Denuncian que SSA pretende eliminar medicamentos para la atención del VIH

Activistas y personas que viven con VIH SIDA, denunciaron que las autoridades de la Secretaría de Salud (SSA) pretenden impulsar, sin consultar a especialistas y pacientes del síndrome, una nueva Guía de Manejo Antirretroviral que elimina 17 de las 20 combinaciones de medicamentos que el sector salud otorga en hospitales públicos a los portadores del virus.

La nueva guía, fue presentada hace una semana a los jefes de programas estatales del sector salud en materia de VIH, a quienes se les pidió emitieran comentarios sobre el documento, asegura Carlos García de León, director de prevención y participación social de Centro Nacional para la Prevención y el Control del VIH/SIDA (CENSIDA) de la SSA, quien niega que con la propuesta se pretenda limitar las opciones terapéuticas a los pacientes que viven con el virus.

Luis Adrián Quiroz, activista y uno de los inconformes con el nuevo proyecto de la SSA, explica que la guía vigente en estos momentos contiene más de 20 esquemas de tratamientos que le dan al paciente una mayor movilidad para realizar mezclas de medicamentos o “cócteles”, lo que les permite tener una mejor calidad de vida.  Con el documento que se pretende impulsar sin embargo, “sólo se estarían previendo tres esquemas”.

“Una de mis compañeras que tiene 25 años de vivir con el virus me comentó que con esta nueva guía no podrá continuar con su tratamiento como lo venía haciendo hasta ahora, porque están eliminando  las combinaciones que utilizaba”, comenta por su parte Georgina Gutiérrez, activista e integrante del Movimiento Mexicano Ciudadanía Positiva, quien ayer, junto a los representantes de otras 38 organizaciones civiles, acudieron al edificio de la Secretaría de Salud (SSA) para presentar una carta al secretario de salud, Salomón Chertorivski, donde le piden “detener la imposición y publicación” del documento.

Cifras del Centro Nacional para la prevención y el control del SIDA (CENSIDA) revelan que en México hay poco más de 223 mil personas viviendo con VIH. De este total, 38 mil están siendo atendidas por los hospitales públicos del sector salud.

Denuncian corrupción

En la carta de dos cuartillas entregada al Secretario de Salud, los activistas enumeran las razones para no aprobar la nueva “Guía de Manejo Antirretroviral de las Personas que Viven con VIH/Sida”. En el primer punto, aseguran que el documento “no fue avalada” por el grupo de expertos que han elaborado y actualizado la guía en anteriores ediciones. Con esa acción, señalan, se desatendieron los criterios científicos y clínicos que ya se tenían establecidos en tratados internacionales firmados por México, como el incluir a pacientes con VIH en la toma de decisiones de las políticas públicas.

Otra de las inconsistencias señaladas, es que con el esquema de tratamiento propuesto, el de eliminar 17 combinaciones, no se considera la diversidad de situaciones que puede presentar la infección en el paciente, lo que también limita sus opciones terapéuticas. Como ejemplo de ese último punto, explican que se está proponiendo la utilización de un sólo inhibidor de proteasa -nuevo fármaco utilizado para tratar el VIH.  “Parece más un acto de corrupción pues privilegia un medicamento elaborado por un laboratorio que en fechas recientes ha financiado programas de Censida”.

Los activistas denuncian que otro de los puntos negativos del documento, es que restringe la visión clínica sobre la infección por VIH y su atención,  al excluir del tratamiento a mujeres embarazadas y a enfermos de co-infecciones como hepatitis B,C y tuberculosis.

Además, aseguran que al tratar imponer una solicitud de autorización para la utilización de esquemas de tratamientos distintos a los propuestos en la guía, se está burocratizando la atención de las personas que viven con VIH. De acuerdo con la nueva propuesta -de la cual Animal Político obtuvo copia-, se establece que será a través de un grupo de expertos que se definirán estos casos, pero no dice quienes serán los integrantes del grupo, ni los tiempos que tendrán para emitir una respuesta.

“Cuando vemos esto nos recuerda a hace 20 años cuando sólo existían tres medicamentos”, asegura Luis Adrián Quiroz tras presentar la carta.

“Es un tema de evidencia científica no de opinión”

Carlos García de León, director de prevención y participación social de CENSIDA, asegura que la nueva guía no pretende limitar ningún método en específico, pues lo que buscan con delimitar los tratamientos es evitar “actos de corrupción” entre los médicos tratantes del virus, muchos de ellos “cooptados” por laboratorios con viajes o congresos internacionales a cambio de recetar sus medicinas.

Dice que en el caso de los inhibidores de proteasa, la idea de limitar su uso es porque a nivel mundial son medicamentos de segunda línea –que se usan cuando los primeros no funcionan o en una recaída-, de ahí que el objetivo sea utilizarlos únicamente cuando el paciente los requiera.

“Alguien que ya inició su tratamiento va a continuar con el que tenía. Esto es para los pacientes que inician nuevo tratamiento”.

De las acusaciones que hicieron activistas en el sentido de que la nueva guía no tomo en cuenta la opinión de los expertos que en otras ocasiones han participado en su elaboración, así como de los pacientes con VIH, el funcionario platica que se trata de “un tema de evidencia científica no de opinión”.

“Si hacemos una guía de prevención nosotros consultamos a la sociedad civil. Si trabajamos un tema de derechos humanos consultamos a la sociedad civil. Pero si se trata de un tema de evidencia científica, me parece que no debemos hacer una consulta, sólo debemos compartirla y explicarla cuando la guía esté lista. Es como ir al dentista y decirle el tipo de material que te deben poner”.

García de León expuso que esperan que en un plazo de dos semanas la nueva guía se encuentre lista con las apreciaciones que hicieron los encargados de los programas estatales, con el fin de ponerla en marcha a finales del  mes abril. Lo anterior, aún cuando los representantes de 38 organizaciones civiles aseguran que con estas restricciones se está “regresando a 20 años en la atención” de las personas portadoras del virus.