Plantean más límites y más policías para marchas en DF

La Asamblea Legislativa del Distrito Federal (ALDF) realizó este miércoles 27 de noviembre el primer foro de análisis sobre la eventual regulación de las marchas y la protesta social en la Ciudad de México, teniendo como sede las instalaciones de la Facultad de Derecho de la UNAM, en un ejercicio acompañado, en su arranque y su culminación, de protestas y críticas a su formato, el cual no contempló tiempo suficiente para que el público presentara sus opiniones o dudas a los representantes de los partidos políticos. Las propuestas que más destacaron fueron las que piden más límites para las marchas y mayor presencia policial durante las mismas.

Presentado por el diputado Manuel Granados, presidente de la Comisión de Gobierno de la ALDF, como un “foro de análisis, discusión intercambio de ideas y reflexiones”, el encuentro, sin embargo, fue más bien una conferencia de especialistas propuestos por los distintos partidos, para la cual sólo se programaron, al final, tres participaciones del público, lo que generó la molestia de los estudiantes que acudieron al encuentro, que con gritos y rechiflas obligaron a los legisladores y ponentes a ampliar la sesión, para permitirles tomar la palabra, aunque sólo fue por algunos minutos más.

[contextly_sidebar id=”d365266a515f51cfd8bcf4352edffbcb”]Ese tiempo, sin embargo, fue suficiente para que un alumno, en nombre de los estudiantes de la Facultad de Derecho, leyera un comunicado en el que calificaron el intento de regular las manifestaciones como una medida de “control social, que se enmarca en un contexto de estado de excepción de facto”, por lo que “como estudiantes de la UNAM, manifestamos nuestra irrevocable disposición a defender el derecho a la manifestación pública y a la protesta social, legado del movimiento estudiantil y social de 1968 por la derogación de los artículos 145 y 145 bis del Código Penal Federal, que contenían el tipo penal de disolución social”.

A continuación, te presentamos un resumen de los argumentos en favor y en contra de la regulación de las marchas y plantones en la Ciudad de México, vertidos en este primer ejercicio de “diálogo democrático”, tal como lo describió el diputado Manuel Granados, quien, por cierto, abandonó el encuentro tan pronto como lo dio por inaugurado.

PAN, PRI, PVEM: en favor de la regulación

Invitado en conjunto por los partidos Acción Nacional y Verde Ecologista, el doctor Víctor Martínez Bullé Goyri –del Instituto de Investigaciones Jurídicas– fue no sólo el primer ponente del foro, sino también el primero en ser interrumpido, unos segundos después de tomar la palabra, por un manifestante que, desde fuera del auditorio Benito Juárez de la Facultad de Derecho, aprovechó una ventana abierta para gritar “¡Son rateros, no se hagan: senadores y diputados, todos son rateros!”, luego de lo cual se alejó, mientras la ventana era cerrada.

Y si bien Bullé Goyri asistió al foro a petición de partidos que impulsan la regulación de las manifestaciones, dado su respaldo a esta postura, el investigador universitario aclaró que no pertenece a ningún partido político y, desde una postura independiente, insistió en que “no se puede tratar de construir una normatividad que reprima estas formas de expresión (marchas y plantones), sino que, por el contrario, debe buscarse un marco legal que permita su desarrollo y lo haga compatible con la convivencia social y el respeto a los derechos de los demás”.

La libertad de expresión y manifestación, destacó, “no debe ser excusa para la destrucción de la convivencia social, el orden público, la legalidad y la violación de los derechos de los demás”, aunque, por el otro lado, lamentó, el actual debate legislativo orientado a regular las manifestaciones, “abrió la puerta a medidas autoritarias y a la posibilidad de la represión, porque ahora las marchas se ven como algo negativo y hay que cambiar esa visión”.

Por su parte, el licenciado Ismael González Martínez, invitado por el PRI, recordó que el artículo 9 de la Constitución no sólo establece la libertad de asociación, sino también impone limitaciones “que deben observar los manifestantes”, entre las que destacan convocar sólo con demandas lícitas, sin armas, y sin proferir injurias, incurrir en actos de violencia o amenazar a la autoridad.

Además, aseguró,  en las manifestaciones que ha vivido la Ciudad de México, en los últimos años, se han violado los derechos de comerciantes, turistas, trabajadores, estudiantes e, incluso, pacientes médicos, quienes han visto truncado su derecho al libre tránsito o afectado sus propiedades, y quienes, de forma añadida, han sido víctimas de “discriminación“, ya que sólo “se preserva el derecho de los manifestantes, en perjuicio del derecho que asiste al resto de la población y que, paradójicamente, resulta ser la mayoría”.

