Denuncian ante Hacienda red sindical que acapara contratos de limpieza
Animal Político · 3 de septiembre de 2026
El Gobierno federal ha recibido denuncias formales para auditar los esquemas de contratación de servicios de limpieza en dependencias e institutos públicos.
Las solicitudes de auditoría entregadas ante la Secretaría de Hacienda y Crédito Público apuntan a desmantelar presuntas redes de intermediarios, combatir el subregistro de personal ante el Instituto Mexicano del Seguro Social (IMSS) y frenar las presiones ejercidas a través de estructuras corporativas y gremiales para obtener recursos públicos.
La atención de las autoridades se centra en el entorno de la Asociación Sindical de Obreros y Empleados de Mantenimiento, Conservación, Limpieza, Seguridad y Servicios en General. Esta organización ha sido encabezada históricamente por Manuel Reyes López, y en su estructura directiva han participado también sus hijos, Marco Antonio Jesús Reyes Saldívar y Myrna Evelyn Reyes Saldívar.
El esquema de cabildeo e intermediación
La operación de este grupo sindical ha sido objeto de diversas investigaciones periodísticas a lo largo de los años. Entre ellas destaca el reportaje “Capufe Leaks”, publicado por Mexicanos Contra la Corrupción y la Impunidad (MCCI).
Dicha investigación, basada en unos 80 correos electrónicos y expedientes de contratación, reveló una red a través de la cual información confidencial de Caminos y Puentes Federales (Capufe) —como techos presupuestales y datos de licitaciones futuras— se filtraba de manera anticipada a empresarios interesados en los contratos de limpieza.
En estos intercambios de información, Reyes Saldívar aparecía como intermediario en la gestión de citas y solicitudes. No obstante, en el ámbito legal, Reyes Saldívar ha rechazado ser propietario, socio, accionista o representante legal de las empresas del ramo que suelen ganar estas licitaciones, tales como Ocram Seyer, Rapax, Semalyn, Kasper o Reisco.
Pese a ello, MCCI documentó transacciones financieras sospechosas hacia la asociación sindical. Por ejemplo, tras la adjudicación de dos contratos de Capufe en 2014, se registraron depósitos por 4.87 millones de pesos en las cuentas del sindicato. Asimismo, correos atribuidos a Reyes mostraban agradecimientos por estos movimientos e incluso peticiones de que posteriores pagos se realizaran en efectivo.
De igual forma, una auditoría del Servicio de Administración Tributaria (SAT) detectó transferencias de la asociación sindical por 3.6 millones de pesos hacia la empresa Reisco Operadora de Servicios, registradas bajo el concepto de préstamo. Estos antecedentes derivaron en una proposición de punto de acuerdo en el Congreso de la Unión en 2017.
Evasión fiscal y precarización
Las irregularidades en el sector de la afanaduría no son nuevas para el gobierno. Desde 2022, la entonces titular del SAT, Raquel Buenrostro, confirmó la apertura de expedientes por presunta evasión fiscal e incumplimiento de cuotas patronales de seguridad social por parte de sindicatos y proveedores.
La funcionaria, actual titular de la Secretaría Anticorrupción y Buen Gobierno, señaló en su momento que algunos líderes sindicales, en lugar de defender a los trabajadores de la limpieza, se dedicaban a proteger a las empresas para evitar que les otorgaran Seguro Social.
Posteriormente, el tema llegó a las conferencias matutinas de Palacio Nacional. El 23 de agosto de 2024, ante el expresidente Andrés Manuel López Obrador, una periodista expuso presuntas irregularidades en la contratación de servicios de limpieza del IMSS-Bienestar, mencionando de manera directa a la firma Ocram Seyer. La reportera señaló que proveedores acusaban favoritismo por parte de funcionarios del instituto y refirió que trabajadores cuestionaban el cumplimiento de sus prestaciones de ley.
El combate al intermediarismo en este sector se ha mantenido en la agenda pública de la actual administración a cargo de Claudia Sheinbaum. El 17 de octubre de 2024, la presidenta cuestionó de forma directa el esquema de subcontractación en los servicios de limpieza del gobierno federal y reconoció las condiciones laborales precarias de los trabajadores.
Sheinbaum planteó buscar alternativas para fomentar la participación de micro, pequeñas y medianas empresas (Mipymes) y evitar que los intermediarios acumulen la rentabilidad del sector.