Dulce Ramos · 22 de octubre de 2014

[contextly_sidebar id=”RJAiDu6SqvfCeI7X7g4shAYvf9jmOj6a”]Ciudadanos y miembros de organizaciones de la sociedad civil enviaron una carta dirigida a las autoridades federales con siete peticiones y recomendaciones para evitar la repetición de hechos como los sucedidos en Iguala la noche del 26 de septiembre, donde murieron 6 personas y desaparecieron 43 estudiantes de la Escuela Normal de Ayotzinapa.
Los firmantes de la carta, entre los que se encuentran María Elena Morera, Alejandro Martí y Claudio X. González, expresaron su “profundo sentimiento de agravio ante los sucesos de violencia ocurridos en Iguala”.
La carta señala la generalizada la indignación frente a la negligencia de las autoridades de los tres órdenes de gobierno en la prevención de los hechos, la atención a las víctimas y la procuración de justicia en el caso y responsabilizaron en conjunto a los partidos políticos por evadir su responsabilidad democrática al designar candidatos vinculados a la delincuencia organizada.
Asimismo, expresaron su solidaridad con las víctimas y se sumaron a “la exigencia de búsqueda de los desaparecidos, verdad y justicia en el caso Iguala”, la cual describieron como “una tragedia humana que debe investigarse hasta sus últimas consecuencias; un crimen que involucra a autoridades constitucionales del Estado Mexicano, que no puede quedar impune.”
Afirmaron también que “lo más grave es que se trata de un episodio más en lo que es, a todas luces, una cadena de sucesos de violencia, abuso y corrupción institucional en el estado de Guerrero.”
“Desafortunadamente, la cadena de acciones y omisiones agraviantes por parte de las instituciones gubernamental son indicativas de un Estado rebasado, que difícilmente podrá responder a la actual crisis sin la colaboración y participación de la ciudadanía e instancias internacionales” afirma el documento.
Las peticiones
Los firmantes afirmaron que los mexicanos y, en particular, las víctimas de Ayotzinapa, “merecemos verdad y justicia; de lo contrario, el riesgo de escalamiento violento del conflicto crece día a día.”
Por lo anterior, exigieron a las autoridades federales que “de manera inmediata tomen las siguientes medidas de coyuntura y transformación institucional”:
1. Instalación de una Comisión de Verdad y Justicia encargada de realizar una investigación exhaustiva del caso, y que emita recomendaciones para la no repetición. Ésta debe integrar mexicanos de reconocido prestigio en la defensoría de derechos humanos y expertos internacionales con experiencia en la conducción de comisiones de verdad.
2. Aprobación inmediata de las reformas legislativas para la eliminación del fuero.
3. Utilización de los mapas políticos e información sobre las autoridades en funciones, con el objetivo de llevar a los procedimientos de justicia correspondientes a funcionarios locales vinculados con el crimen organizado, comenzando con las administraciones de municipios con altos índice de inseguridad.
4. Establecimiento de protocolos de control de confianza como prerrequisito para el registro de candidatos. Para el proceso electoral en curso, exhortamos a los partidos políticos a establecer la obligación de someterse a un control de confianza antes de ser registrados. Para ello exigimos a la autoridad el desarrollo de los protocolos respectivos, y que coadyuve con los partidos en la realización de esos controles. Invitamos a la ciudadanía a estar atentos a este proceso, castigando a los partidos que no estén dispuestos a pasar a sus candidatos por este filtro. Para elecciones subsecuentes, esto deberá quedar en la legislación electoral.
5. Reformar la legislación electoral de manera que el partido político que haya postulado a un representante popular sentenciado por actos criminales durante su gestión quede impedido de participar en la siguiente elección a ese cargo.
6. Retomar la agenda anticorrupción con el involucramiento directo de la ciudadanía en el diseño de instrumentos y procedimientos que doten al Estado de mecanismos vinculantes y efectivos para el combate a la corrupción, la adecuada fiscalización de los recursos públicos y la erradicación de la impunidad en los tres órdenes de gobierno. Garantizar, además, la participación de la sociedad civil organizada en la selección e integración de los órganos anticorrupción.
7. Impulsar una reforma policial democrática que permita contar con policías profesionales en todo el país, certificadas institucionalmente y que rindan cuentas a la sociedad mediante la incorporación de mecanismos de supervisión.
Suscriben:
Posicionamiento caso IGUALA 21 oct 2014 CC_.pdf by http://www.animalpolitico.com
**Nota publicada el 21 de octubre de 2014.