La autoridad, señaló, también ha incurrido en violaciones a la ley, al pactar con manifestantes los puntos para establecer plantones, ya que “se coarta el ejercicio de las libertades de industria, comercio o trabajo de los demás, pues el artículo 5 Constitucional indica que el Estado no puede permitir que se lleve a cabo ningún contrato, pacto o convenio que tenga por objeto el menoscabo, la pérdida o el irrevocable sacrificio de la libertad de la persona”.

Por ello, afirmó que la libertad de manifestación, una vez regulada, “deberá limitar la actividad de protesta a ejercerse en lugares destinados a tal efecto y por un tiempo determinado, no podría aceptarse que diversas personas pudieran quedarse a vivir en plantón”.

PRD: menos leyes, más policías

Invitado por el PRD, el jurista y politólogo Isnardo de la Cruz descartó la necesidad de crear más regulaciones a la vida social en la Ciudad de México y, en sustitución, señaló que lo que en realidad requiere el DF son “nuevos cánones, nuevas estrategias y ejes de articulación eficaz, en particular con los que se van a manifestar”, que permitan desarrollar protestas que, de ser necesario, dejen espacio para la circulación de la ciudadanía, en especial en casos de transporte escolar o de emergencias médicas.

En vez de una regulación de las manifestaciones, señaló el especialista, lo que debe crearse en la Ciudad de México son “nuevos circuitos y horizontes de imbricación, de articulación, de acompañamiento”, y como ejemplo puso la manifestación convocada el próximo domingo en el Zócalo capitalino por Andrés Manuel López Obrador, quien se había dicho solicitó al Gobierno del DF la presencia policiaca para garantizar que en su protesta no haya infiltrados.

Así, concluyó el experto invitado por el PRD, la capital del país “no (necesita) nuevas legislaciones, pero sí ofrecer la presencia policial, la cobertura profesional policial”, acompañada de “sensibilidad social, no sólo de las policías, sino de todos los que convocan en calidad de responsable a la protesta en las calles”.

MC: “desenmascarar” a los provocadores 

En su turno al habla, el maestro Jorge Araiza Cervantes, convocado por el partido Movimiento Ciudadano, defendió el derecho a manifestación, irrestricto, debido a que, aseguró, éste se ejerce contra actos arbitrarios de la autoridad, y “la protesta social no se daría, si hubiera buen gobierno”.

El catedrático reclamó “por qué no vamos a protestar, si hay un acto de ley que manda al desempleo a 0 mil trabajadores, o por un acto de ley que den determinar que haya 880 mil muertos y 22 mil desaparecidos”.

Sin embargo, destacó, el verdadero punto a debate no es en realidad el libre ejercicio de la protesta social, sino la infiltración de “provocadores”, enviados a las manifestaciones por la propia autoridad contra la que éstas se organizan.

“No es la primera vez –señaló– ni será la última, en la que se discute si ejercemos o no un derecho, porque hay un riesgo de que haya infiltrados, provocadores, pero siempre los ha habido: el Estado y el gobierno los paga, los mete para desvirtuar y distorsionar el ejercicio de la manifestación que va justamente contra esa autoridad que ha excedido sus funciones, y ahora queremos regularlas, criminalizarlas.”

Y es que esos grupos violentos que se presentan como anarquistas, acusó, “ofenden a los verdaderos anarquistas: ¿qué tiene que ver estas personas con Flores Magón? Ellos no son de izquierda, no son anarquistas, que están programados para descalificar la legitimidad de la protesta y la manifestación.”

Por ello, exigió que en vez de promover la regulación de manifestaciones, se impulse una investigación a fondo “para desenmascarar a los provocadores”.

PT: Martín Esparza, “cómo no protestar”

Luego de hacer un breve recuento de la represión en Cananea, Martín Esparza, líder del Sindicato Mexicano de Electricistas e invitado al foro sobre regulación de marchas por el Partido del Trabajo, aseguró que “un Estado democrático no se puede concebir sin el respeto pleno de las autoridades al ejercicio de la libertad de expresión, que junto con el irrevocable derecho de asociación, garantizan la pluralidad ideológica y la libre expresión de las ideas.”

Por ello, calificó como una “involución en los espacios democráticos” la propuesta impulsada por el PRI, el PVEM y, en particular, el PAN para regular las manifestaciones en la ciudad, con lo que en realidad, destacó, lo que buscan es “criminalizar la protesta, siendo que buena parte de las manifestaciones son consecuencia de la forma en como se condujeron los ex presidentes panistas Vicente Fox y Felipe Calderón.”

