Con 800 firmas, personas con discapacidad piden a la Corte garantizar su derecho a la consulta
Eréndira Aquino y Alfredo Maza · 14 de abril de 2026
Hace seis meses, los ministros de la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN) determinaron la reconsideración de una propuesta en materia del derecho a la consulta de personas con discapacidad, luego de escuchar a integrantes de esta población en una audiencia pública. Se comprometieron a presentar un nuevo proyecto sobre los criterios que debe tener este ejercicio; sin embargo, organizaciones y aliados reclaman que hasta ahora eso no ha ocurrido.
Anunciaron que entregarán una carta firmada por más de 800 personas para exigir que se dé una pronta resolución al expediente que puso a debate la ministra Lenia Batres, mismo que fue rechazado por los participantes de la consulta, al considerar que contraviene la Convención sobre los Derechos de las Personas con Discapacidad, de la que México forma parte.
“El derecho a la consulta estaba en riesgo, por eso pedimos que nos escucharan. Participamos más de 200 personas en los tres días de audiencia pública, y en la última sesión preguntamos cuándo tendrían una resolución y respondieron que pronto, pero a seis meses no ha sucedido, el asunto sigue sin resolverse”, comentó en entrevista la activista Martha García, del Movimiento de Personas con Discapacidad.
De acuerdo con Martha, al mes de que se llevó a cabo la audiencia, ella y otro integrante del Movimiento de Personas con Discapacidad enviaron a los ministros una propuesta de tesis relacionada con el proyecto en materia de consulta, y al inicio del año insistieron a la SCJN sobre los criterios para hacer efectivo su derecho, “pero no hemos recibido nada, es por eso que escribimos la carta y convocamos a que se firmara“.
“Abrimos el diálogo; hoy exigimos solución”, la consigna de personas con discapacidad
A través de un comunicado, el colectivo Movimiento de Personas con Discapacidad y la asociación civil Libre Acceso enfatizaron que “el principio de ‘nada sobre las personas con discapacidad sin las personas con discapacidad’ debe ser una realidad y no sólo una aspiración”, por lo que lanzaron la consigna “abrimos el diálogo; hoy exigimos solución”.
Asimismo, subrayan que la ausencia de los lineamientos en materia del derecho a la consulta “ha generado inseguridad jurídica y ha permitido que continúen procesos legislativos sin una participación efectiva, informada y significativa en esta comunidad”, además de que esto “no sólo afecta directamente los derechos de las personas con discapacidad, sino que también debilita la calidad democrática y el Estado de Derecho en México“.
Para Martha García, “tener claras las reglas puede ser bastante provechoso para estos procesos”, como las Mesas Deliberativas de la Consulta Sobre la Ley del Sistema de Cuidados de la Ciudad de México, en las que se convocó la participación de personas con discapacidad para realizar comentarios a la propuesta presentada por el gobierno de la capital.
Al respecto, apuntó: “si bien ya no han tocado el tema, tampoco han emitido postura. Entonces igual y dicen que no van a reconocer esa consulta, o sí pero sólo bajo estos lineamientos, y es algo que sigue sin estar plasmado como un criterio ya formal, y es lo que queremos desde octubre”.
La carta y las firmas para pedir la resolución serán entregadas en el edificio de la SCJN el miércoles 15 de abril a las 13:00 horas, en un acto en el que “se hará un llamado respetuoso a las ministras y ministros para que prioricen este asunto y emitan una resolución que brinde certeza, proteja derechos y siente un precedente robusto”.
Tras rechazo en audiencia pública, Lenia Batres se comprometió a replantear propuesta
El 22 de octubre pasado, durante el tercer día de la audiencia pública sobre el derecho a la consulta de las personas con discapacidad, la ministra Lenia Batres dijo que se iba a reconsiderar el cambio de criterio, luego de que distintos colectivos manifestaron que su propuesta podría generar cargas a esta población.
“¿Qué proponíamos inicialmente? Que solamente pudieran hacerlo a solicitud de personas con discapacidad (el presentar acciones de inconstitucionalidad) y podíamos tener un primer criterio aplicando la acción colectiva”, sin embargo, apuntó, “somos receptivos en esta impresión que le ha dado a más de un colectivo que han venido ayer y antier con nosotros, que nos han planteado de múltiples formas inconformidad sobre este punto, particularmente porque han entendido que se les está pasando una carga y no una facilidad”.
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Batres, quien proponía que para solicitar la invalidez de una norma por falta de consulta a personas con discapacidad se presentaran firmas de integrantes de esta población, expresó en la audiencia que “recogemos la inconformidad o esta apreciación. Sepan ustedes que este punto particularmente lo vamos a reconsiderar, si es que se piensa una carga, pues no es esa la idea, al contrario, la idea es reconocer que tienen la personalidad jurídica”.
El proyecto generó preocupación entre personas con discapacidad, quienes expusieron a los ministros que la consulta “no es un favor ni una petición, sino un compromiso internacional y constitucional“. Sandra Liar, una de las asistentes al diálogo, remarcó que “participar no significa cargar con la obligación de vigilar con lo que el Estado debe garantizar, y sobre todo, no se puede seguir decidiendo desde la mirada de quien no ha vivido las barreras que nosotros enfrentamos”.
Acerca del argumento de la ministra Batres de que algunas de las leyes que se invalidan por falta de consulta ya garantizan los derechos a personas con discapacidad, la abogada Sandra Padilla cuestionó: “¿Quién decide qué nos favorece si no se nos pregunta? Es claro que nos tienen que preguntar en consultas previas a las leyes, aunque sean perfectas“.