Llevan caso de detención arbitraria y tortura de Juan Carlos Ramírez Michaca ante la ONU

Las abogadas y familia de Juan Carlos Ramírez Michaca presentaron su caso ante el Grupo de Trabajo sobre la Detención Arbitraria (GTDA) de Naciones Unidas, luego de que en 2005 el hombre fue detenido, torturado y sentenciado sin pruebas a más de 70 años de prisión, por lo que suma ya dos décadas privado de la libertad, más de la mitad de su vida.

El GDTA es un mecanismo creado por el Consejo de Derechos Humanos de las Naciones Unidas, que recibe denuncias sobre detenciones arbitrarias ya sea por haber ejercido la libertad de expresión, por discriminación, en un contexto de un proceso injusto y relacionadas con otras violaciones a derechos humanos.

La defensa de Juan Carlos Ramírez Michaca solicitó al Grupo de Trabajo que documente su caso a partir de las pruebas que presentaron: las actuaciones del expediente penal, las entrevistas a testigos presentes en los homicidios, en la detención y en la tortura de Juan Carlos; además de dictámenes periciales médico, psicológico conforme al protocolo de Estambul y otro de impactos psicosociales a la familia.

Las abogadas Araceli Olivos y Roberta Cortés también presentaron los argumentos sobre allanamiento en la vivienda de Juan Carlos Ramírez y la detención en los primeros momentos, retención prolongada, injustificada, fabricación de pruebas, tortura, y todo el proceso de privación de la libertad.

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Con base sólo en la declaración de elementos policiacos, sin orden de aprehensión, Juan Carlos Ramírez Michaca fue detenido cuando tenía 19 años por policías ministeriales que lo sacaron de su domicilio mientras dormía en el municipio de Ecatepec. Con un proceso lleno de inconsistencias, suma más de dos décadas privado se su libertad,tras ser declarado culpable de los asesinatos de dos personas.

Su familia y las abogadas lograron en agosto pasado que un juez autorizara su traslado desde un centro de reclusión en Oaxaca hacia uno en el Estado de México, donde viven su esposa y sus hijos. Con pruebas que contradicen a las autoridades, demandan la libertad del padre de familia.

En 2021, la defensa de Juan Carlos y su familia ingresaron una solicitud de amnistía ante el Congreso del Estado de México. No recibieron respuesta. Desde febrero de este año, consiguieron entrevistarse con la Consejería Jurídica del Estado de México para, con base en evidencias, solicitar el indulto de Ramírez Michaca. Sin embargo, el caso permanece detenido por parte de las autoridades mexiquenses.

“Doble” detención arbitraria

Ante el Grupo de Trabajo, las abogadas de Juan Carlos están planteando que en el caso existen dos detenciones arbitrarias: la de 2005 —cuando lo sacaron en la madrugada de su vivienda y lo torturaron— y otra por ser candidato a la amnistía y no haberle dado oportunidad de seguir un proceso con un resultado de liberación.

“Estamos diciendo que él está también detenido arbitrariamente actualmente desde el 2021, por ser candidato a amnistía y a no permanecer privado de la libertad —explica la abogada Araceli Olivos—. Es algo que se ha hecho poco, de hecho el Grupo de Trabajo no tiene ninguna opinión al respecto todavía de solicitudes así, pero justo en su última visita a México mencionó esta posibilidad de que sea considerada como detención arbitraria: el que personas que podrían acceder a recursos extraordinarios de libertad como la amnistía sean consideradas como víctimas de detención arbitraria también por esa razón”.

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El GTDA deberá analizar los argumentos, las pruebas y emitir una opinión, luego de solicitar también información a las autoridades mexicanas. Con base en ello llega a conclusiones y emite opiniones y recomendaciones, entre las que puede incluirse la de otorgarle su liberación a Juan Carlos, además de justicia, verdad y reparación del daño.

“Para nosotras lo más importante sería lograr que el grupo de trabajo recomiende la libertad de Juan Carlos. Eso es algo que sí podría ser el grupo de trabajo”, enfatiza la abogada Araceli Olivos.

Si bien este proceso suele durar hasta unos cuatro años, la defensa busca que la denuncia internacional permita que en 2026 las comunicaciones con las autoridades sean constantes.

Solicitud de indulto

Desde el 22 febrero de 2025, la familia y las defensoras de Juan Carlos Ramírez han buscado el indulto a través de la Consejería Jurídica del Estado de México, sin embargo, no han obtenido ninguna respuesta por parte del gobierno que encabeza Delfina Gómez.

