Centro Jireh de Rosarito: denuncia de extorsión y operación sin licencia
Ana Lilia Ramírez · 10 de septiembre de 2026
Un video difundido en redes sociales, en el que se observa una confrontación y una presunta agresión física contra un inspector municipal, abrió paso a un conflicto legal que involucra al Centro de Rehabilitación Jireh, ubicado en la colonia Leyes de Reforma, y puso bajo escrutinio el funcionamiento de este establecimiento.
De acuerdo con documentación de una denuncia presentada ante la Fiscalía General del Estado (FGE), consultada y cuya información también se encuentra en manos de Animal Político Baja California, el propietario y representante del centro, Gerardo Alexis Molina Lugo (conocido como Padrino), denunció por presunta extorsión a un inspector municipal de Playas de Rosarito.
Los hechos habrían ocurrido el 6 de abril de 2026, hace más de cinco meses, alrededor de las 11:00 horas, en las instalaciones de Jireh, ubicadas sobre la calle José María, La Fragua, en la colonia Leyes de Reforma.
Denuncia ante FGE: extorsión de 50 mil pesos
En su declaración ante la FGE de Baja California, Molina Lugo señaló al inspector municipal Edgar Abraham N(empleado 4789), de acudir al establecimiento para realizar una revisión relacionada con el permiso de uso de suelo.
Según la denuncia, durante la inspección el funcionario habría advertido sobre la posibilidad de clausurar el centro y desalojar a los internos si no se entregaba una cantidad de 50 mil pesos en efectivo, lo que el denunciante calificó como un presunto cobro de “moche”.
Molina Lugo sostuvo que el establecimiento contaba con diversas anuencias y autorizaciones de carácter estatal y federal, así como trámites ante la Comisión Federal para la Protección contra Riesgos Sanitarios (Cofepris). Sin embargo, en su propia declaración reconoció que la Licencia de Operaciones municipal se encontraba en trámite.
Te puede interesar: Escuadrón Violeta rescata a cinco niños maltratados en Ensenada
El propietario afirmó que se negó a entregar el dinero y que el funcionario fue retirado de las instalaciones. Posteriormente, aseguró haber recibido llamadas en las que supuestamente un grupo de inspectores amenazaba con ingresar por la fuerza al inmueble si no reunían la cantidad solicitada.
Estos señalamientos forman parte de una investigación ministerial y, hasta el momento, no constituyen una determinación judicial sobre la existencia de un delito o la responsabilidad de las personas señaladas.
Video de confrontación: agresión a inspector municipal
En paralelo, un video difundido en redes sociales muestra un enfrentamiento ocurrido en el exterior del establecimiento. En las imágenes se observa a Alexis Molina confrontando al funcionario municipal y se aprecia una agresión física.
El material audiovisual dio pie a otra investigación ante la FGE, relacionada con los hechos ocurridos durante el enfrentamiento.
La presidenta municipal de Playas de Rosarito, Rocío Adame, confirmó que existen denuncias relacionadas con la confrontación y sostuvo que los establecimientos de este tipo deben cumplir con la normativa municipal antes de operar.
Más información regional: Suspenden clases presenciales en Baja California por ola de calor
Municipio exige que cumplan con la ley: Rocío Adame
Cuestionada sobre la situación jurídica y administrativa del Centro de Rehabilitación Jireh, la alcaldesa señaló que el establecimiento ha presentado de manera recurrente problemas relacionados con sus permisos de funcionamiento.
“Se les entregó un documento donde tienen que ir cubriendo sus requisitos para que puedan tener el tema de operación… Hay que cumplir con la ley, hay que tener sus permisos, hay que tener en condiciones los lugares porque sí es un apoyo para muchas familias, pero lo deben de hacer bien”, declaró Adame en rueda de prensa.
La presidenta municipal respaldó además la actuación de la Dirección de Reglamentos y confirmó que existe una denuncia presentada por funcionarios municipales a raíz de la confrontación.
“Sí, está en proceso una denuncia de los mismos compañeros que fueron ahí golpeados o les faltaron al respeto. Hay que estar todos dentro de la ley, nadie tiene excusa de no estar con sus permisos debidamente”, señaló.
De esta manera, existen versiones contrapuestas sobre lo ocurrido: por un lado, la denuncia presentada por el propietario del centro sostiene que hubo un presunto intento de extorsión; por otro, autoridades municipales sostienen que sus inspectores fueron agredidos y que el establecimiento debía regularizar su situación administrativa.
La red Jireh en investigación: antecedentes en Tijuana
El caso de la sede de Jireh en Rosarito ocurre en medio de cuestionamientos más amplios sobre la operación y supervisión de centros de rehabilitación en Baja California.
La red Jireh ha estado relacionada públicamente con otros establecimientos que han enfrentado investigaciones y señalamientos derivados de incidentes ocurridos al interior de centros de rehabilitación.
En Tijuana, autoridades sanitarias y corporaciones de seguridad realizaron previamente un operativo en una sede de Jirehque derivó en su clausura definitiva, luego de que se detectaron presuntas irregularidades administrativas y sanitarias, además de hechos que fueron puestos a disposición de las autoridades correspondientes.
Los centros forman parte del movimiento conocido popularmente como “Patrulla Espiritual”, vinculado en la región con el creador de contenido Jesús Osuna, conocido como “El Chiquilín”.
Dos investigaciones abiertas: dónde está cada caso
Hasta el momento, las acusaciones de presunta extorsión, así como las relacionadas con la agresión al funcionario municipal, permanecen bajo investigación de la Fiscalía General del Estado.
La situación administrativa del establecimiento también permanece en el centro del conflicto: mientras el propietario sostiene que contaba con diversas autorizaciones y que la licencia municipal estaba en trámite, el Ayuntamiento ha insistido en que los centros de rehabilitación deben contar con los permisos correspondientes para operar.
La FGE será la instancia encargada de determinar si existen elementos para acreditar los delitos denunciados y, en su caso, establecer las responsabilidades correspondientes.
Por tratarse de una investigación en curso, las personas señaladas conservan su derecho a la presunción de inocencia y a presentar ante las autoridades las pruebas y argumentos que consideren pertinentes.