Tras medio año de reveses, Jimena Akari busca apoyo de Edomex para cirugía de reasignación de sexo
Marcela Nochebuena · 29 de diciembre de 2025
Ante la negativa de los servicios de salud del Estado de México para atender el criterio de la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN) que señala que las cirugías de reasignación de género no deben ser consideradas como estéticas y tras batallar legalmente más de medio año para que su derecho sea reconocido, Jimena Akari advierte que no se dará por vencida.
Con ese fin, pidió formalmente la intervención directa de la gobernadora mexiquense, Delfina Gómez, luego de que el Instituto de Seguridad Social del Estado de México y Municipios (Issemym) se negara por completo a continuar con su proceso hasta que haya una sentencia definitiva.
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“Continúa proceso jurídico aún sin resolución ni sentencia, indica no contar con una fecha establecida. De igual forma se continúa sin respuesta del Comité de Ética institucional por lo que se indica continuar seguimiento de proceso al tener sentencia. Por indicación de dirección general se decide no otorgar cita de seguimiento hasta contar con resolución de sentencia”, consigna una nota de evolución expedida por el Issemym el pasado 16 de octubre de 2025.
En julio de este año, Animal Político publicó que Jimena Akari, una mujer trans servidora pública desde hace 9 años, se había enfrentado a que los servicios de salud del Estado de México le negaran la posibilidad de una cirugía de reasignación de género, pese a antecedentes de jurisprudencia nacional e internacional que protegen el derecho de las personas trans a acceder a servicios de salud integrales.
El Issemym inicialmente había dado su visto bueno e incluso hizo una primera programación de la cirugía, cuando llegó el día indicado comunicó que no se haría por falta del visto bueno del comité de bioética.
Ante ello, Jimena ingresó una demanda de amparo, ante la que recibió una respuesta que califica como transfóbica, discriminatoria y obsoleta. Después de que el juez reafirmara la posición del instituto, ingresó una nueva demanda y la queja respectiva ante comisiones de derechos humanos.
Segunda demanda
Ahora, sufrió un nuevo revés con la segunda demanda, que tampoco tuvo un resultado positivo. Luego, al escalar el tema ante el Gobierno del Estado de México, este respondió mediante un oficio el 8 de agosto de 2025 que “se está realizando el diagnóstico situacional de las competencias y habilidades del personal médico que permita otorgarle una atención médica de calidad, debido a que este tipo de procedimientos quirúrgicos no se realizan en el Instituto, y por ende es de suma importancia garantizar la experiencia del personal de salud”.
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En entrevista, Jimena Akari califica de ambigua esa respuesta, además de no fundada ni motivada. Aunque eso sirvió para ingresar nuevas demandas de amparo, estas fueron sobreseídas: una respecto a la omisión del Issemym de emitir un dictamen —lo que ha peleado desde abril— y otra en la que se descartó entrar en materia pretextando un memorándum del 2025, del propio instituto, donde se afirma que la cirugía no puede hacerse por ser estética.
“Ahí es donde me hace muchísimo ruido, porque a final de cuentas un memorándum que no era parte de ese juicio, sino del otro, lo está usando para cerrar también la puerta de este juicio, en primera, y en segunda, la Suprema Corte en noviembre emitió un criterio de que las cirugías de reasignación de género no pueden ser consideradas como estéticas; entonces, en cuanto se publicó, lo metí como evidencia, como hecho notorio, a los dos juicios”, explica.
Resultados
En ambos casos, recurrió a las impugnaciones correspondientes pero será hasta enero, después del periodo vacacional, cuando pueda saber el resultado. Mientras tanto, dijo, esas dos puertas están cerradas, pero “yo no me voy a dejar y voy a seguir fregando”, afirmó.
Por ello, ingresó una nueva solicitud a la oficina de la gobernadora Gómez para pedir su intervención y una nueva queja ante el buzón interno del Issemym.
Para Jimena Akari, el responsable principal de la violencia institucional que ha vivido es el Issemym, y se ha convertido en una violencia institucionalizada, pues de la violación a sus derechos son responsables la dirección general del Centro Médico Arturo Montiel Rojas, la dirección de servicios de salud e irónicamente, el área de no discriminación e igualdad de género del instituto, que validó esas conductas.
“También marco como responsables al juzgado primero y noveno de distrito en Toluca en materias administrativas civil y de trabajo porque prefirieron la forma al fondo, prefirieron quitarse una posible discusión de encima, prefirieron la técnica sobre la vida, así que hago responsables a esas personas de todo este pesar que cargo y de todo lo que me pueda ocurrir en el futuro próximo”, advirtió en sus redes sociales hace unos días.
Sumado a todos sus esfuerzos anteriores, ahora Jimena conserva también una cadena de correos que envió directamente al buzón del Instituto para pedir alguna respuesta, mediación o mesa de trabajo, lo cual fue completamente ignorado. “Claramente, hay una omisión de esa parte, están ignorando el caso, están tratando de que me canse, por lo visto, y esa es la situación actual”, resume.
