CNDH “certificó” al gobierno de Yucatán, pese a incumplir DH

El pasado 9 de enero, la Fiscalía General del Estado de Yucatán se convirtió en la “primera institución” certificada por la Comisión Nacional de Derechos Humanos en materia de respeto a las garantías individuales, esto a pesar de que dicho organismo estatal mantiene el incumplimiento de la más reciente recomendación emitida en su contra por el ombudsman nacional, la 34/2013, relacionada con la inadecuada investigación de la muerte de un adolescente, cuyo caso las autoridades tacharon de “suicidio”, sin haber realizado indagatoria alguna y a pesar de que existían evidencias de que, en realidad, el menor fue víctima de un asesinado.

[contextly_sidebar id=”fc6674f7df2fa0c04faafdc6e9267cbf”]Por esta razón, desde el pasado miércoles 15 de de enero, el padre de ese joven, el señor Marco Antonio Castillo Tzec, se declaró en plantón indefinido ante las oficinas del Gobierno de Yucatán en la Ciudad de México, ubicadas a una cuadra de Reforma, “y aquí me mantendré el tiempo que sea necesario, hasta que el señor gobernador Rolando Zapata Bello se digne a cumplir no sólo la recomendación 34/2013, sino también hasta que se digne a cumplir con su palabra, porque el señor no sólo aceptó todos los puntos recomendatorios, sino que, además, en octubre del año pasado él se comprometió ante mí a que eso lo haría inmediatamente, y hasta el momento no ha hecho nada, el señor es un mentiroso”.

Cabe destacar que, a diferencia de otras recomendaciones, en las que la CNDH concede distintos periodos  para el cumplimiento de los puntos exigidos a la autoridad, en el caso de la recomendación 34/2013 –publicada el 11 de septiembre de 2013– todos sus puntos eran de cumplimiento “inmediato”, ya que ésta fue emitida luego de que el gobierno de Yucatán violara el “acuerdo conciliatorio” con el que, paradójicamente, las autoridades de esa entidad buscaban evitar que el ombudsman nacional les formulara una reconvención oficial.

Entre los puntos de la recomendación 34/2013 que siguen sin cumplimiento, aún cuando han transcurrido cuatro meses desde que debieron haberse acatado, están la obligación de la Fiscalía General de Yucatán de restituir la investigación por la muerte del adolescente (ocurrida en 2011), demanda formulada por la CNDH tras constatar que, en los hechos, las autoridades yucatecas nunca realizaron ninguna actuación tendiente al esclarecimiento de los hechos.

Desde septiembre pasado, además, la Fiscalía de Yucatán debió fincar responsabilidades administrativas y penales en contra de los distintos funcionarios de su estructura que sustrajeron importantes pruebas del expediente, como las prendas que portaba el menor fallecido o su teléfono celular, así como contra los funcionarios judiciales que, negligentemente, realizaron diligencias de forma tardía, ya que las pruebas que buscaban obtener se habían desvanecido, tal como ocurrió en el caso de la sábana de llamadas de dicho celular, la cual fue solicitada más de un año después de ocurrida la muerte, hecho por el cual, según la compañía telefónica, dicha información fuera borrada de sus registros.

Otra prueba sustraída del expediente, denunció el señor Castillo Tzec, es una fotografía tomada por los peritos de la Fiscalía de Yucatán al momento del levantamiento del cadáver, en la cual se muestra una herida de entre 15 y 20 centímetros en el cráneo del menor, misma que no concuerda con la hipótesis oficial de que el menor se quitó la vida por voluntad propia.

Cabe destacar que, aún cuando esa imagen fue sustraída del expediente, el padre del menor conserva una copia, la cual exhibe en cartelones colocados frente a las oficinas del gobierno de Yucatán en el DF, junto con imágenes de las manos del menor, las cuales muestran heridas defensivas en sus dedos, palma y dorso.

Entre las anomalías que debió subsanar el gobierno yucateco en la investigación de esta muerte destaca, además, la falsa autopsia practicada al cadáver, la cual presuntamente se realizó a un cuerpo distinto, ya que en el acta emitida por la Fiscalía de Yucatán no sólo no se registraron las heridas en el cuerpo del menor (de las cuales la familia y la Fiscalía poseen evidencias fotográficas), sino que, de hecho, el nombre del fallecido registrado en dicho documento no coincide con el nombre que en vida llevar el hijo del señor Castillo Tzec.

“Después de haber certificado todas estas violaciones a los derechos humanos de mi hijo –se lamentó el señor Castillo–, y después de constatar que nada ha hecho el gobernador Rolando Zapata para revertir esa situación y hacer justicia, no sé cómo Raúl Plascencia Vilanueva (presidente de la CNDH) se atrevió a certificar que la Fiscalía de Yucatán respeta los derechos humanos de la población… más que una contradicción, eso es una burla“, concluyó.