“No se ha reunido con familias”, colectivos reprochan a Sheinbaum falta de atención a desapariciones
Marcela Nochebuena · 30 de enero de 2025
El 29 de octubre de 2024 en su conferencia la presidenta Claudia Sheinbaum aseguró que reforzaría el contacto con las madres buscadoras. Tras esa mención, familiares de personas desaparecidas le hicieron llegar una carta a ella y a la Secretaría de Gobernación para concretar una reunión, pero “hasta la fecha no se ha reunido con los familiares y tampoco ha mencionado cuáles serán las políticas públicas del gobierno federal, así como la coordinación con los estados, para atender esta grave situación”, acusa un balance ciudadano dado a conocer por Red Lupa.
La red es un trabajo colaborativo entre familiares de personas desaparecidas, integrantes de organizaciones civiles, académicas y periodistas para hacer una evaluación ciudadana de la implementación de la Ley General y las leyes locales en materia de desaparición de personas, y en su balance más reciente destacan las deficiencias en las fiscalías especializadas en desaparición de personas.
Cuatro estados, Durango, Sonora, Oaxaca y Yucatán, aún no cuentan con una, mientras que existe una desigualdad en la distribución geográfica de las fiscalías especializadas del resto de las entidades, señala el colectivo.
“Mientras que en algunos Estados como Jalisco, Nuevo León y Veracruz se han consolidado estructuras más robustas, otros Estados, principalmente en el sur y sureste del país, aún carecen de fiscalías especializadas o no han logrado fortalecer las existentes. La falta de recursos y la escasez de personal capacitado son algunas de las razones por las cuales ciertos estados no han avanzado en esta implementación”, asienta el documento.
En muchos casos, incluso con la fiscalía especializada ya creada, estos órganos tienen falta de personal capacitado y de recursos suficientes. Además, la capacitación especializada en perspectiva de género, derechos humanos y el manejo adecuado de víctimas sigue siendo una necesidad urgente para asegurar que cumplan su función de manera efectiva, sostiene la red. El tema de los presupuestos dedicados a esas áreas, agrega, sigue siendo una barrera significativa para garantizar que las fiscalías puedan operar al máximo de su capacidad.
Por otro lado, la Comisión Ejecutiva de Atención a Víctimas hasta ahora no tiene una política de atención y reparación de víctimas de desaparición, ni siquiera para las víctimas de la “guerra sucia”, señalan las organizaciones. Desde su perspectiva, solo provee un limitado servicio de asesoría jurídica para las víctimas de desaparición.
En tanto, pese a que desde 2023 la Comisión Nacional de Búsqueda ofreció una mejora del Registro Nacional de Personas Desaparecidas y No Localizadas para contar con información de más calidad, esto no ha sucedido. El organismo sigue sin generar un Programa Nacional de búsqueda y localización, que debería haberse publicado el 12 de septiembre de 2018.
Del mismo modo, el Centro Nacional de Identificación Humana fue creado jurídicamente, pero no existe en los hechos. Al mismo tiempo, la Fiscalía General de la República no ha puesto en marcha, pese a que anunció el inicio de sus funciones, el Banco Nacional de Datos Forenses. De acuerdo con la red, no existe información pública de su grado de avance ni sus resultados. Tampoco ha dado a conocer un Programa Nacional de Exhumaciones e identificación forense.
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Avances estatales a medias en búsqueda de personas desaparecidas
Además de los largos pendientes a nivel federal, solo la mitad de los estados del país, sostiene el balance ciudadano, tiene consejos ciudadanos de búsqueda, mientras que menos de un tercio de estos cuentan con panteones forenses y centros de identificación humana.
En tanto, Campeche, Chihuahua, Colima, Durango, Guerrero, Michoacán, Quintana Roo y Tamaulipas todavía no cuentan con una ley estatal en materia de desaparición. Aunque todas las entidades tienen hoy una Ley de Víctimas, solo 19 de 32 estados han publicado una ley en declaración especial de ausencia de personas.
“Aunque se han realizado avances en algunos, persisten importantes vacíos normativos y operativos que dificultan el cumplimiento de estos derechos. Es urgente que todas las entidades federativas no solo creen las leyes, sino que las implementen adecuadamente, asegurando que las víctimas tengan acceso real a esta figura”, consigna el documento.
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Entre los principales problemas identificados por la Red Lupa está la deficiente información sobre el número total de personas desaparecidas, los datos insuficientes sobre el número de fragmentos humanos que deben ser identificados, la nula capacidad para atender una enorme tarea de identificación humana, el abandono de los casos llamados de “larga data”, y la carencia de planes estratégicos que orienten y articulen las acciones necesarias.
Además, hasta ahora no existe una política expresa en materia de desaparición de personas, hay debilidades y vacíos en la capacitación y preparación técnica de las personas encargadas de implementar procesos de búsqueda, así como la falta de priorización del fenómeno de desapariciones en México, tanto en los procesos de investigación como en los de administración de justicia, identificación humana, asesoría técnica, asistencia, atención y reparación.
Aunado a ello persisten pocos espacios para la participación de las víctimas y la atención de sus necesidades, a lo que se suma el alto nivel de impunidad en los delitos derivados de la desaparición de personas, lo que permite que los agresores continúen perpetrando el delito de desaparición para obtener el control territorial y el desarrollo de sus planes criminales, concluye la red.
