Diputados aprueban la Ley General de Economía Circular; organizaciones denuncian exclusión

Con 460 votos a favor, la Cámara de Diputados aprobó este martes la Ley General de Economía Circular y reformas a la legislación ambiental vigente, en una sesión donde el oficialismo defendió que el dictamen marca un “rumbo ambiental y económico” para el país. Afuera del recinto, organizaciones civiles protestaron y denunciaron riesgos a la salud, vacíos de transparencia y falta de participación real en el proceso legislativo.

El dictamen de la Ley General de Economía Circular señala que busca transformar el modelo de producción y consumo en México, pero el documento aprobado revela tres puntos que generan preocupación entre especialistas y organizaciones: el impulso a la valorización energética, incentivos fiscales sin controles estrictosy una fuerte dependencia de la autorregulación empresarial.

El documento amplía la definición de termovalorización para permitir la generación de energía a partir de residuos orgánicos e inorgánicos. Aunque se presenta como una herramienta para reducir desechos, abre la puerta a proyectos de combustión, coprocesamiento o tratamiento térmico cuestionados por su impacto en comunidades expuestas a emisiones tóxicas. La ley no establece salvaguardas sanitarias ni obliga a la intervención de la Secretaría de Salud en la supervisión de estos procesos.

Además, la nueva arquitectura institucional, que incluye 11 objetivos, instrumentos de planeación, acuerdos sectoriales y monitoreo digital, se apoya en mecanismos de verificación voluntaria, auditorías no obligatorias y prácticas que dependerán en gran medida de reportes empresariales. Esto ocurre especialmente con el Distintivo Nacional de Economía Circular y el Registro de Gestión Circular, que otorgarán beneficios fiscales a empresas sin exigir verificaciones externas independientes, dejando espacio para posibles prácticas de greenwashing.

La implementación del modelo también dependerá de acuerdos y convenios firmados con la industria, sin mecanismos obligatorios para incorporar a comunidades, recicladores u organizaciones independientes en la definición de metas y rutas de aplicación. Esto refuerza el protagonismo de actores privados en la toma de decisiones y reduce la participación de sectores que históricamente han sido afectados o excluidos del diseño de políticas ambientales.

Organizaciones: “Se redactó con la industria, no con las comunidades”

En entrevista con Animal Político, Claudia Romero Molina, representante de Fronteras Comunes / Colectiva México Tóxico, afirmó que la Ley General de Economía Circular se construyó mediante un proceso cerrado y sin participación real de organizaciones independientes ni de comunidades. Señaló que la discusión se llevó a cabo principalmente entre autoridades y empresas, y que las agrupaciones ciudadanas fueron convocadas únicamente cuando el dictamen ya estaba prácticamente terminado.

“Esta ley la redactó Semarnat junto con la industria y las empresas. Nunca fue gestionada ni gestada y acompañada de las organizaciones de la sociedad civil ni de las comunidades.”

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Romero también cuestionó la falta de transparencia. Explicó que las organizaciones fueron invitadas solo un día antes de que la iniciativa fuera presentada públicamente, sin tiempo para revisarla o aportar observaciones sustantivas.

“No hubo un proceso de transparencia ni de apertura. Cuando intentaron incluir a las organizaciones fue una invitación exprés de un día antes.”

Consideró grave la ampliación de la termovalorización, pues implica procesos que pueden exponer a comunidades a sustancias tóxicas y cancerígenas sin que existan salvaguardas sanitarias claras.

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“Producir energía derivada de cualquier tipo de residuo es altamente peligroso. Hay sustancias cancerígenas que se liberan y afectan a las comunidades cercanas”, aseguró. Las organizaciones también advirtieron que la ley otorga un papel central a la Secretaría de Economía en la definición de metas y convenios con empresas, pese a que los riesgos sanitarios deberían ser supervisados por autoridades especializadas.

Alertaron sobre el nuevo distintivo empresarial creado por la ley. Consideran que, sin auditorías independientes, puede convertirse en una herramienta para legitimar prácticas contaminantes sin comprobación real de cumplimiento ambiental.

“La ley da estímulos fiscales a la industria. Tener un distintivo nacional representa un greenwashing. Las auditorías voluntarias no garantizan transparencia ni trazabilidad”, señalaron.

PVEM: defensa del proceso y de la gradualidad, pero el dictamen no confirma toda la narrativa

En el pleno, la diputada Gabriela Benavides Cobos defendió que el dictamen es producto de un proceso plural, con participación de especialistas, recicladores y organizaciones. Sin embargo, varios de los mecanismos mencionados en su discurso, foros, consultas y diálogo territorial, no se encuentran descritos con la misma amplitud en el texto legal, lo que contrasta con las denuncias de organizaciones que aseguran no haber participado en la elaboración.

Benavides sostuvo que la ley está “diseñada bajo el principio de gradualidad dividida en cuatro etapas”, detallando que la primera es la emisión del Plan y Programa Nacional de Economía Circular; la segunda consiste en “los acuerdos generales de implementación por sector y por categoría de producto, a los cuales está invitada la industria para fijar las metas específicas”; la tercera contempla “los convenios de concertación donde se dará acercamiento a las empresas con las dependencias federales para fijar las metas de acuerdo a sus capacidades”; y la cuarta se concreta con “el registro de gestión circular, el cual incluirá a las empresas reguladas que estarán trabajando a favor de la economía circular”.

Aunque la diputada afirmó que la ley “reconoce a quienes por años han sido invisibles” y coloca a las personas recicladoras “en el centro del sistema”, el dictamen menciona su participación principalmente en términos de formalización y capacitación, sin detallar mecanismos garantizados de representación, inclusión obligatoria en los acuerdos sectoriales o beneficios sociales específicos más allá de la intención general de integrarlos.

Con información de Verónica Santamaría