CNDH señala omisiones de fiscalía y forenses en Rancho Izaguirre; buscadoras piden responsables
Redacción Animal Político · 5 de marzo de 2026
La Comisión Nacional de los Derechos Humanos (CNDH) emitió una recomendación dirigida a la Fiscalía del Estado de Jalisco y al Instituto Jalisciense de Ciencias Forenses (IJCF) por irregularidades en el procesamiento de evidencias en el Rancho Izaguirre, en el municipio de Teuchitlán, donde colectivos de búsqueda localizaron objetos y posibles indicios relacionados con personas desaparecidas.
El organismo concluyó que las acciones y omisiones de personal de ambas instituciones derivaron en violaciones a los derechos humanos a la legalidad, a la seguridad jurídica y al acceso a la justicia, al no garantizar una investigación exhaustiva ni la adecuada preservación del lugar de intervención y de los indicios encontrados.
En marzo de 2025, cuando colectivos de familias buscadoras denunciaron que el Rancho Izaguirre funcionaba como un centro de adiestramiento y posible campo de exterminio operado por el Cártel Jalisco Nueva Generación. Desde entonces, familiares de personas desaparecidas han intentado identificar objetos localizados en el lugar para esclarecer el paradero de sus seres queridos.
Omisiones en el procesamiento de indicios
De acuerdo con el análisis de la CNDH, durante las primeras diligencias en el inmueble se documentó la presencia de diversas evidencias que no fueron adecuadamente procesadas por el personal pericial y policial que intervino en el lugar.
El organismo indicó que, pese a que las evidencias fueron registradas en material fotográfico y reportes iniciales, no todas fueron identificadas, levantadas ni sometidas a procesamiento técnico, lo que comprometió la preservación del sitio y la cadena de custodia de los posibles elementos probatorios.
Según el dictamen en materia de criminalística citado en la recomendación, “diversas evidencias localizadas al interior del Inmueble 1 no fueron mencionadas ni sometidas a procesamiento pericial”, a pesar de que su presencia quedó documentada durante las primeras diligencias.
La CNDH agregó que tampoco se encontraron constancias que acreditaran el aseguramiento de algunos objetos ni los registros correspondientes de cadena de custodia, lo que evidenció fallas en la preservación del lugar de los hechos y en la conducción de la investigación.
Familias buscadoras exigen que haya responsables por omisiones en labores de investigación
En un comunicado, el colectivo Guerreros Buscadores de Jalisco reconoció la recomendación 11/2026 emitida por la CNDH sobre el Rancho Izaguirre y reclamaron que desde hace meses habían solicitado la intervención del organismo, por lo que al ser emitida, aseguran, se confirman las denuncias de las familias respecto a las omisiones por parte de autoridades.
“Esta recomendación confirma algo que las familias hemos denunciado desde el inicio: existieron graves omisiones por parte de las autoridades encargadas de la investigación, particularmente en el resguardo del lugar, en el procesamiento de los indicios y en la preservación de la evidencia. Estas fallas vulneraron el derecho de las víctimas y de sus familias a la verdad y a la justicia”.
Pidieron que la verdad de los hechos no sea minimizada pues quienes estuvieron presentes en las diligencias fueron testigos de la magnitud de los hallazgos y que ahora se confirma que en el lugar hubo destrucción de cuerpos.
“En ese lugar se recuperaron múltiples restos humanos calcinados y diariamente se extraían fragmentos óseos que eran colocados incluso en cubetas, evidencia del nivel de violencia que ahí se vivió. Además, en la propia carpeta de investigación federal se reconoce la existencia de crematorios y se establece que los restos humanos encontrados presentaban una degradación térmica que alcanzó temperaturas de hasta 1100 grados centígrados. Estos datos, documentados en los peritajes y en las actas foliadas de las diligencias, confirman que en ese lugar hubo destrucción de cuerpos humanos”.
Aseguraron que no darle la importancia necesaria al caso, sería faltar a la verdad y a la memoria de las víctimas.
Hoy reconocemos que la @CNDH haya emitido la Recomendación 11/2026 sobre lo ocurrido en el Rancho Izaguirre, dirigida a la @FiscaliaJal y a @forensesjalisco Durante meses los colectivos de familias buscadoras exigimos que este organismo tomara cartas en el asunto, porque lo… https://t.co/YWdORbQNNO
— Guerreros Buscadores de Jalisco (@GuerrerosJalisc) March 5, 2026
El colectivo Guerreros Buscadores de Jalisco insistieron en que lo ocurrido en el Rancho Izaguirre no solo fueron irregularidades administrativas durante una investigación sino que en ese lugar hubo asesinatos y se hallaron restos humanos calcinados y que eso también debe ser reconocido. Además de que pidieron que se asuman las responsabilidades sobre las omisiones documentadas.
“Las familias no buscamos confrontación, buscamos verdad. Y la verdad completa implica reconocer la gravedad de lo ocurrido, esclarecer los hechos y garantizar que haya responsabilidades reales para quienes permitieron que estas omisiones sucedieran. Las víctimas merecen justicia, y la sociedad mexicana merece saber toda la verdad sobre lo ocurrido en el Rancho Izaguirre”.
Medidas ordenadas por la CNDH
Como parte de la reparación del daño y de las medidas de no repetición, la CNDH emitió diversas recomendaciones dirigidas a ambas instituciones. Entre ellas, instruyó a la fiscalía de Jalisco y al Instituto Jalisciense de Ciencias Forenses a realizar un acto público de reconocimiento de responsabilidad y disculpa por las violaciones a derechos humanos acreditadas, el cual deberá llevarse a cabo en un plazo máximo de seis meses después de aceptar la recomendación.
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Asimismo, ambas dependencias deberán elaborar o actualizar un protocolo de actuación para la preservación de lugares de intervención, el procesamiento técnico-científico de indicios y el manejo de la cadena de custodia. También tendrán que designar a una persona servidora pública de alto nivel que funja como enlace con la CNDH para dar seguimiento al cumplimiento de las medidas recomendadas.
El organismo también solicitó que las dos instituciones colaboren en los procedimientos administrativos que se inicien en sus contralorías internas contra las personas servidoras públicas señaladas por posibles irregularidades en el caso.
La recomendación incluye, además, acciones específicas para cada institución. En el caso de la fiscalía de Jalisco, se le instruyó implementar un ciclo de formación especializado en derechos humanos y en la conducción de investigaciones, enfocado en la preservación de escenas del crimen, el procesamiento de indicios y el manejo de la cadena de custodia, el cual deberá desarrollarse en un plazo de seis meses.
Por su parte, el Instituto Jalisciense de Ciencias Forenses deberá poner en marcha un programa de capacitación similar para su personal de campo y emitir una circular con lineamientos técnicos sobre el procesamiento de indicios y el manejo de la cadena de custodia, también en un plazo de dos meses después de aceptar la recomendación.