Diputados buscan criminalizar la protesta, advierte Artículo 19

Artículo 19, organización internacional que aboga por la libertad de expresión, emitió un comunicado este 25 de junio para advertir sobre una nueva iniciativa de ley presentada el pasado 21 de marzo en la Cámara de Diputados, la cual busca imponer penas y quitar derechos políticos a todo aquel que realice actos contra las personas, las cosas, servicios públicos o privados que “perturben la coexistencia pacífica, armónica y civilizada” de los ciudadanos.

Asimismo, la iniciativa contempla que las penas se agravarían para aquellas personas que actúen encapuchadas, pues el uso de las capuchas “obedece más a las intención del sujeto activo de destruir o dañar bienes públicos o privados a sabiendas que de hacerlo en dicha condición de alguna manera puede impedir su identificación y le permite sorprender a los afectados para que estos no puedan identificarlo, evitando el sujeto activo con esto ser denunciado penalmente por los afectados en caso de daños en propiedad privada”.

[contextly_sidebar id=”32960f7e7ca6543b008194fdcd2a9b24″]Es decir, el proyecto considera que el uso de máscaras o pasamontañas, por sí mismo, conlleva la realización de actos vandálicos.

“Lo que más preocupa, además de las limitaciones de derecho, es la posible aplicación de esta disposición, especialmente si se siguen las técnicas policiacas de arrestos injustificados y aleatorios en manifestaciones, como se dio el 1° de diciembre”, previene la organización a través de su página web.

“Si un manifestante trae la cara cubierta, razón suficiente será para considerar a éste culpable. Como si fuera obligación de los ciudadanos revelar su identidad para tener derecho a la protesta”, añade Artículo 19.

De 10 a 20 años de prisión a quienes “perturben” la paz

El 21 de marzo de 2013, el diputado panista Jorge Francisco Sotomayor Chávez, integrante de la Comisión de Justicia, presentó dicha iniciativa ante el Pleno de la Cámara de  Diputados, la cual contempla penas de 10 a 20 años de prisión, y suspensión de los derechos políticos hasta por 10 años, a quienes “perturben la coexistencia pacífica, armónica y civilizada” de los ciudadanos.

La Comisión de Derechos Humanos de la Cámara consideró a la iniciativa inviable, pues asegura que ya existen en el Código Penal Federal vigente delitos que protegen bienes jurídicos como el orden público, la seguridad nacional y derechos de terceros. Sin embargo, la Comisión de Justicia hizo caso omiso a lo evaluado por la Comisión de Derechos Humanos y dictaminaron la iniciativa para ser votada por el Pleno de la Cámara.

Lee el comunicado íntegro aquí.