Comunidades rarámuri denuncian daños por megaproyecto turístico Barrancas del Cobre ante la CIDH
Animal Político · 31 de octubre de 2026
Las comunidades rarámuri de Huitosachi, Mogótavo y Bacajípare denunciaron ante la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) que el Estado mexicano incumple una sentencia de la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN) emitida en 2012 y no ha reparado los daños territoriales, ambientales y comunitarios ocasionados por el megaproyecto turístico Barrancas del Cobre, en Chihuahua, que comenzó a desarrollarse sin consulta previa a los pueblos indígenas.
Durante una audiencia pública realizada el jueves en Panamá, las comunidades expusieron que el proyecto ha provocado contaminación de ríos y arroyos por aguas residuales, acumulación de basura, despojo de tierras y falta de acceso a los beneficios económicos de la actividad turística. También denunciaron presiones para que Huitosachi acepte la instalación de una planta tratadora y un vertedero de aguas residuales en su territorio.
En respuesta, representantes del Estado mexicano rechazaron que se hayan vulnerado los derechos humanos de las comunidades y presentaron acciones de reconocimiento territorial, participación comunitaria e inspección ambiental. Sin embargo, reconocieron que persisten asuntos pendientes relacionados con el acceso al agua y el saneamiento.
La audiencia correspondió al caso 14.765, relacionado con las presuntas afectaciones a los derechos territoriales de las tres comunidades y la implementación del proyecto sin consulta previa, libre e informada. La CIDH recibió el testimonio de una de las presuntas víctimas y los argumentos de ambas partes para determinar si México incurrió en responsabilidad internacional.
Despojo territorial y contaminación del agua
Durante sus alegatos, Carmen Herrera, asesora legal de las comunidades y organizaciones peticionarias, explicó que las afectaciones comenzaron antes de la construcción de la infraestructura turística. En 2009, Huitosachi y Mogótavo recibieron amenazas de particulares que tenían los títulos de propiedad de sus territorios, quienes les advirtieron que serían desalojadas por la fuerza si no se retiraban voluntariamente.
En ese mismo periodo, niñas y niños de Bacajípare comenzaron a presentar brotes de alergia en la piel. Al investigar las causas, las comunidades encontraron que el hotel Mirador descargaba aguas residuales en la microcuenca de la localidad, contaminando la fuente utilizada para consumo humano.
El proyecto turístico se originó a partir de un fideicomiso aprobado por el Congreso de Chihuahua el 1 de enero de 1997, cuyo objetivo era promover el desarrollo turístico de la Sierra Tarahumara mediante un modelo que favoreciera el arraigo digno y productivo de la población indígena.
Para su construcción, el gobierno federal realizó una aportación financiada por el Banco Interamericano de Desarrollo, a la que se sumaron recursos estatales e inversiones privadas. Hasta 2012, la inversión alcanzaba aproximadamente 24 millones de dólares.
Sin embargo, Herrera afirmó que las comunidades nunca fueron informadas ni convocadas para participar en las decisiones. También denunció que parte de la infraestructura se construyó sobre terrenos despojados a los pueblos indígenas, entre ellos 150 hectáreas correspondientes a Mogótavo y 20 hectáreas de Bacajípare.
El complejo turístico incluye un aeropuerto en la comunidad vecina de Repechique, 242 kilómetros de carreteras, la presa Sitúriachi y alrededor de 2 mil 700 habitaciones de hotel. También cuenta con el Parque de Aventura, inaugurado en 2010, que dispone de un teleférico de tres kilómetros, siete tirolesas, puentes colgantes y otras instalaciones recreativas.
De acuerdo con la representación comunitaria, el año pasado acudieron a la zona más de 150 mil turistas, que dejaron una derrama económica aproximada de 291 millones de pesos. No obstante, las comunidades desconocen el destino de los ingresos generados por el parque, administrado por el gobierno de Chihuahua.
En materia laboral, Herrera señaló que de aproximadamente 32 personas contratadas en el parque, solamente seis pertenecen a las comunidades rarámuri.
Señalan incumplimiento de sentencia de la SCJN
Otro de los principales reclamos fue el incumplimiento de la sentencia que la Suprema Corte emitió en marzo de 2012, después de que Huitosachi promoviera un amparo contra las violaciones de derechos relacionadas con el proyecto.
La resolución ordenó crear un Consejo Consultivo Regional en el que participaran las comunidades ubicadas en el área de influencia del desarrollo turístico, así como elaborar un plan anual de desarrollo regional acordado con ellas.
Sin embargo, Herrera sostuvo que el Consejo ha sesionado 51 veces y que los representantes comunitarios comenzaron a contar con intérpretes hasta la reunión número 18, realizada en 2016. Afirmó que las decisiones continúan concentradas en las autoridades y los empresarios.
Como parte de sus propuestas, las comunidades elaboraron el plan regional Nátiga Busuré, presentado al Consejo Consultivo en agosto de 2022. La Secretaría General de Gobierno de Chihuahua respondió que trabajaba en un plan regional para toda la Sierra Tarahumara y que consideraba las propuestas comunitarias.
