Redacción Animal Político · 11 de diciembre de 2025
Si todo el presupuesto de México fuera de 100 pesos, ni un sólo centavo se destinaría a la búsqueda e identificación forense de las personas desaparecidas, pese a la crisis que atraviesa el país, con más de 120 mil reportes de desaparición y 79 mil cuerpos sin identificar.
De acuerdo con un informe “En búsqueda del presupuesto 2024”, elaborado por Elementa DDHH, Política Colectiva y Fundar, en 2024 el gobierno federal y los estados sólo destinaron el 0.036 % del presupuesto en estos temas.

En contraste, la inversión en materia de publicidad oficial (14 mil 147 millones 942 mil pesos) fue casi cuatro veces mayor a lo invertido en investigación, búsqueda e identificación de personas (3 mil 892 millones 13 mil pesos).
El informe destaca que del total de 10 millones 709 mil 856 pesos del dinero estatal y federal de 2024, se destinaron 2 mil 562 millones a la identificación de cuerpos, y mil 330 millones a la búsqueda e investigación de casos de desaparición.
A nivel nacional, al 31 de diciembre de 2024 se registraron 120 mil 469 personas desaparecidas no localizadas, y para el mismo mes de 2023 al menos 79 mil 585 cuerpos sin identificar en el país. En cambio, la capacidad reportada por las unidades de servicios periciales para el almacenamiento de cadáveres fue de 15 mil 507.
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Acerca de estas cifras, las organizaciones alertaron que “esta brecha en el número de personas desaparecidas y los cuerpos sin identificar, así como las grandes diferencias entre estados, confirman que la crisis no es sólo de violencia y desaparición, sino también de capacidad institucional para registrar, identificar y vincular la información”.
Y es que en muchos casos, los servicios forenses operan con rezagos históricos, sin recursos suficientes y con sistemas de información fragmentados, lo que dificulta que los cuerpos sin identificar se conviertan en puntos de verdad y restitución para las familias.

Los datos analizados en el informe señalan que seis entidades concentran el 49.8 % de las personas desaparecidas no localizadas: Jalisco, Tamaulipas, Estado de México, Veracruz, Nuevo León y Michoacán.
En cuanto a los cuerpos sin identificar, destacaron con rezagos forenses críticos Baja California, Ciudad de México, Estado de México. Jalisco, Chihuahua y Zacatecas, con el 63.1% de los casos.
Otro de los datos que destacó el informe es el de las diferencias entre el número reportado de cuerpos sin identificar entre Comisiones Locales de Búsqueda (CLB) y Fiscalías. El Estado de México tiene la mayor disparidad, con cero casos reportados por la CLB y 8 mil 150 registrados en la Fiscalía.
Le sigue la Ciudad de México, con 648 reportes de cuerpos en la Comisión Local y 8 mil 701 en la Fiscalía; en tercer lugar está Jalisco, que registró 3 mil 104 casos en la CLB y 8 mil 69 en la Fiscalía.

El análisis detalla que la distribución del gasto de las CLB sigue mostrando “muy altas disparidades”. El Estado de México (69.35 millones), Jalisco (67.91 millones), Nuevo León (53.15 millones), Sinaloa (53.01 millones) y Zacatecas (49.05 millones) fueron las entidades con mayor gasto destinado para estas instituciones.
Yucatán (1.72 millones), Querétaro (2.63 millones), Tlaxcala (9.85 millones), Campeche (11.05 millones) y Oaxaca (12.04 millones) destinaron el menor presupuesto para las CLB.
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Sobre el presupuesto para la identificación de cuerpos, el análisis menciona que hay una desconexión entre el tamaño del rezago forense y la inversión destinada a atenderlo.
Baja California que concentra más de 13 mil cuerpos sin identificar ocupa el noveno lugar nacional en recursos. En segundo lugar de restos no identificados está la Ciudad de México, que está en el lunar 30 de inversión, mientras que el Estado de México, que ocupa el tercer puesto en acumulación de cuerpos, está en la posición 13 de presupuesto.

Al respecto, las asociaciones exponen que si bien cada estado se encuentra en un momento institucional distinto en la construcción de infraestructura y capacidades forenses, “resulta preocupante que los estados con mayores rezagos no lideren la inversión en identificación“, lo que muestra una falta de correspondencia y coordinación política entre fuentes presupuestarias y el riesgo de que la desigualdad forense siga profundizándose.
A ello se suma que hay precarización laboral de forma estructural en las CLB. Salvo las plazas de base, que corresponden al 19 % del personal, los demás tipos de contratación carecen de prestaciones de seguridad social, estabilidad laboral y certidumbre sobre la permanencia en la institución, situación que impacta directamente la capacidad operativa y la continuidad de los procesos de búsqueda en los estados.
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Ante este panorama, alertan que “es difícil la construcción de un sistema nacional coherente y sostenible que realmente permita a todas las personas volver a casa”.
“Si queremos revertir esta trayectoria, es necesario que el presupuesto público refleje la urgencia del problema y un compromiso político real y verificable con su atención: aumentar sustancialmente la inversión en investigación, búsqueda e identificación de personas“, una solución que plantean debe ser proporcional a los contextos locales y con rendición de cuentas.