Aumentan asesinatos de defensores ambientales en 2024; México es el cuarto país con más casos

Al pasar de 20 a 25 personas defensoras del medio ambiente que murieron en agresiones letales, estas crecieron un 25 % de 2023 a 2024. De ellas, 21 fueron homicidios y cuatro ejecuciones extrajudiciales.

De acuerdo con el informe 2024 del Centro Mexicano de Derecho Ambiental (Cemda), junto con el 2021, el año pasado ha sido el más letal en la última década. El único con una cifra mayor fue 2017, cuando se contabilizaron 29 víctimas de agresiones letales. Además, el documento registra 94 eventos de agresiones y 236 ataques específicos, en los que el Estado es el agresor en un 65.9 % de los casos. 

La organización Global Witness ubica a México en el cuarto lugar mundial por número de asesinatos a personas defensoras del medio ambiente. Aunque las agresiones en general tuvieron un leve descenso, pues en 2023 habían sumado 123 eventos y 282 agresiones específicas, el número de aquellas perpetradas específicamente por empresas privadas ascendió: pasó de un 15.4 % a 26.5 %.

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El número de ataques perpetrados por agentes del Estado subió de 49.5 % a 65.9 % entre 2023 y 2024, mientras que los atribuidos a la delincuencia organizada descendieron de un 29.6 % a 18 %. “El Estado tuvo la mayor participación en los eventos de agresión contra personas defensoras: una cifra alarmante que creció casi 17 puntos respecto al año anterior”, advierte el Cemda.

Las principales formas de agresión a personas defensoras de los derechos ambientales, además del homicidio, son la intimidación, el hostigamiento, la difamación, la estigmatización y la criminalización. El Cemda llamó la atención respecto al crecimiento de esta última en años recientes como uno de los principales mecanismos para obstaculizar las actividades de defensa. 

Esta consiste en el uso del derecho penal y otras formas punitivas para obstaculizar o impedir la labor de las personas defensoras de derechos humanos. Esta manera de agresión cuenta con un alto número de registros en 2024, advierte el informe, con 20 eventos de agresión durante el año y un total de 77 defensores y defensoras ambientales y del territorio criminalizados. Del total, 28 son hombres y 13 mujeres, mientras que en 36 casos no hay información sobre el género.  

“La criminalización se coloca como el mecanismo más utilizado en nuestro país, en su mayoría por agentes del Estado y empresas, para frenar o impedir la labor de defensa de los derechos humanos ambientales, e interrumpir los procesos de liderazgo en las comunidades, o incluso desintegrarlos”, puntualiza el documento. En muchos casos, además, se acompañó de difamación, estigmatización, uso indebido de la fuerza, robo, amenaza o agresiones físicas.

“¿Quién defiende a los defensores ambientales?” 

Ese es el caso que ha enfrentado durante casi dos años Wilberth Alfonso Nahuat Puc, comisario de la comunidad maya de Santa María Chi, de aproximadamente 500 habitantes, localizada a 21 kilómetros de la capital de Yucatán, Mérida. Sus antecesores se dedicaban a la elaboración del henequén, por lo que la hacienda en la que trabajaban con el paso del tiempo pasó a ser un rancho y luego una granja porcícola.

Se trata de 72 naves con 60 mil cerdos, en sus tres fases: maternidad, destete y engorde, a solo 200 metros de la comunidad. Gradualmente, la empresa empezó a quemar el estiércol de los animales en el sitio, lo cual derivó en la afectación al suelo y el agua de la comunidad.

Al decidir emprender una protesta pacífica en mayo de 2023 para mediar, Wilberth Nahuat fue demandado penalmente por secuestro y despojo. Se habían quejado a las puertas de la empresa, impidiendo el acceso. A Wilberth le impusieron medidas cautelares que lo obligaron a estar tres meses lejos de sus compañeros, que establecieron un campamento, físicamente.  

Luego, el ministerio público lo mandó llamar a una mediación sin que estuviera presente la contraparte. Monitorearon su teléfono y redes sociales. La carpeta 334/2024 sigue vigente, pero ahora está pidiendo la no ejecución de la acción penal; agradece que su comunidad lo seguirá apoyado hasta las últimas consecuencias, mediante amparos que han firmado en respaldo a la lucha por sus derechos. La vida comunitaria ya no es la misma de hace 30 años, remarca, además de que ya han detectado salmonela y una elevación de los niveles de sal en el agua. 

“No obstante de todo lo que ha pasado, fuera de lo emocional, psicológico y el desgaste físico, sigo firme con la convicción y lo reitero: No tengo nada personal con esta empresa, simplemente el respeto a los derechos de una comunidad, que hoy me sigue apoyando… Hay una clara evidencia de que nadie quiere ganarse un problema con una empresa”, lamenta. Wilberth sigue esperando la respuesta del mecanismo federal para su protección.

Gustavo Alanis Ortega, director general del CEMDA, llamó a atajar con mucha decisión la impunidad, que es casi del 99 % en el caso de las agresiones a defensores de los derechos medio ambientales. “Sigue faltando una política pública integral de debida protección a defensores ambientales”, dice, así como fortalecer los mecanismos de protección. Además, México debe dar pasos significativos para implementar el acuerdo de Escazú, que en su artículo 9 establece que a las personas defensoras se les debe garantizar un entorno propio seguro para que hagan su trabajo en ambientes libres de restricciones. 

“Es más que claro que se ha mantenido una violencia estructural y generalizada en contra de quienes defienden el patrimonio natural de nuestro país, y yo creo que lo menos que podemos hacer es exigir respetuosamente el que podamos tener un México en el que existan las garantías efectivas de respeto y protección a los derechos humanos ambientales, y siempre me he preguntado lo siguiente: ¿Quién defiende a los defensores ambientales?”, cuestionó. 

Itzel Arteaga, coordinadora del informe, precisó que Oaxaca, Chiapas, Michoacán, Puebla y Veracruz son las entidades que más agresiones registraron. En conjunto, la suma de las ocurridas en estos estados representan el 53.1 % del total. De todas las agresiones contabilizadas en 2024, se estima que hay 308 víctimas. 

Además, de acuerdo con un análisis realizado por el Cemda, que se incluye en el informe, sobre la evolución de las agresiones en los últimos cinco años, entre 2020 y 2024 se suman 587 eventos de agresiones, mil 428 agresiones específicas y 112 agresiones letales en México. En ese periodo, la mayor parte se ha registrado en Oaxaca, Ciudad de México, Chiapas, Jalisco y Chihuahua. Las principales víctimas de las agresiones en el país han sido las comunidades. 

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Con frecuencia, la labor de defensa ambiental ha estado relacionada con la instalación de megaproyectos y la implementación de sus etapas, así como la creación de nuevas leyes y políticas. Particularmente en 2024 en los proyectos del sector agropecuario fue donde más agresiones se documentaron.

Global Witness hizo énfasis en aquellas agresiones perpetradas contra mujeres que aunque representan un 10 % de los casos a nivel global se dan en contextos complejos donde existen otras violencias detrás: de género,  por ejercer liderazgo y otras añadidas.