Dulce Ramos · 5 de junio de 2012
La Jornada publica hoy que “los pueblos indígenas ofendidos han empezado a unirse y organizarse para actuar en contra del padre Gerardo Silvestre Hernández (acusado de abusos sexuales contra cuando menos 45 niños y jóvenes) y, si el caso lo amerita, en contra del arzobispo (José Luis Chávez Botello)”, señalaron siete sacerdotes diocesanos al advertir que el mencionado jerarca religioso ponía “oídos sordos” desde 2009 a los fundados señalamientos contra su protegido. De esas denuncias conocieron desde años atrás el gobierno de Oaxaca, Desarrollo Integral de la Familia (DIF) y la Comisión Estatal de Derechos Humanos (CEDH).
Por la insistencia con que el padre Gerardo decía que el arzobispo no le podía hacer nada, la forma como actuaron los enviados y la solución que dio la autoridad eclesiástica, en los pueblos ofendidos se comenta, para desprestigio del obispo y de sus delegados, que defienden al padre Silvestre porque son de la misma calaña, aseguraron los siete sacerdotes, a los que en posteriores diligencias se unieron otros tres. “Esta problemática se comenta en muchos círculos de la sociedad oaxaqueña con mucha indignación, afirmando que en Oaxaca estamos viviendo exactamente lo mismo que el Papa trata de erradicar: pederastia de un clérigo y encubrimiento de él por parte del arzobispo: alejando del lugar de sus delitos al pederasta y haciendo desaparecer de la región a los testigos más cualificados –los sacerdotes que escuchaban a las víctimas– y callando a los sacerdotes que quedan en el decanato”, declararon los presbíteros Manuel Arias Montes, Sergio Herrera Arias, Miguel Ángel Morelos García, Jorge Pérez García, Juan Antonio Jiménez, Guillermo Velázquez Gordillo y Juan Ruiz Carreño.
Los curas denunciantes afirman que el 16 de junio de 2009 al pedir al arzobispo que recibiera a las víctimas, nos respondió que no puede estar recibiendo a cada persona que quiera hablar con él. Le insistimos que, a causa de no escuchar a la gente, su autoridad moral se ha ido menguando y se ha ido desplazando hacia diferentes sacerdotes que los escuchan y a entidades civiles. Le pidieron que una instancia eclesiástica hiciera una investigación honesta y objetiva pero, “conociendo la deshonestidad con la que ha actuado en muchos casos el padre Uvi (Wilfrido Mayrén Peláez), su hombre de confianza, le dijimos que ojalá no fuera él quien estuviera haciendo la investigación”. Sin embargo, el arzobispo Chávez Botello les mandó al padre Uvi como investigador y ejecutor de una serie de castigos.
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