Indígenas violadas hace 12 años piden protección

El Centro de Derechos Humanos de la Montaña Tlachinollan dio a conocer que órganos jurisdiccionales del Poder Judicial de la Federación (PJF) dictaron autos de formal prisión contra cuatro integrantes del Ejército Mexicano, quienes en febrero y marzo de 2002 presuntamente participaron en los ataques sexuales perpetrados contra las indígenas guerrerenses Valentina Rosendo Cantú e Inés Fernández Ortega.

[contextly_sidebar id=”98acb0d4817ebd0e30fa850d8096a506″]Los cuatro militares enfrentan hoy en prisión preventiva acusaciones por los delitos de violación sexual, tortura, abuso de autoridad, entre otros.

Asimismo, considerando los antecedentes de amenazas contra de las indígenas, el Centro Tlachinollan demanda que se garantice la seguridad e integridad de ambas mujeres, sus familiares y sus representantes.

“Será indispensable que la opinión pública nacional e internacional continúe atenta al desarrollo de los juicios, que apenas inician”, señala el Centro en un comunicado.

Por este caso, el Estado mexicano fue juzgado y hallado culpable por la Corte Interamericana de Derechos Humanos, en agosto de 2010.

Los uniformados procesados son el cabo de Infantería Armando Pérez Abarca y el cabo jardinero Nemesio Sierra -presuntos agresores sexuales de Valentina Rosendo-, así como el sargento segundo Hugo Humberto García de León y el cabo de transmisiones Salvador Aguilar Otáñez-implicados en la violación sufrida por Inés Fernández-. Todos estaban asignados al 41 Batallón de Infantería del Ejército Mexicano cuando, en 2002, este contingente fue desplegado en la sierra de Guerrero, como parte de la estrategia federal de combate al narcotráfico.

Cabe destacar que tres de los detenidos aún fungían como elementos activos del Ejército cuando fueron capturados por la PGR, mientras que el cuarto -Nemesio Sierra- había causado baja y al ser detenido se desempeñaba como policía estatal de Guerrero.

Los acusados, quienes entre octubre y diciembre fueron aprehendidos en acciones separadas, por elementos de la Fiscalía Especial para los Delitos de Violencia contra las Mujeres, de la PGR, enfrentan cargos por violación sexual y abuso de autoridad, además de que los implicados en el ataque a Inés Fernández también están acusados de allanamiento de morada y robo, delitos por los cuales podrían alcanzar sentencias que van de 30 a 60 años de prisión, en caso de ser encontrados culpables.