“Nosotras estamos ya bastante desesperadas porque llevamos meses pidiéndole una reunión a la Consejería y simplemente nos la han postergado, negado”, señala Araceli Olivos. La consejería debe trabajar con base en información que le haga llegar el Instituto de la Defensoría Pública del Estado de México, con quien la familia había tenido contacto y se habían comprometido a que el caso avanzara, lo cual no ha sucedido, ya que ese organismo cambió de titular.

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“Hasta ahora no tenemos ni siquiera un acuse de recibo y no hemos podido sentarnos a exponer el caso de una forma que le permita a la Consejería tener certeza de que lo que decimos está probado y agilizar un poco un posible proyecto de su parte para alguna vía de libertad, que podría ser amnistía, pero podría ser indulto también”, lamenta la abogada.

Reunión con la ONU

El pasado 6 de noviembre, la Organización Mundial contra la Tortura y por el colectivo Tejiendo Redes contra la Tortura, conformada mayormente por sobrevivientes y familiares sobrevivientes de este delito, organizaron un encuentro para exponer sus casos con Humberto Henderson, representante de la Oficina en México del Alto Comisionado de las Naciones Unidas para los Derechos Humanos.

En la reunión coordinada también por también la Colectiva Pervivencias y la Red Nacional de Peritas Independientes contra la Tortura, estuvo el colectivo Verdad Justicia y Libertad de Juan Carlos Michaca, donde se encuentran sus familiares y amigos.

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A esa reunión acudió Alejandra Estrada, esposa de Juan Carlos Ramírez Michaca, con dos peticiones principales; que la ONU atendiera su caso presentado en septiembre ante el Grupo de Trabajo de Detenciones Arbitrarias por las vías oficiales y que intervinieran en la solicitud de indulto ante el Gobierno del Estado de México.

“Por nuestra parte solicitamos la incidencia ante las autoridades ante quienes se presentó la petición de libertad. Se mostró que el caso se encuentra bien documentado y nos dijeron que rastrearían la denuncia ante el Grupo de Trabajo de Detenciones Arbitrarias. Se sintió un ambiente comprometido con voluntad de dar atención a las problemáticas”, subraya Alejandra Estrada en entrevista.

Alejandra Estrada explica que la Consejería Jurídica, que debe analizar el camino para un posible indulto, recibe la información de la Defensoría Pública, sin embargo, ha manifestado que no obtuvo un resumen como esperaba, por lo que regresarán el documento a la nueva dirección, a cargo de Jose Carlos Neira Cruz, para que tomara conocimiento del caso y nuevamente realizara un estudio.

“Expresé que no podía yo estar esperando que con cada cambio de puesto de alguna persona regresáramos al mismo punto. Si ya el director de la Defensoría Pública pasado había dejado un resumen sobre el caso, ¿por qué no retomar desde ahí y continuar a que solo Consejería Jurídica emitiera su criterio sobre el estudio del expediente o del oficio que se entregó el 22 de febrero y ya tuviéramos la reunión como se había acordado para que nos dijeran cuál era el camino que vean más viable? Pero pues al parecer no se pudo lograr”.

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Alejandra Estrada relata que ya se reunió previamente con el nuevo director de la Defensoría Pública, Jose Carlos Neira Cruz, a quien le expuso la demora con la que ha avanzado el caso por los cambios de funcionarios.

“Es el día que no ha ocurrido nada, o sea cada que acudo les expreso que no puedo aguantar más, que no se me hace justo, que la única atención que he tenido ha sido a través de bloqueos, cierres, manifestaciones y que lejos de ahí ya después son puras largas, no nos hacen caso”.

Con los representantes de la ONU, acordaron que buscarían una nueva reunión con el representante del Alto Comisionado y otras posibles salidas como realizar algún tipo de mesa para dar seguimiento a los casos.

“Tuve la oportunidad de obsequiarles el dossier del caso de mi esposo, para que pudieran ver de una manera más cortita el resumen del caso. Le entregué en sus manos también lo que se metió ante el grupo de trabajo de detenciones arbitrarias y le entregué el fanzín de la canción de mi hijo”.

Los representantes de la ONU, explica Alejandra Estrada, manifestaron su intención de que darán seguimiento con la incorporación de personas que puedan ayudarles en el avance de los casos.