La representación legal sostuvo que, 14 años después de la sentencia, todavía no existe el plan ordenado por la Suprema Corte.
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También denunció que las autoridades han condicionado el cumplimiento de las resoluciones judiciales a que Huitosachi acepte la instalación de una planta tratadora y un vertedero de aguas residuales en su territorio.
Herrera señaló que el Juzgado Octavo de Distrito ordenó a la Consultoría Técnica Comunitaria elaborar un estudio que fundamente el rechazo de la comunidad a esas instalaciones, bajo apercibimiento de imponerle una multa.
Gobierno rechaza violaciones y reconoce pendientes
En su respuesta, Aldo Medina Valenzuela, director de área de la Coordinación General de Derechos Indígenas del Instituto Nacional de los Pueblos Indígenas (INPI), informó que el gobierno federal impulsa el Plan de Justicia de la Sierra Tarahumara y acciones de restitución y reconocimiento de la propiedad comunal tradicional.
Como ejemplo, mencionó que un tribunal colegiado concedió un amparo a Mogótavo para reconocer la posesión ancestral de sus tierras. También informó que un decreto presidencial reconoció y tituló a la comunidad una fracción del predio Mesa de la Barranca, actualmente denominado Cinco Hermanos.
Por su parte, César Villanueva, director general de Derechos Humanos de la Secretaría de Relaciones Exteriores, sostuvo que la sentencia de la SCJN continúa bajo supervisión judicial y en etapa de cumplimiento.
Juan Enrique Toledo García, subsecretario de Turismo de Chihuahua y secretario técnico del Consejo Consultivo Regional, afirmó que desde 2017 se han realizado procesos de participación comunitaria. Mencionó las consultas sobre una plaza comercial en 2018, un camino de acceso al parque en 2019 y el proyecto Sky Coaster en 2023, que no fue aprobado por las comunidades.
El funcionario también señaló que los pueblos indígenas tienen acceso gratuito al teleférico, espacios para vender sus productos y algunos integrantes trabajan en el Parque Barrancas.
Sobre la planta tratadora, reconoció que desde 2023 se analizan distintas ubicaciones, pero no existe un acuerdo definitivo porque las comunidades han rechazado los predios propuestos.
En materia ambiental, Alejandro Encinas Rodríguez, embajador de México ante la Organización de los Estados Americanos (OEA), informó que la Procuraduría Federal de Protección al Ambiente realizó ocho visitas de inspección a establecimientos de la región entre 2013 y 2026. Añadió que se impusieron suspensiones temporales de actividades generadoras de descargas en los casos del Grupo Divisadero y el operador AEP.
También mencionó que se construyó un sistema integral de agua potable en Huitosachi, con una inversión de 2.6 millones de pesos mediante el programa PROAGUA.
Durante las preguntas de los comisionados, Gloria Monique de Mees cuestionó a las autoridades si consumirían el agua de los ríos y arroyos que las comunidades presentaron como evidencia en un video. Encinas reconoció que no era adecuada para consumo humano. La representación de Contec agregó que las muestras habían registrado en distintos momentos la presencia de coliformes fecales.
La comisionada Marion Bethel también preguntó: “¿Cómo es posible que un proyecto turístico tan grande no haya tenido contemplado con antelación el manejo de aguas negras residuales y desechos sólidos?”.
Al concluir su intervención, Encinas reconoció que las acciones gubernamentales no han resuelto todas las controversias planteadas por las comunidades.
“México comparece ante esta honorable comisión para no desconocer las preocupaciones expresadas por las tres comunidades y tampoco pretende sostener que las acciones desarrolladas durante los últimos años eliminan por sí mismas las controversias históricas planteadas en este procedimiento”, afirmó.
CIDH analizará responsabilidad internacional
Durante la audiencia también se proyectó un video comunitario en el que habitantes de la región denunciaron que las aguas negras se vierten en ríos y arroyos, la basura se acumula en los bosques y las familias deben comprar agua en cisternas debido a la falta de suministro potable.
Asimismo, señalaron que el empleo generado por el turismo es insuficiente y que enfrentan dificultades para acceder a servicios de salud, educación y transporte.
Las comunidades solicitaron a la CIDH que declare la responsabilidad internacional del Estado mexicano, ordene detener las afectaciones y establezca medidas para reparar los daños territoriales, ambientales y comunitarios. También pidieron garantizar su participación efectiva en las decisiones sobre el proyecto y en los beneficios económicos que genera.
El caso fue declarado admisible el 29 de octubre de 2021. Después de escuchar los testimonios y argumentos de ambas partes, la Comisión analizará las pruebas para determinar si México incurrió en responsabilidad internacional y establecer las medidas de reparación correspondientes.
La audiencia se realizó durante el 197 periodo ordinario de sesiones de la CIDH, en el marco de un litigio que las comunidades rarámuri mantienen desde hace más de 15 años.