Redacción Animal Político · 4 de diciembre de 2025
El Congreso de Guanajuato aprobó reformas al Código Civil que modifican la definición de matrimonio para reconocerlo como la unión libre de dos personas, sustituyendo las referencias a “hombre y mujer” por “cónyuges”, con lo que se incorpora explícitamente el matrimonio igualitario en su legislación civil.
La modificación actualiza el marco jurídico local conforme a los criterios de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, que desde 2015 ha determinado que limitar el matrimonio a parejas heterosexuales es inconstitucional.
Durante la discusión, la diputada María Eugenia García Oliveros destacó que la actualización normativa busca homologar la legislación estatal con los estándares constitucionales e internacionales en materia de derechos humanos.
En la misma línea, el diputado Sergio Alejandro Contreras Guerrero afirmó que la exclusión de parejas del mismo sexo carecía de justificación legal y resultaba discriminatoria, subrayando que el marco normativo debe reflejar la realidad social.

La legisladora Sandra Alicia Pedroza Orozco consideró la aprobación como un avance en derechos humanos y un compromiso del Congreso con la igualdad, mientras que el diputado Rodrigo González Zaragoza destacó que el amor debe traducirse en protección e igualdad para todas las personas.
Por su parte, la diputada Susana Bermúdez Cano votó en contra al asegurar que el Código Civil de Guanajuato no contenía disposiciones discriminatorias y que la definición previa del matrimonio no limitaba derechos por orientación sexual. Afirmó que modificar la institución no fortalece el marco jurídico ni responde a las necesidades de la población.
La legisladora Karol Jared González Márquez planteó dudas en torno al uso y significado del término “matrimonio”, destacando su origen etimológico y señalando que su postura no respondía a prejuicios, sino a consideraciones lingüísticas, éticas y legales.
El diputado Jorge Arturo Espadas Galván reiteró que todos los votos emitidos deben ser respetados, enfatizando que las diferencias de opinión no deben ser objeto de descalificación.

En 2025, el Congreso discutió el tema del matrimonio igualitario en dos ocasiones. La primera votación, en mayo, terminó en empate con 18 votos a favor y 18 en contra, lo que impidió avanzar. En una segunda votación, realizada el 5 de junio de 2025, la propuesta fue rechazada con 19 votos en contra y 17 a favor, luego de que la diputada Itzel Mendo, del Partido Verde, votara en contra.
El dictamen finalmente aprobado modifica formalmente el Código Civil estatal y establece la figura del matrimonio como una unión entre dos personas, con derechos y obligaciones basados en el respeto, la igualdad y la ayuda mutua.
Este jueves, tras las intervenciones de los legisladores de todas las fracciones, el dictamen fue aprobado con 25 votos a favor y nueve en contra.
Lo anterior fue celebrado por Ricardo García, subsecretario de la Diversidad Sexual y de Género del estado, quien calificó como un día histórico para activistas, personas de la diversidad sexual y de género, así como para la administración actual, que encabeza la gobernadora Libia Dennise.
En la misma sesión, el Congreso de Guanajuato aprobó reformas al Código Penal para sancionar los esfuerzos por modificar la orientación sexual o la identidad y expresión de género (ECOSIG), con penas de dos a seis años de prisión y multas de veinte a sesenta días, además de que el delito se perseguirá de oficio.
Las modificaciones definen a las llamadas terapias de conversión como métodos con violencia física, moral o psicoemocional destinados a anular la identidad o la orientación sexual. Si los responsables son padres o tutores, se aplicarán multas y tratamiento psicoterapéutico; en adultos, el consentimiento informado excluye responsabilidad penal.
En la discusión, la diputada María Eugenia García Oliveros señaló que los ECOSIG generan daño y no tienen fundamento terapéutico. Luz Itzel Mendo González destacó que son actos de violencia y que sancionarlos representa un avance en derechos humanos.
Por su parte, Miriam Reyes Carmona afirmó que los ECOSIG son prácticas discriminatorias sin validez médica y recordó que ya existen reformas federales para sancionarlos. Subrayó que el objetivo es proteger la libertad y la integridad de las personas.
Finalmente, Sandra Alicia Pedroza Orozco sostuvo que estas prácticas continúan en el estado y reiteró que causan daños físicos y emocionales. Consideró que la aprobación del dictamen es un acto de coherencia y respeto a las libertades. La reforma fue avalada por mayoría..