La Corte sienta precedente, pero el Issemym lo desoye
El memorándum que los juzgados quieren usar como pretexto para no analizar de fondo el caso de Jimena Akari fue expedido por el Issemym el 10 de septiembre de 2025, con el número 207C04010101121/100/2025 en respuesta al juicio de amparo 1531/2025-VII y firmado por el médico Juan Manuel Melchor González, adscrito a la jefatura del servicio de cirugía plástica, reconstructiva y maxilofacial.
“Me permito emitir la siguiente respuesta que corresponde al Servicio de Cirugía Plástica y Reconstructiva: Conforme a lo expuesto por la quejosa en su demanda, y tras una revisión del expediente clínico de la paciente, le informó que el procedimiento de Cirugía de Reasignación de Género (CRG) que solicita no ha podido llevarse a cabo debido a las siguientes circunstancias: ‘Artículo 54. La atención médica no incluirá: Cirugía estética”, señala el documento.
El citado artículo se extrae del capítulo sexto de la atención médica del Reglamento de Servicios de Salud del Issemym, para luego afirmar que la cuestión médico-quirúrgica de la paciente no compromete su vida ni pone en riesgo su salud física, por lo que realizar el procedimiento solicitado — “no requerido médicamente”, subraya entre paréntesis— no es imprescindible para poder continuar con su salud desde el punto de vista médico.
“Es importante señalar que la programación inicial de la paciente para dicho procedimiento obedeció a un error derivado de mi desconocimiento del contenido específico del Reglamento de Servicios de Salud del Issemym en lo relativo a la exclusión de cirugías de carácter estético. En ningún momento existió dolo, negativa intencional ni discriminación hacia la paciente; por el contrario, la intención fue ofrecer una alternativa de atención, sin tener pleno conocimiento de la restricción normativa aplicable”, justifica el médico.
Sin embargo, dicho argumento es contrario a estándares nacionales e internacionales en materia de derechos humanos, fortalecidos en diversas sentencias de la Suprema Corte, pero sobre todo con una de sus más recientes tesis, de noviembre de 2025, relativa al amparo en revisión 1782/2024, derivado de la negativa del Instituto Mexicano del Seguro Social (IMSS) a practicar una cirugía de reasignación de género con el mismo argumento que el Issemym.
En su tesis, el máximo tribunal determina que “no es aceptable que la cirugía referida tenga como único propósito mejorar la apariencia física de la persona quejosa” y , en consecuencia, no debe catalogarse como estética. Por el contrario, los servicios de salud deben atender a las circunstancias específicas que se presentan: transexualidad, disforia y/o trastorno de identidad de género, reasignación sexual y reafirmación legal.
“Su práctica constituye un medio quirúrgico de la ciencia médica que tiene como propósito alcanzar un mayor grado de bienestar general en cuanto a su estado físico, mental, emocional y social. En consecuencia, la solicitud de la persona quejosa debe analizarse desde la perspectiva de que corresponde al Estado, a través de sus instituciones de seguridad social, como el Instituto Mexicano del Seguro Social, garantizar a la persona el derecho de acceso a la salud”, sostiene la Suprema Corte.
Servicios de salud
Ante ello, Jimena Akari subrayó la importancia de que hoy todos los servicios de salud se ajusten a este criterio. “Si bien la tesis habla del IMSS, realmente por analogía aplica para todas las instituciones de seguridad social y es un paso importante para que este derecho pueda llegar incluso a personas que no cuentan con el beneficio de la seguridad social. Lamentablemente, todo esto ha sido ignorado por el Issemym, fue ignorado por los juzgados”, señaló recientemente en un TikTok.
Además, añadió en entrevista, la aprobación de la Ley Integral Trans a nivel nacional es un pendiente que, de aprobarse, también ayudaría a casos como el suyo y los otros que han llegado incluso a la Suprema Corte. Esta iniciativa fue presentada ante el Congreso de la Unión en noviembre de 2023 y contempla uniformar y agrupar todos los derechos de las personas trans, así como tipificar el transfeminicidio.
Esta batalla, que hoy se ha extendido por más de medio año, para ella ha sido muy cansada, valora, desde los efectos en su salud mental de la primera negativa, que se han ido agravando con las subsecuentes. Hasta ahora sigue tomando medicamentos para lograr algún nivel de estabilidad.
“Solo así puedo estar en condiciones de seguir peleando, porque emocionalmente estoy mal… Gracias al apoyo de mi familia, pude salir adelante, pero es algo que no le deseo a nadie… Aparte del desgaste emocional, es una revictimización de que saben que lo que están haciendo está mal y les vale, porque saben que van a salir impunes”, apuntó.
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Con un proceso que pudo haber quedado resuelto en febrero o marzo de este año, Jimena Akari llega a finales de este 2025 con un desgaste físico y emocional terrible, remarca, ante la negativa del Estado a garantizar su acceso integral a la salud.