en la galera de la muerte en Texas no son nada nuevo. Por lo menos otros dos reos en circunstancias similares fueron ejecutados en Texas en años recientes.

Ayer se dio a conocer una carta de Édgar Tamayo Arias en la que pidió que si  es ejecutado no quiere que en  en el traslado de su cuerpo y su funeral “meta mano el mentado consulado”, porque “son puras pinches mentiras con esta gente, la verdad que me decepciona”.

La carta fue enviada el 7 de enero a Pablo Castro Zavala, presidente de la Confederación de Asociaciones y Clubes de Morelenses en Estados Unidos, en la que Tamayo acusó a la Secretaría de Relaciones Exteriores y a “Derechos Humanos” de no haber hecho  nada por él.

En la misiva, Tamayo señala que mandó “una queja para México ¿y sabes qué me dijeron? que mi caso no era importante como para traerme a mis hermanos y hasta la fecha no han venido, parece que hoy iban a ir a México a ver si les iban a dar su visa como turista, pero de repente no se los dan y luego le tienen que calar por aquí por la frontera con la visa humanitaria, pero todo esto lo traté desde hace mucho tiempo.

“¿Te imaginas que mis padres no hubiesen tenido sus papeles en orden? nunca los hubiera visto ¿y quiénes son los culpables de esto? El Cónsul General de Houston y los de México, la Secretaría de Relaciones Exteriores, ¿qué se creen estas personas sin tomarnos en cuenta a nosotros?

“Por eso no quiero que metan mano en nada, siempre que algún paisano va a hacer ejecutado, siempre quieren quedar bien entre las cámaras para verse bien con el gobierno de México y los paisanos, y no quiero que me usen y claro que ya se los dije”.

Edgar Tamayo Arias forma parte del llamando caso Avena, donde hasta el momento ya han sido ejecutados en Texas José Ernesto Medellín, en 2008; y Humberto Leal García, en 2011.

Dicho caso, que data de 2004, hace referencia a la Convención de Viena sobre los derechos consulares, la cual obliga a los signatarios a permitir que se preste protección consular inmediata a un detenido. La revisión pendiente en el caso de Tamayo Arias permitirá evaluar si la violación a los derechos a la notificación y acceso consular fue determinante en la imposición de la pena capital.

La disputa legal que Edgar Tamayo Arias ha representado entre México y Estados Unidos durante dos décadas está a punto de encontrar su final el próximo 22 de enero en una prisión del estado de Texas, cuando se concrete la sentencia de pena de muerte en contra del mexicano.

De 46 años,  Edgar ha pasado en prisión los últimos veinte tras haberse declarado culpable de asesinar el 31 de enero de 1994 al policía Guy P. Guddis. Pero en ese tiempo, tanto el gobierno de México como organizaciones en defensa de los derechos humanos y organismos multilaterales, han argumentado que las violaciones al debido proceso en el caso merecen una revisión judicial que podría implicar una sentencia diferente a recibir la inyección letal.

Edgar Tamayo Arias nació en octubre de 1967 en la comunidad de Miacatlán, en el estado mexicano de Morelos, ubicado en el centro del país.

Aunque su padre, Héctor Tamayo Pedroza, se negó a hablar sobre cómo fue la vida de Edgar en México —hasta que emigró en 1985 a los Estados Unidos para buscar trabajo—, el expediente que recibió la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (IACHR, por sus siglas en inglés) en enero de 2012 describe “una infancia marcada por la pobreza y el abandono”.

La mala calidad de vida del morelense antes de los 18 años es uno de los argumentos de su defensa para describir a un hombre trastornado, enfermo y quien actualmente sufre de una“discapacidad intelectual leve”; situación médica que —según los abogados— no fue tomada en cuenta por las autoridades estadounidenses cuando lo sentenciaron a muerte y que “explican” su carácter agresivo.

El expediente indica que Edgar y sus cuatro hermanos vivieron con el alcoholismo de su padre y “a menudo sin comida y artículos de primera necesidad”. Él mismo explicó a su defensa que sus padres abusaron físicamente de él, recuerda que su madre, Isabel Arias Corona, lo encadenaba cotidianamente a un ladrillo y usaba una cuerda para golpearlo; mientras que su padre “mojaba un lazo rígido para que los golpes fueran más contundentes”.

También mencionó que tuvo muchos problemas en la escuela porque tenía dificultades para aprender y que desde los 9 años inició el consumo de inhalantes.

En la adolescencia, Edgar tuvo que trabajar para apoyar a su padre, un maestro de educación primaria. A los 17 años sufrió un accidente en el rodeo en el que tenía un empleo, cuando un toro lo golpeó y lo hirió de gravedad, lo que le provocó permanecer en estado de coma.

Edgar dice que tras el accidente se volvió más agresivo y adicto a las drogas y al alcohol “para olvidarse de los fuertes dolores de cabeza”, pues no podía costear el tratamiento médico ni asistir a las consultas psiquiátricas que necesitaba, lo que también lo motivó a migrar a Estados Unidos para tener mayores ingresos.

En Estados Unidos, con actitud violenta

El expediente de Edgar muestra que aún antes del homicidio en Houston del policía Guddis, el mexicano tuvo otros problemas legales.

El oficial Nelson Zoch —encargado de la investigación por la muerte de Guddis— describió a Tamayo como “un experimentado criminal”, una vez que documentó que había registro de otras detenciones.

En 1990 fue detenido por portar una daga de metal de tres pulgadas e intentar golpear a un ciudadano estadounidense; en 1991 fue acusado de robo en una tienda de abarrotes y de lesiones por apuñalar al encargado del lugar con un destornillador; un año después fue acusado de intentar robar la batería de un auto y en 1993 de provocar una pelea en un bar.

El delito por el que fue sentenciado a la pena de muerte ocurrió cuando oficiales detuvieron a cuatro personas que presuntamente habían cometido robo en un centro nocturno la madrugada del 31 de enero de 1994.

Guy Gaddis trasladó a dos de los sospechosos, entre ellos a Tamayo Arias; pero mientras conducía, Edgar sacó una pistola que traía oculta en el pantalón y disparó seis veces contra el policía —tres en la cabeza—, lo que provocó que la patrulla se estrellara contra una casa y dejó herido al otro presunto criminal.

Según el registro policial, el mexicano escapó por la ventana trasera izquierda del auto y fue capturado todavía con las esposas puestas y con algunos golpes debido al accidente. Cuando declaró, admitió el homicidio, pero dijo que la culpa había sido de los policías por no haber encontrado cuando lo detuvieron el arma que portaba.

El 1 de noviembre de 1994 fue condenado a la pena de muerte, pero hasta este 17 de septiembre de 2013 una corte estatal de Texas fijó el 22 de enero de 2014 como la fecha para la ejecución.

Con información de AP y Tania L. Montalvo (@tanlmont)