Conoce cuatro juicios promovidos en la SCJN precedentes al caso Cassez

Los cinco ministros que integran la primera sala de la Suprema Corte de Justica de la Nación (SCJN) programaron para este miércoles discutir la propuesta de Arturo Zaldívar para dejar en libertad a la ciudadana francesa Florence Cassez, sentenciada por un Tribunal de Justicia mexicano a cumplir una condena de 60 años de cárcel por el delito de secuestro.

Para argumentar jurídicamente la propuesta -en la que se otorga el amparo a Florence-, el ministro Zaldívar consultó 16 sentencias de juicios de amparo promovidos en esa Primera Sala en un lapso de 3 años, así como un juicio celebrado en la Corte Internacional de Justicia (CIJ) de la ONU.

En el caso de los que se celebraron en la primera sala del máximo tribunal, el ministro se encontró con que un gran número de los solicitantes de estos amparos eran ciudadanos que alegaban su inocencia por delitos que no cometieron y por los cuales fueron sentenciados en juzgados y tribunales federales.

El caso más emblemático de los 16 consultados, la revocación de la sentencia por 10 años de cárcel que recibieron dos indígenas tztoziles acusados de transportar cocaína.   Los indígenas (hombre y mujer) obtuvieron su libertad cuando los ministros José Ramón Cossio y Olga Sánchez Cordero determinaron que no habían tenido un juicio justo.

Otro juicio que estudió el ministro fue el que en 2003 promovió el gobierno mexicano contra Estados Unidos ante la CIJ. En la opinión pública el asunto fue conocido como el “caso Avena” –por el apellido de uno de los involucrados.  En sus alegatos, las autoridades mexicanas argumentaron que 52 mexicanos presos en  EU–tres de ellos sentenciados a muerte- no recibieron una adecuada asesoría consular por parte de su país de origen. Finalmente, la Corte le dio la razón a México y ordenó a EU a revisar las sentencias emitidas.

Animal Político te presenta un resumen de varios de los juicios analizados por el ministro Zaldívar para argumentar sus criterios jurídicos y solicitar la liberación de Florence.

Libertad a indígenas tzotziles

Juicio 619/2008: Ponencia de la ministra Olga María Sánchez Cordero.

Resuelto el 6 de mayo de 2009.

La Primera Sala concedió amparo a Sebastiana Gómez Gómez, indígena tzotzil que en 2005 había recibido una sentencia que la condenaba a 10 años de prisión, por haber presuntamente participado en la transportación de cocaína.

Sebastiana, junto al indígena tzotzil Manuel  Hernández Shilón, fueron detenidos el 11 de agosto de 2004, en la frontera de Comalá, Chiapas, cuando viajaban en una camioneta de transporte público procedente de Ciudad Cuauhtémoc y tenía como destino el municipio chiapaneco de Comitán.

Los ministros establecieron que Sebastiana nunca contó con un defensor que hablara su lengua y conociera sus usos y costumbres, además que el tiempo para que se le juzgara y dictara sentencia había sido rebasado.

Los Ministros que votaron a favor de dejarla en libertad a Sebastiana fueron: Sergio Valls, Olga Sánchez Cordero y José Ramón Cossío.

Juicio 22/2010: Ponencia del ministro José Ramón Cossío Díaz.

Resuelto el 2 de febrero de 2011.

Se ordenó la liberación –después de estar 5 años en prisión- del indígena tzotzil Manuel  Hernández Shilón, detenido junto con Sebastiana Gómez Gómez.

Por mayoría de votos, los ministros determinaron que la condición de indígena es una “condición llave” a partir de la cual surge la obligación del Estado de respetar y proteger los derechos de los pueblos indígenas, de acuerdo con lo que establece el artículo 2 de nuestra Ley Suprema, aunado a que se había rebasado el plazo constitucional del proceso, durante el cual se debe resolver la situación jurídica de toda persona.

Dejan sin efectos sentencia de Tribunal Militar

Juicio 448/2010

Ponencia del ministro Arturo Zaldívar Lelo de Larrea.

Resuelto el 13 de julio de 2011.

Ordenaron que quedara sin efectos la pena impuesta a un teniente coronel sentenciado por un tribunal militar por supuesta “alterar la disciplina del servicio”. Los ministros concluyeron que al militar lo enjuiciaron sin pruebas.

Los ministros que votaron a favor del proyecto: Jorge Mario Pardo Rebolledo, Guillermo I. Ortiz Mayagoitia, Olga Sánchez Cordero de García Villegas y Arturo Zaldívar Lelo de Larrea.

Tribunal omitió analizar pruebas

Juicio 715/2010: Ponencia de la ministra Olga María Sanchez Cordero.

Resuelto el 29 de junio de 2011

Los ministros establecieron que un Tribunal Colegiado había omitido realizar un análisis de las supuestas violaciones cometidas en contra de una persona acusada de traficar  6 kilogramos de efedrina, de ahí que ordenara regresar el expediente al Tribunal para que –ahora sí- estudiara las pruebas.

El solicitante del amparo aseguraba en la demanda  que el Ministerio Público nunca acreditó su intención o propósito de transportar la droga, además que desconocía que iba a recoger una sustancia prohibida por la ley.

El caso Avena

El 9 de enero de 2003, el gobierno mexicano interpuso una denuncia ante la Corte Internacional de Justicia contra Estados Unidos, ante la existencia de 52 mexicanos presos en ese país –entre ellos uno de apellido Avena.

De los 52 presos, tres ya habían sido condenados a muerte pero aún no se fijaba la fecha de la sentencia. El gobierno mexicano alegó que ninguno había contado con el derecho de “asistencia consular”.

El 31 de marzo de 2004, los representantes de la Corte fallaron a favor de México y ordenaron al gobierno de Estados Unidos que revisara las condenas de estos mexicanos. A la par, las autoridades estadounidenses se deslindaron del tratado de Viena para evitar futuras demandas.