Organizaciones y colectivas exigen la derogación total del delito de aborto en los Códigos Penales

A cuatro años de que la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN) declaró inconstitucional la criminalización de la interrupción del embarazo, organizaciones y colectivos de al menos 25 estados de México han exigido la derogación total de este delito en los códigos penales estatales. 

Esto se basa en la resolución de acción de inconstitucionalidad 148/2017, la cual estableció en septiembre de 2021 que penalizar dicha práctica vulnera los derechos reproductivos de las personas gestantes.

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A través de un comunicado, firmado por al menos 44 organizaciones y colectivas y difundido en la página web abortistas.mx, las partes interesadas también solicitaron la prohibición de la criminalización del aborto voluntario y de emergencias obstétricas.

Ello, señalaron, como forma de conmemoración para que el 7 de septiembre de cada año los diversos movimientos en favor de los derechos sexuales y reproductivos en México exijan a los congresos de los estados, al federal, a las gubernaturas de las entidades y a la presidencia del país lo propuesto.

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El trabajo de las organizaciones colectivas ha permitido sentar precedentes en la legislación mexicana, pues gracias a la presión ejercida se han reformado 20 Códigos Penales en los que se permite la ILE hasta la semana 12.6.

También se realizaron cinco reformas a constituciones estatales para eliminar los artículos que protegían la vida desde la concepción.

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El comunicado firmado por al menos 44 organizaciones y colectivas defensoras de los derechos sexuales y reproductivos señala que “la criminalización no solo es la pena de prisión”, sino que se inicia un proceso desde que existe la presunta concepción de un delito “junto con los mitos, creencias y discursos estigmatizantes que obstaculizan la posibilidad de libremente decidir” sobre los cuerpos.

En ese sentido, cifras del Secretariado Ejecutivo del Sistema Nacional de Seguridad Pública (SESNSP) revelan que de enero a julio de 2025 se iniciaron a nivel federal 522 carpetas de investigación por el delito de aborto en el país.

En el periodo en mención, las tres entidades federativas que registraron el mayor número de querellas por dicho delito son Nuevo León, con 144; Ciudad de México, con 146, y Estado de México, con 66, de acuerdo con la información proporcionada por las fiscalías estatales.

Cabe mencionar que en Ciudad de México, la interrupción del embarazo fue despenalizada en 2007, lo que marcó un precedente para el resto de las entidades federativas, mientras que en Edomex ocurrió en noviembre del año pasado.

Durante este año, los congresos de Yucatán, Tabasco y Campeche han presentado iniciativas para descriminalizar la ILE, aunque, en el primer caso, de manera parcial.

Con ellos, suman ya 24 de las 32 entidades federativas en las que se ha permitido interrumpir el embarazo con ciertas limitantes, como en el caso de Hidalgo, donde solo es posible acceder a este derecho hasta antes de las 12 semanas de gestación.