Notimex · 4 de marzo de 2015

[contextly_sidebar id=”FzqGQPS8fGS3J9XzSvE70IKvjytnAFmT”]Las Comisiones Unidas de Agua Potable y Saneamiento, y la de Recursos Hidráulicos de la Cámara de Diputados aprobaron este miércoles 4 de marzo por unanimidad el dictamen de la nueva Ley General de Aguas.
Con esta legislación, el Estado garantiza el derecho humano al acceso al agua y servicios como su distribución, alcantarillado y tratamiento, además establece nuevos supuestos de delito que involucra la contaminación del sistema hídrico con multas de 200 a 50 mil días de salario mínimo (alrededor de tres millones 505 mil pesos), así como acciones penales o administrativas.
Permite la participación de la iniciativa privada, fija como volumen mínimo por persona de 50 litros, y le da certeza jurídica a las acciones de los distritos de riego y, lo más sobresaliente, no se privatiza el agua, ya que no se toca el Artículo 27 Constitucional.
Los diputados del Partido de la Revolución Democrática (PRD) y del Movimiento de Regeneración Nacional (Morena) manifestaron su desacuerdo en discutir este dictamen y pidieron que se pospusiera para el próximo martes 10 de marzo, porque se trata de una legislación fundamental para el país; sin embargo, la propuesta que fue desechada, y los 10 diputados de ambas comisiones abandonaron la sesión.
Por la Comisión de Agua Potable y Saneamiento, que preside Kamel Athié Flores, se avaló el dictamen con 16 votos, mientras que los diputados de la Comisión de Recursos Hidráulicos, que preside el perredista Gerardo Gaudiano, quien fue uno de los que abandonó la sesión, votaron 15 a favor.
También se aprobó incluir un adenda que enviaron los grupos parlamentarios para que se incorpore al proyecto de dictamen, que contiene propuesta de modificación y ajuste a diversos artículos. El objetivo es simplificar artículos y evitar duplicidades, ya que las disposiciones ya están reguladas en otros ordenamientos legales.
Antes de iniciar los posicionamientos partidistas sobre el dictamen, Kamel Athié Flores explicó que esta ley para nada toca el Artículo 27 Constitucional, que reserva las aguas como propiedad nacional, tampoco toca la Ley general de Bienes Nacionales, se conserva la propiedad de las aguas para la Nación.
“Queda claro que el agua es y seguirá siendo de los mexicanos, por lo tanto no se privatiza, conservándose las características originales del Artículo 27 de ser inalienable e imprescriptible”.
Explicó que este ordenamiento trata al agua como un asunto estratégico y de seguridad nacional, por lo tanto como un recurso que el Estado deberá proteger bajo su tutela, ya que el agua impacta los sectores más importantes para avanzar en el desarrollo económico y social.
También esta Ley General de Aguas establece las competencias de los tres órdenes de gobierno, la regula estableciendo las funciones que deberá de desempeñar cada nivel en este nuevo sistema general de distribución de competencia.
Finalmente, afirmó que el agua no es sólo un tema ecológico, económico y político donde radican los aspectos de soberanía y seguridad nacional, sino que cruza también los aspectos sociales en términos de equidad de género, salud y especialmente de libertad.