Caso Digna Ochoa: la impunidad y la verdad pendiente a más de dos décadas de su muerte

Digna Ochoa y Plácido fue una abogada y defensora de derechos humanos que trabajó en casos relacionados con presuntas violaciones cometidas por agentes del Estado. Durante años recibió amenazas y sufrió agresiones que fueron denunciadas por organizaciones nacionales e internacionales.

El 19 de octubre de 2001 fue encontrada sin vida en su despacho de la colonia Roma, en la Ciudad de México. La entonces Procuraduría General de Justicia del Distrito Federal (PGJDF) concluyó que se trató de un supuesto suicidio, pero su familia cuestionó esa versión y señaló irregularidades en las investigaciones.

Más de dos décadas después, la Corte Interamericana de Derechos Humanos responsabilizó al Estado mexicano por las graves deficiencias de la investigación. Sin embargo, la sentencia no determinó quién causó la muerte de la abogada ni resolvió definitivamente qué ocurrió.

¿Quién era Digna Ochoa?

Digna Ochoa nació el 15 de mayo de 1964 en Misantla, Veracruz, y estudió Derecho en la Universidad Veracruzana. 

Se incorporó al Centro de Derechos Humanos Miguel Agustín Pro Juárez (Centro Prodh), donde participó en la defensa de personas involucradas en casos de presuntas violaciones a derechos humanos, incluidos asuntos relacionados con integrantes del Ejército y cuerpos de seguridad.

Entre los casos que acompañó estuvieron los de los ecologistas Rodolfo Montiel y Teodoro Cabrera, así como asuntos vinculados con las masacres de Aguas Blancas y El Charco. Por su trabajo recibió amenazas desde la década de 1990.

La Organización Mundial contra la Tortura (OMCT) documentó que Ochoa y otros integrantes del Centro Prodh fueron objeto de hostigamientos e intimidaciones. En 1999, la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) solicitó al Estado mexicano medidas para proteger su vida e integridad, después de que se denunciara que había sido retenida, interrogada y amenazada.

En el año 2000, la abogada permaneció un tiempo en Estados Unidos y regresó a México en abril de 2001. De acuerdo con la OMCT, posteriormente se reportaron nuevas amenazas relacionadas con su labor. Meses después, el 19 de octubre, fue encontrada sin vida en su despacho, ubicado en la calle Zacatecas, en la colonia Roma. Su cuerpo presentaba dos heridas de bala calibre .22: una en la cabeza y otra en una pierna.

¿Qué se investigó y por qué se cuestionó la versión oficial?

El 19 de julio de 2002, la PGJDF sostuvo que la muerte de Ochoa correspondía a un llamado “suicidio disimulado”, es decir, que habría simulado un homicidio. La conclusión fue cuestionada por sus familiares y organizaciones defensoras de derechos humanos, que señalaron inconsistencias en los peritajes y en la manera en que se investigaron los hechos.

En la indagatoria se exploraron distintas líneas, entre ellas la posible participación de militares y otra centrada en el entorno familiar, social y laboral de la abogada. No obstante, la investigación terminó privilegiando la hipótesis del suicidio y descartó la posibilidad de un homicidio.

La revisión del expediente identificó problemas en la documentación de la escena, inconsistencias entre informes médicos y periciales, contradicciones en los análisis balísticos y deficiencias en la cadena de custodia. También se cuestionó que las amenazas previas y otros expedientes relacionados con la abogada no se investigaran de forma suficiente para esclarecer su muerte.

En 2005, la familia pidió que se exhumara el cuerpo y se reabriera la investigación. La nueva indagatoria concluyó que no era posible descartar el asesinato, pero no se identificó ni procesó a una persona responsable. 

¿Qué determinó la Corte Interamericana y qué falta por esclarecer?

El 25 de noviembre de 2021, la Corte IDH emitió una sentencia en el caso Digna Ochoa y familiares vs. México. El tribunal declaró la responsabilidad internacional del Estado por las graves irregularidades cometidas durante la investigación y por violaciones a los derechos de la abogada y sus familiares.

La sentencia señaló que las deficiencias en la investigación, el descarte arbitrario de líneas de indagación y el uso de estereotipos de género impidieron esclarecer adecuadamente las circunstancias de la muerte. También consideró que el tratamiento de la información sobre Ochoa después de su fallecimiento afectó su honra y dignidad.

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La Corte ordenó al Estado continuar las investigaciones necesarias para determinar las circunstancias de la muerte y, en su caso, juzgar y sancionar a las personas responsables. 

También dispuso medidas de reparación y garantías de no repetición para fortalecer la protección de quienes defienden los derechos humanos. La resolución no declaró culpable a una persona específica ni estableció que la muerte hubiera sido necesariamente un homicidio.

El caso volvió a la discusión pública en 2025, cuando la familia denunció que el Estado mexicano no había cumplido integralmente las medidas de reparación ordenadas. 

Ese año también se informó que José Antonio Pérez Bravo, quien participó en la investigación ministerial entre 2002 y 2004 y ha sido señalado por presuntas omisiones, se incorporó a la ponencia de la ministra Sara Irene Herrerías en la Suprema Corte de Justicia de la Nación. De acuerdo con la Corte IDH, las acusaciones sobre su actuación deben distinguirse de una determinación judicial individual de responsabilidad.