Redacción Animal Político · 27 de septiembre de 2025
La Comisión Nacional de los Derechos Humanos (CNDH) solicitó a la Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana (SSPC) reparar de manera integral el daño ocasionado a una persona que fue detenida y torturada por elementos de la extinta Policía Federal en Reynosa, Tamaulipas, en 2015.
De acuerdo con la Recomendación 190VG/2025, la víctima denunció que el 17 de abril de 2015 policías federales ingresaron de forma violenta a su domicilio, forzaron las puertas y detonaron armas de fuego en el interior de la vivienda, tras lo cual la sometieron, amenazaron y golpearon con el fin de obligarla a aceptar la comisión de un delito.
Durante la detención y retención, la persona sufrió agresiones físicas y psicológicas, documentadas en el expediente de queja presentado en septiembre de 2023.
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La CNDH concluyó que hubo violaciones graves a los derechos humanos, en particular al trato digno, a la integridad y seguridad personal, además de actos constitutivos de tortura para obtener una autoinculpación vinculada con un grupo delictivo.
La Comisión solicitó a la SSPC otorgar medidas de compensación, así como atención médica y psicológica en caso de ser requerida. También pidió colaborar con el seguimiento de la averiguación previa contra los cuatro elementos policiacos señalados y designar a servidores públicos de alto nivel para garantizar el cumplimiento de la recomendación.
El caso documentado en la Recomendación 190VG/2025 se suma a los abusos cometidos por la extinta Policía Federal.
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Entre 2012 y 2016, la corporación incurrió en al menos 55 casos de tortura en distintas entidades del país, de los cuales 31 fueron confirmados en 13 recomendaciones emitidas por la CNDH, mientras que los restantes 24 se consignaron en una recomendación por violaciones graves.
En ese periodo, la Policía Federal se ubicó como la autoridad más señalada por las víctimas de tortura ante la CNDH.
Tan solo entre 2015 y 2017 se presentaron 357 denuncias de este tipo, en 85% de las cuales los agresores fueron elementos de dicha corporación. Además, de las 171 quejas registradas contra la Policía Federal entre 2012 y 2016, 142 correspondieron únicamente a 2016.
Los informes de la Comisión revelaron que en la mayoría de los casos las víctimas fueron detenidas de manera arbitraria, sometidas a tratos crueles y, en algunos episodios, menores de edad fueron torturados.
También quedó documentada la complicidad de policías municipales, militares y funcionarios judiciales o penitenciarios que encubrieron las lesiones causadas por la tortura.