Verónica Fajardo · 10 de septiembre de 2026
Hace 26 años, Raúl Castillejos pagó 10 millones de pesos por 200 hectáreas en Cancún. Hoy, seis años después de su muerte, su hijo Andrés defiende lo que nunca fue oficialmente suyo: un terreno que el municipio reconoció, donde cobraron impuestos, y que ahora niega que existe. La Colonia Chiapaneca Siglo XXI es una de 59 en Benito Juárez catalogadas como invasión, aunque sus residentes compraron la tierra hace más de dos décadas.
De acuerdo con Nora Elizabeth Garza Ramírez, titular del Instituto de Regularización y Vivienda del Ayuntamiento de Benito Juárez en Cancún, Quintana Roo, como este caso, el municipio contempla 207 asentamientos irregulares. De esta cifra, 148 comunidades avanzan en su trámite de incorporación formal, mientras que 59 sectores permanecen excluidos de dicho esquema gubernamental al ser catalogados como invasiones.
Garza Ramírez detalló que 27 colonias ya han iniciado el proceso de municipalización. Asimismo, destacó que en lo que va del año 2026 se han entregado 1,642 escrituras correspondientes a 12 colonias situadas en la zona norte de Cancún.
Leer más: Quintana Roo no es un paraíso para las mujeres
Respecto a las 59 colonias consideradas como invasión, la funcionaria enfatizó que la certeza jurídica depende de una negociación tripartita entre los propietarios de la tierra, los habitantes y el Ayuntamiento. Sin el consenso de estas tres partes, no es posible proceder con la regularización.
Aunque se coordina el trabajo con el gobierno estatal, el Ayuntamiento de Benito Juárez ejecuta su propia planificación urbana mediante el Programa de Regularización del Bienestar Patrimonial, el cual ofrece estímulos legales e institucionales.

El objetivo central de este programa integral es reducir los niveles de informalidad en el uso del suelo urbano y dotar de certeza jurídica a las familias de estos asentamientos. Los ejes principales que abarca son:
Para conocer más del estado: ¿Cómo tramitar tu testamento en Quintana Roo con descuento?
La Colonia Chiapaneca Siglo XXI forma parte de los 59 asentamientos no reconocidos por el gobierno municipal. El origen de la exclusión radica en un conflicto territorial de 26 años entre los ejidatarios y los habitantes, el cual ha incluido diversos intentos de desalojo.
El actual líder comunitario, Andrés Castillejos, encabeza la defensa del territorio, dando continuidad a la labor de su padre, Raúl Castillejos, fallecido hace seis años.
De acuerdo con Andrés Castillejos, hace 26 años un grupo de migrantes chiapanecos liderados por su padre compró 200 hectáreas al ejido Alfredo V. Bonfil por un monto de 10 millones de pesos, una transacción que hasta la fecha los ejidatarios se niegan a reconocer.
Castillejos recordó que durante administraciones municipales anteriores lograron ingresar al padrón catastral para realizar el pago del impuesto predial. Asimismo, la colonia fue integrada dentro del Programa de Ordenamiento Ecológico Local (POEL), instrumento de planeación ambiental y territorial que regula el uso de suelo en el municipio.
El dirigente señaló que con la creación del Instituto de Regularización y Vivienda y la designación de Nora Elizabeth Garza Ramírez al frente, los vecinos confiaron en que se lograría la regularización.
Sin embargo, la comunidad quedó excluida, lo que derivó en movilizaciones y protestas en la explanada del Ayuntamiento de Benito Juárez. A este escenario se sumó un episodio registrado en 2025, cuando un grupo ajeno intentó invadir las 200 hectáreas dentro de la colonia, provocando tensiones y conatos de violencia con los residentes.
Ante la falta de reconocimiento legal, el asentamiento fue removido del POEL, del sistema catastral del predial y de los programas de ordenamiento urbano.
Actualmente, la colonia mantiene un proceso legal ante la Secretaría de la Agraria a nivel federal, instancia que ha emitido observaciones tanto a las autoridades municipales como a los ejidatarios de Alfredo V. Bonfil.
Al ser cuestionada expresamente sobre la situación de la Colonia Chiapaneca Siglo XXI, la titular del Instituto de Regularización, Nora Garza, se limitó a señalar que el sector está clasificado como invasión, declinando dar mayor información.
Andrés Castillejos afirmó que la comunidad permanece en resistencia continua contra presuntos abusos en el cobro de electricidad mediante medidores totalizadores. Señaló que los comités organizados desde el ayuntamiento adquieren atribuciones que afectan a las familias de menores recursos.
Por su parte, Nora Elizabeth Garza aclaró que el Instituto únicamente coordina la conformación de los comités ciudadanos, mientras que la elección de sus representantes corresponde exclusivamente a los vecinos, actuando el municipio solo como testigo.
Respecto a los recursos hídricos de la zona, caracterizada por la presencia de manto freático y reservas de agua dulce, existen señalamientos sobre el interés de las autoridades y de la empresa concesionaria Aguakan por explotar el recurso para el abastecimiento de la zona hotelera.
Al respecto, Castillejos coincidió en que existen presiones sobre dichos recursos y reiteró que la comunidad mantendrá la vía legal ante las instancias federales para exigir el reconocimiento de sus derechos sobre la tierra.
Se buscó la postura del comisariado ejidal de Alfredo V. Bonfil, Adolfo Valdés, para conocer la versión de la representación ejidal; sin embargo, no hubo respuesta a las solicitudes de entrevista.
Por otro lado, el ejidatario José Cruz, quien se identificó como propietario en las colonias El Pedregal y El Milagro, manifestó el interés de un sector de los ejidatarios por dar su versión sobre los 59 asentamientos catalogados como invasión.
Sobre el caso específico de la Colonia Chiapaneca Siglo XXI, Cruz evitó emitir comentarios al considerar que se trata de un conflicto ajeno a las comunidades que registran avances en su proceso de urbanización.
“Queremos ver nuestras colonias desarrolladas y urbanizadas; han pasado 30 años sin que alguna autoridad estatal o municipal resuelva de fondo”, concluyó Cruz, quien se comprometió a convocar a otros representantes ejidales para fijar una postura pública.