Ciudadanos exigen al gobierno rendir cuentas en materia de seguridad

[contextly_sidebar id=”885afdba584954d2a4baabca6bac3b08″]No quieren ser invitados sino actores vinculantes en la toma de decisiones en materia de seguridad. A dos semanas de la próxima reunión del Consejo Nacional de Seguridad Pública (CNSP), el órgano rector de la estrategia gubernamental para combatir a la delincuencia que preside el mismo jefe del Ejecutivo, Enrique Peña, sus cinco invitados permanentes que representan a la sociedad civil en el organismo, convocaron a los medios para reclamar una participación más activa.

“En el Consejo Nacional nada más se hacen reportes, es como un consejo empresarial, ahí va el resumen de todas las cosas, no es tan importante como lo que se hace en los comités y en las comisiones y para los ciudadanos es necesario tener ahí una representación (…) Que nos permitan trabajar en los Comités de los diferentes miembros y divisiones del sistema nacional, que se reglamente nuestra participación”, subrayó el presidente de México SOS, el empresario Alejandro Martí.

Él mismo asegura que ya participa en el Secretariado Técnico para la Implementación de la Reforma Penal y asiste a las conferencias de procuradores “pero no es oficial, ahora lo que queremos es que sea oficial porque vendrán nuevos representantes ciudadanos”.

Los cinco invitados pidieron al Secretariado Ejecutivo que rinda cuentas de su gestión. A 18 meses de la entrada del gobierno de Peña Nieto todavía hay acuerdos por incumplir de la administración anterior, como transparentar los protocolos y criterios con los que se construye la base de datos de incidencia delictiva del Centro Nacional de Información para poder evaluarlos. O cumplir el acuerdo de 2010 que preveía un Sistema de Evaluación de Políticas y Acciones de Seguridad Pública en los ámbitos Federal, Estatal, del Distrito Federal y Municipal, integrado por indicadores  de operación, índices delictivos y de victimización.

“Hay poca calidad e inconsistencias en los registros de víctimas, eso no ayuda al estado de las cosas. En desaparecidos tenemos varias categorías y el mismo secretario de Gobernación se confunde”, criticó Edna Jaime, directora de México Evalúa.

Miguel B. Treviño recalcó que más allá de las emergencias coyunturales que ahora ocurren en Michoacán o Tamaulipas, hay que centrarse en procesos de fondo como la certificación de policía, un sistema de indicadores nacional y la implementación adecuada de la reforma penal.

“No seremos un país seguro si no reforzamos las instituciones”. Para ello exigieron la uniformización y profesionalización de la policía, mediante la implementación del Sistema Nacional de Desarrollo Policial, prevista por el Consejo desde hace seis años.

“Hay acuerdos que vienen rezagados desde el 2008, no hay esquemas de seguimiento y evaluación, no hay controles de confianza de la policía, los avances tienen que ir acompañados de fiscalización interna”, señaló María Elena Morera, presidenta de Causa en Común.

Y mostraron desconfianza con el avance de la reforma penal, que debe implementarse en todo el país antes de junio de 2016. “Vamos a tener un problema muy grave con la reforma penal si no se uniforma antes la policía y no se crea una verdadera policía ministerial”, espetó Martí.

“No hay un código nacional policial, una uniformidad ni de prestaciones ni de sueldos ni de salario. No hay un programa concreto de dignificación de la policía, en unos casos tienen sueldos muy malos, en otro un poquito mejor, pero no tienen el respeto que deben tener. Hay que cambiar el estigma y el paradigma policial. No tenemos un sistema de control, está pendiente, a mi me da pavor ver el 2016 con esta policía, necesitamos un sistema nacional unificado con verificaciones y premiación de los policías que lo hagan bien”, agregó el empresario.

En otro orden, exigieron que se hagan públicos los criterios para la asignación de recursos del Fondo de Aportaciones para la Seguridad Pública de los Estados y del Distrito Federal (FASP) y del Subsidio para la Seguridad en los Municipios (SUBSEMUN). Y que se dé a conocer la evaluación del cumplimiento con estos fondos por parte de los estados.

“El problema real estriba en 10 estados y bastantes más municipios, el día que se logre cinchar realmente estos gobiernos, el índice delictivo bajará enormemente, y creo que esta es la estrategia ahora, debemos combatir el cáncer no el cuerpo entero, cuando tu sumas lo general  vemos avances muy conservadores y poco significativos en los últimos 8 años”, concluyó Martí.

Los cinco Invitados permanentes del (CNSP), son Andrea Ambrogi, presidente del Consejo Ciudadano de Seguridad y Justicia del Estado de Puebla; Edna Jaime, directora de México Evalúa; Alejandro Martí, presidente de México SOS; María Elena Morera, presidente de Causa en Común y Miguel B. Treviño, ex director del Consejo Cívico de Instituciones de Nuevo León.