CIDH reconoce apertura de México al diálogo participativo con víctimas y organizaciones civiles

La Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) reconoció la apertura de México al diálogo participativo con víctimas y organizaciones. Ante familias y colectivos destacó las respuestas a solicitudes de información, la presencia de autoridades en audiencias públicas y los esfuerzos dirigidos a cumplir recomendaciones.

Al presentar el informe de desapariciones en México, la vicepresidenta de la CIDH y relatora para México, Andrea Pochak, dijo que todos los países del continente enfrentan retos en materia de derechos humanos y democracia, pero hay gobiernos que permiten la revisión internacional y otros que cierran espacios de participación.

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“Todos los países de la región enfrentan desafíos en materia de derechos y democracia. México no es la excepción. Sin embargo, para la Comisión Interamericana, con 67 años de historia, hay una clara diferencia entre gobiernos democráticos y gobiernos autoritarios, entre gobiernos con apertura al escrutinio internacional y al diálogo participativo con víctimas y organizaciones, y gobiernos que, por el contrario, reducen el espacio cívico y condicionan el mandato de los organismos internacionales y regionales de derechos humanos. México se encuentra entre los primeros”, señaló.

La organización internacional también destacó como positiva la política de atención a las causas implementado por la presidenta Claudia Sheinbaum desde el inicio de su mandato.

Durante su participación, el Subsecretario de Derechos Humanos, Población y Migración de la Secretaría de Gobernación, Arturo Medina Padilla, recordó que la presidenta instruyó atender la desaparición de personas como una prioridad nacional, donde todas las instituciones del Gobierno de México cooperan para erradicar el delito y atender a las víctimas.

“Las reformas, mecanismos y acciones que hoy impulsa el Estado mexicano han sido construidas escuchando las voces de las víctimas y de sus familias, sus experiencias y sus exigencias. Nos parece importante mencionar y agradecer, que la Comisión haya incorporado los comentarios, información y avances impulsados por el Estado mexicano durante la administración”, precisó.

Medina dijo que también se valora que la Comisión reconozca el enfoque de atención a las causas, los avances en el fortalecimiento institucional, las reformas construidas de la mano de las familias y las acciones en materia de búsqueda e identificación humana.

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Por su parte, el Subsecretario para Asuntos Multilaterales y Derechos Humanos de la Secretaría de Relaciones Exteriores, Enrique Ochoa Martínez subrayó que “las soluciones más efectivas y duraderas se construyen en colaboración con el Estado, a través de sus instituciones, en coordinación con todos los órdenes de gobierno y con la participación activa de la sociedad civil”.

Entre las acciones del Estado mexicano que hoy operan destacan:

1. La Alerta Nacional de Búsqueda de Personas Desaparecidas.
2. La obligación de abrir carpetas de investigación ante el primer reporte de desaparición.
3. La creación de la Base Nacional de Carpetas de Investigación.
4. La creación de la Plataforma Única de Identidad.
5. La obligación de que los estados cuenten con fiscalías especializadas y se creen unidades especializadas relacionadas con este delito.
6. El fortalecimiento del Banco Nacional de datos forenses.
7. El robustecimiento de la Comisión Nacional de Búsqueda con la contratación de especialistas y adquisición de equipamiento.
8. La obligación de que todos los registros oficiales de personas desaparecidas cuenten con datos mínimos para identificar a las personas.
9. La garantía de la coordinación entre las comisiones de búsqueda, las fiscalías estatales y la Fiscalía General de la República
10. La incorporación de las comisiones estatales y nacional de víctimas, así como otras instituciones en el Sistema Nacional de Búsqueda.

Qué dice el informe de la CIDH sobre México

En el informe, la CIDH destacó que “no encontró evidencia de que exista una estrategia desde el Estado para desaparecer personas”, pero señaló la persistencia de una impunidad estructural de este delito.

Por ejemplo, destacó casos como la desaparición de los 43 normalistas de #Ayotzinapa; el hallazgo del Rancho Izaguirre en Teuchitlán, Jalisco; así como la práctica de reclutamiento forzado por parte del crimen organizado de niñas, niños y jóvenes en el país, las de mujeres y personas LGBTIQ+ basadas en su género, de migrantes, de personas defensoras y periodistas por las labores que ejercen.

A su vez, la Comisión adviertió que la impunidad en los casos de desaparición es apremiante y que se evidencia en la casi nula judicialización de casos y la baja emisión de sentencias.

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En el informe también se establecen una serie de desafíos en torno a la alta carga procesal, deficiencias de procedimiento, y en cuanto a las técnicas de investigación conducidas por órganos de procuración de justicia, que incluyen, entre otros, la falta de formulación de planes e hipótesis de investigación que respondan a líneas lógicas de investigación y el encuadre de las conductas ilícitas en los tipos penales adecuados.

Así también se identifican desincentivos y el miedo en la interposición de denuncias, o una inversión de la obligación de investigación hacia las familias. La Comisión plantea que varios de estos retos son subsanables si se recupera la centralidad de las víctimas y sus familias.

Las recomendaciones abarcan medidas para evaluar la eficacia de las estrategias de seguridad ciudadana y el esclarecimiento de responsabilidades estatales; para abordar la búsqueda inmediata diferenciada de personas, así como la investigación y sanción.

Asimismo, la implementación del enfoque masivo en la identificación humana, la coordinación interinstitucional e interoperabilidad de registros y bancos de datos, y el resguardo y entrega digna de cuerpos. También, el acceso efectivo a apoyos económicos para las familias buscadoras y el abordaje de iniciativas de memoria, verdad y justicia sobre desapariciones del pasado y del presente, incluida la colaboración de instituciones de seguridad e inteligencia en la provisión de información. Finalmente, la CIDH reitera su disposición a prestar asistencia técnica para su implementación.