Así, se preguntó, “¿cómo no protestar cuando aprueban reformas contrarias a los intereses de los trabajadores, como la laboral? ¿Cómo no protestar contra la reforma educativa que busca privatizar la educación básica? ¿Cómo no protestar contra la reforma energética que pretende entregar el petróleo y la electricidad a manos extranjeras? Por eso –concluyó–, el derecho a defendernos, a protestar, a manifestarnos, no nos lo puede quitar esta caterva de panistas.”

CDHDF: un adelanto del diagnóstico

[contextly_sidebar id=”1ddf0c124bea236a96b287923610f91d”]En representación de la Comisión de Derechos Humanos del DF, el maestro Ricardo Ortega recordó que, actualmente, este organismo realiza un estudio del marco jurídico internacional para aportar elementos de análisis al debate público sobre regulación de las marchas y, sin revelar aún sus conclusiones, sí adelantó algunas de las líneas que se siguen.

En primera instancia, destacó que, en materia de derechos enfrentados, como ocurre en el caso de las marchas con el derecho a la manifestación y el derecho al libre tránsito, “no todas las soluciones se valen, no todas las leyes, aunque sean aprobadas por el poder legislativo, no por ese simple hecho se vuelven constitucionales, convencionales”, razón por la cual, “al establecer restricciones a derechos, éstas deben ser excepcionales, la regla general es que los derechos se intepretan de forma amplia, y las restricciones de manera restrictiva.”

El jurista señaló que “muchas veces aparece la tentación de tipo autoritario, y los problemas de derechos fundamentales se tratan de solucionar a partir de prohibiciones, reglamentaciones o regulaciones que en ocasiones pueden no ser compatibles con el ámbito de los derechos”, y por eso “es una obligación fundamental de las y los legisladores que las normas que aprueben sean compatibles con el marco internacional de protección de los derechos humanos”.

Y en ese contexto, recordó a los integrantes de la Asamblea Legislativa que la jurisprudencia de la Corte Interamericana de Derechos Humanos “nos dice que no todo derecho penal es democrático, y para que lo sea, debe ser de mínima intervención y de última ratio”, lo cual fue contravenido por las recientes reformas al Código Penal del DF, al elevarse las penas en caso de lesión a policías, durante manifestaciones, con lo que “al parecer se usa al derecho penal como una herramienta de primera ratio, como un elemento de política criminal primordial”.

Por ello, demandó a los legisladores capitalinos “reconocer que las restricciones no podrían ser la herramienta más relevante de una política pública (…) No debemos desaparecer derechos, sino, por el contrario, de lo que se trata es de establecer medidas que restrinjan en la menor medida posible el ejercicio de los derechos tanto de las personas que se manifiesta, como de las personas que transitan por el espacio público, y desde luego, defendiendo el legítimo derecho a la protesta social.”

Epílogo: el teléfono…

Aunque el foro fue un espacio básicamente para la exposición de argumentos por parte de los expertos invitados por las bancadas de cada partido político representado en la ALDF, al auditorio Benito Juárez también asistieron algunos legisladores que participaron en el podium, como Jorge Gaviño, Alberto Cinta y Laura Ballesteros, ésta última vicepresidenta de la comisión de Derechos Humanos de la Asamblea Legislativa, quien destacó no por su participación en el debate, sino por su aparente desinterés en lo que se discutía.

Y esto fue así debido a que, durante las dos horas que duró el encuentro, la diputada panista apenas despegó la vista de su teléfono celular y, en algunos casos, cuando esto ocurrió fue no para atender a los ponentes, sino para conversar con personas cercanas.

Cabe destacar que, poco antes de que concluyera el acto, y mientras una alumna de la Facultad de Derecho exponía su inconformidad con las detenciones de jóvenes en las protestas realizadas a lo largo de 2013, la diputada Ballesteros tomó su bolso y se dirigió a la puerta de salida, acompañada de su asistente, pero antes de que pudiera abandonar el auditorio, fue increpada por los alumnos de la UNAM, quienes le exigieron permanecer ahí y escuchar las opiniones del auditorio.

Cuando se consultó a la legisladora la razón de que atendiera su teléfono durante todo el foro, ésta aseguró que estaba “tomando nota” de lo que se exponía, y aunque ofreció mostrar dichas notas, para probar que decía la verdad, al final optó por no hacerlo, ya que se trataba de apuntes “de uso personal”, afirmó.

Aquí puedes ver el video del proceder de Ballesteros en el foro: