Ivonne Nuñez · 17 de agosto de 2024
Organizaciones de la sociedad civil, encargadas de brindar apoyo a personas migrantes en México, exigieron que se respeten los derechos humanos y se brinde protección, así como asistencia legal a las familias en tránsito que se encuentran en el municipio de Silao, Guanajuato.
Esto después de que elementos de la Guardia Nacional detuvieron un tren de carga que transportaba familias de migrantes durante un operativo de verificación migratoria el pasado 12 de agosto.
De acuerdo con las organizaciones, durante el operativo, los elementos agredieron físicamente a los migrantes, detonaron armas de fuego, retuvieron documentos personales, intentaron separar a las familias, lanzaron amenazas y robaron artículos personales, celulares y dinero.

A través de un comunicado difundido por la Programa de Estudios Sobre Migración de la Universidad Iberoamericana de León, las 10 organizaciones firmantes exigieron a la Comisión Nacional de los Derechos Humanos (CNDH) que inicie una investigación tanto en el Instituto Nacional de Migración (INM) como en la Guardia Nacional por estos hechos y emita las recomendaciones correspondientes.
Esto con el objetivo de deslindar responsabilidades de las autoridades migratorias que ordenaron el operativo, de las que lo ejecutaron y de la intervención de los elementos de la Guardia Nacional.
También pidieron a la Secretaría del Migrante y Enlace Internacional, a la Procuraduría Estatal de Derechos Humanos y al DIF estatal brindar apoyo humanitario, asesoría legal, así como atención médica y psicológica a las víctimas, además de ayudar a que sus documentos y artículos les sean devueltos.

La presunta agresión ocurrida en la madrugada del 12 de agosto se dio a conocer luego de que comenzaran a circular videos en los que se pueden observar a personas a bordo de un tren junto con elementos armados de la Guardia Nacional.
En una de las grabaciones, las personas advierten que no se van a bajar y hacen señalamientos de que se encuentran golpeando a los presentes. En otra, en la que no se puede distinguir nada más que las luces, se escuchan gritos mezclados con detonaciones.
Ante ello, el Instituto Nacional de Migración (INM) señaló en un comunicado que esa noche llevó a cabo un operativo de verificación migratoria junto con autoridades federales en el municipio de Silao de la Victoria.
De acuerdo con su versión, el operativo se realizó en el Punto de Rescate Humanitario (PRH) que se ubica en las vías férreas de la comunidad de Nápoles, lo que resultó en un “rescate” de 60 personas migrantes, de las cuales 14 eran adultos solos y 46 eran integrantes de 12 núcleos familiares.
“Durante el proceso se convocó a las personas a descender del tren, principalmente a quienes viajaban con menores de edad, en ese momento pobladores de la comunidad comenzaron a amedrentar a las autoridades y a incitar a la violencia a las personas migrantes, sin que de ello resultaran personas heridas”, sostuvo.
Asimismo, el INM negó de manera categórica que durante estas acciones perdiera la vida una menor de edad de origen extranjero, como también circuló en redes sociales.
Sobre las nacionalidades, identificó a siete personas de Ecuador; cuatro de Venezuela; una de Colombia; una de Cuba y una de Panamá. En cuanto a los núcleos familiares, según indicó, provienen de Venezuela, Ecuador, Colombia y Perú.
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Dos días después de los hechos, el gobernador de Guanajuato, Diego Sinhue, pidió esperar los peritajes de la Fiscalía General del Estado sobre la presunta agresión y señaló que la Guardia Nacional deberá rendir cuentas “como todos”.
“Esperamos que las autoridades investigadoras hagan su trabajo, el deslinde de responsabilidades y esperamos a la Fiscalía que va a determinar brevemente la responsabilidad”, dijo en entrevista con AM Noticias.