CNDH da carpetazo a queja sobre homicidio encubierto

A través de un proceso de “conciliación” realizado sin conocimiento de la familia denunciante, la Comisión Nacional de Derechos Humanos dio por “solucionado” el expediente de queja abierto el 23 de abril de 2012, relacionado con la muerte del adolescente  yucateco José Felipe Castillo, en cuya investigación la Fiscalía de dicha entidad incurrió en “irregularidades” confirmadas por este organismo autónomo.

“Hace tres días, me llegó vía postal una carta de la CNDH, en la que se me informa que el expediente está cerrado desde el 4 de octubre de 2012, y que ya hubo un acuerdo entre autoridades, a través de un proceso realizado a mis espaldas”,  informó ayer Marco Antonio Castillo, padre del menor cuyo cadáver fue hallado el 13 de julio de 2011 en un lote baldío, horas después de que rompiera el compromiso matrimonial que sostenía con otra adolescente.

Tal como revelan las fotografías tomadas durante las primeras labores periciales, el joven de 17 años murió ahorcado con una camisa, y presentaba una herida de varios centímetros en el cráneo, así como lesiones en todo el cuerpo, mismas que, señaló el padre de la víctima, fueron ignoradas durante la autopsia realizada por las autoridades de Yucatán, para concluir así que se había tratado de un suicidio.

Además, abundó el señor Castillo, la Fiscalía estatal nunca investigó a los familiares de la adolescente con la que su hijo rompió el compromiso marital, a pesar de que, al ser entrevistados por sus agentes, estos reconocieron haber estado en el lote donde José Felipe murió, horas antes de que su cadáver fuera hallado.

“La investigación de la Fiscalía yucateca estaba pagada, y por eso fue orientada de tal modo que se descartara el homicidio, a pesar de que había suficientes indicios que así lo señalaban –recordó el señor Castillo–, y por eso yo denuncié este encubrimiento primero ante la Comisión de Derechos Humanos del estado, pero como no hizo nada, acudí ante la Comisión Nacional.”

 

 

 

Fue así como, el 23 de abril de 2011, el señor Castillo y su esposa se encadenaron a un árbol ante la fachada de la CNDH, para denunciar lo que consideran encubrimiento de las autoridades yucatecas, y horas después el ombudsman nacional anunció que este caso sería atraído para su investigación.

No obstante, denunció el padre de familia, ocho meses después “me hacen llegar por correo cinco hojas en las que, para resumir, me dicen que ya hubo una conciliación entre la CNDH y la Fiscalía de Yucatán… pero, me pregunto, si la conciliación debe darse entre las partes implicadas en un conflicto, ¿por qué yo, que soy la parte denunciante, no sabía de ese acuerdo ni de las procedimientos emprendidos para lograrlo? ¿Por qué la Comisión dio por “solucionado” el asunto desde el 4 de octubre pasado, y por qué me notifica de ello hasta ahora, tres meses después?”

Ésa “fue una conciliación a modo, tibia, para cubrir a las autoridades que, de inicio, encubrieron el asesinato de mi hijo. Pero más allá de que el muerto sea mi hijo, se trata de una vida humana, sea quien sea, cualquier persona que fallezca, no puede ser tratada de esa manera”, remató.

Cabe destacar que, en vida, el joven José Felipe Castillo destacó por su pericia artesanal en la talla de madera, a grado tal que los escudos oficiales que elaboraba han adornado oficinas de políticos de todo el espectro, como Marcelo Ebrard, Carlos Navarrete, Roberto Madrazo, Beatriz Paredes, Humberto Moreira, Manuel Espino, Luis Felipe Bravo Mena, César Nava, Felipe Calderón, así como del ya fallecido Juan Camilo Mouriño.

 

 

 

Sutiles omisiones

El artículo 122 del Reglamento de la CNDH establece que cuando un expediente de queja sea susceptible de ser solucionado por la vía conciliatoria, esto debe ser informado “inmediatamente” al quejoso, “aclarándole en qué consiste el procedimiento, su contenido y sus ventajas”; no obstante, el padre del artesano fallecido negó haber sido informado de que se estaba buscando un arreglo con la Fiscalía de Yucatán, sino hasta tres meses después de que el acuerdo fue oficializado.

Pero esta no es, señaló José Antonio Castillo, la única “omisión irregular” en la que incurrió el ombudsman nacional.

“En el oficio fechado el 31 de octubre de 2012, la CNDH señala que hubo un proceder irregular de los agentes implicados, y aún así da el asunto solucionado –detalló el señor Castillo–, luego de que el 4 de octubre la Fiscalía aceptó ocho sugerencias formuladas por el ombudsman; sin embargo, nunca dice qué irregularidades acreditó, y cuál es su gravedad, simplemente da por concluido el asunto y punto.”

Efectivamente, el oficio V2/97956 del organismo defensor de derechos humanos, dirigido al señor Castillo, establece que en torno a la muerte de su hijo no hubo una correcta integración de la averiguación previa, y señala que las “irregularidades” cometidas por la autoridad serán “referidas en el apartado de observaciones de este documento”, sin embargo, tal apartado no se incluyó en la misiva.

“En el documento me informan que sería adjuntada la lista de irregularidades cometidas por la Fiscalía –insistió Castillo–, pero sólo me entregaron cinco hojitas, y ese apartado de ‘observaciones’ no viene… esa es otra irregularidad en este caso.”

Cabe destacar que entre los ocho puntos que componen el acuerdo conciliatorio entre CNDH y Fiscalía General de Yucatán se encuentran que ésta reconozca a los familiares de José Felipe como coadyuvantes en la investigación; subsanar las irregularidades en las que incurrieron los agentes y que contra estos se abra procedimiento administrativo; incluir en la averiguación previa las evidencias recabadas por el ombudsman; explicar la negativa a practicar una segunda autopsia al cadáver; así como que se repare el daño a los deudos y se les brinde atención victimológica.

Para cumplir “totalmente” con estos puntos, la Fiscalía contó con 90 días (establecidos por ley), que comenzaron a correr el 4 de octubre de 2012, fecha en que aceptó este acuerdo, plazo que, subrayó Marco Antonio Castillo, se cumplió el jueves pasado, 3 de enero, es decir un día antes de que la notificación de que el caso estaba solucionado fue entregada a los deudos.

“Ese plazo se venció –concluyó el padre de familia– y las autoridades de Yucatán no cumplieron ni porque se trataba de un acuerdo a modo.”