La opacidad del Ejército y el regreso a la "verdad histórica" amenazan diálogo por caso Ayotzinapa
Manu Ureste · 26 de septiembre de 2023
Con rostros largos y cansados, los padres de los 43 normalistas desaparecidos de Ayotzinapa salieron molestos y decepcionados de Palacio Nacional este lunes, luego de dos horas y media de reunión con autoridades del gobierno de Andrés Manuel López Obrador en las que no se dio respuesta a sus demandas sobre la entrega de información faltante que estaría en manos del Ejército y se les presentó una narrativa que se asemeja a la “verdad histórica”.
“Ni el secretario de la Defensa (Crescencio Sandoval), ni el presidente, dieron respuesta a la información que solicitaron los padres de familia, que es muy puntual”, subrayó con tono de molestia Vidulfo Rosales, abogado de los familiares de los 43, que este martes cumplen 9 años de desaparición.
En la reunión del miércoles pasado, los familiares de los normalistas le entregaron a López Obrador un documento firmado por todos, basado en las exigencias que hizo el Grupo Interdisciplinario de Expertos Independientes (GIEI), que investigó el caso por años, y que entre otros puntos señaló que el Ejército mexicano espiaba las comunicaciones del grupo criminal que atacó a los estudiantes, Guerreros Unidos, los días 26 y 27 de septiembre de 2014.
En esos intercambios de comunicaciones, que quedaron registrados en documentos en poder de la milicia, habría información clave sobre qué sucedió con los 43 normalistas y cuál fue el grado de participación de militares en el caso.
En el oficio que le fue entregado al presidente la semana pasada, los familiares exigen que se les entreguen decenas de documentos elaborados por el Ejército, que quedaron registrados, según las investigaciones del GIEI, como ‘CRFI’, en referencia al ‘Centro Regional de Fusión de Inteligencia’ que operaba en esa época en Iguala, Guerrero.
Los documentos de inteligencia militar probarían que la Sedena tenía conocimiento del grupo criminal que atacó a los estudiantes, y contendrían información sobre cuál fue el destino de los jóvenes desaparecidos.
Sin embargo, el equipo del GIEI en México denunció el pasado 26 de julio que la Secretaría de la Defensa Nacional ha ocultado reiteradamente esa documentación e incluso ha negado su existencia, a pesar del mandato presidencial de que se abriera toda la información a los padres. Tras la denuncia sobre la opacidad del Ejército, el GIEI anunció su retirada del país.
Gobierno blinda Palacio Nacional y monumentos ante protestas por Ayotzinapa
Desde la noche de este 25 de septiembre, autoridades blindaron con vallas metálicas de instalaciones de Palacio Nacional, así como monumentos como el Ángel de la independencia, antes las jornada de movilizaciones por los 9 años del caso Ayotzinapa.
El presidente López Obrador ha defendido en múltiples ocasiones a la Sedena. Lo hizo públicamente tras el anuncio de la salida del GIEI del país, y lo hizo la semana pasada en privado ante los propios padres, causando el enojo y la frustración de estos.
Aun así, el mandatario se comprometió a que este lunes el Ejército daría una respuesta al oficio que dejaron los padres en la reunión de la semana pasada. Pero en el encuentro de ayer, en el que no estuvo ni el presidente, ni secretario de la Defensa -que envió un escrito por medio de la titular de Seguridad Pública, Rosa Icela Rodríguez, lo cual fue tomado como “un insulto” por los padres-, no aparecieron ninguno de los documentos del Ejército exigidos por los familiares de los 43.
El abogado Vidulfo Rosales expuso que también se le solicitó al Ejército información concreta sobre una conversación telefónica que fue encontrada en una foja de los archivos militares, y que contendría información valiosa sobre el paradero de 17 estudiantes.
“Pero sobre esto, el titular de la Sedena lo único que refiere es que esa información la tiene el señor Gildardo López Astudillo (Alias ‘El Gil’, uno de los supuestos líderes de Guerreros Unidos acusado por la desaparición de los 43), y le pide al Gobierno que busque la información de esa persona, sin dar una respuesta concreta a lo que se le está solicitando”, agregó el abogado.
Personas que estuvieron presentes en la reunión de ayer en la tarde-noche dijeron a Animal Político que este fue uno de los momentos más tensos del encuentro. “En algo que no fue nada respetuoso, el oficio (de la Sedena) cerró diciendo algo así como que ‘no tenemos más información, y si quieren saber más del paradero (de los jóvenes) vayan y pregunten a Gildardo López Astudillo, que está como testigo protegido”.
Los familiares, por su parte, respondieron diciendo que, “al ponerse el Gobierno de AMLO del lado de las mentiras del Ejército, los están orillando a levantarse de la mesa de diálogo”.
Por otra parte, los padres de los 43 también se mostraron decepcionados con el papel del subsecretario Alejandro Encinas, que presentó un nuevo informe con avances del caso que, en palabras del abogado Rosales, “criminaliza a los estudiantes de la Normal” y que se asemeja mucho a la versión de los hechos presentada por el entonces procurador general, Jesús Murillo Karam, hoy en prisión preventiva, conocida como la “verdad histórica”.
“Nos presentó una narrativa que se acerca más a la ‘verdad histórica’ que a los nuevos hechos. Hizo una narrativa en la que refiere que los estudiantes iban infiltrados, que se trataba de una disputa entre integrantes del crimen organizado, reduciendo la responsabilidad del caso al crimen organizado y a un asunto meramente local, dejando por fuera al Ejército. Al único militar que le fincan responsabilidades es al capitán Martínez Crespo. Fuera de ahí, no aparece ningún militar más con responsabilidad. Y no se dice nada, por ejemplo, de quienes construyeron la verdad histórica”, planteó el letrado.
Ante el enojo de los padres, estos se negaron a recibir ningún informe ni documentos. “Dijeron que si el titular de la Sedena (el general Crescencio Sandoval) quería echarles un cuento, que al menos les diera la cara”, apuntó una fuente que estuvo presente en la reunión.
Ante los numerosos periodistas que esperaban a las puertas de Palacio Nacional, los padres señalaron que ahora analizarán si continúan o no con el diálogo con el gobierno de López Obrador.
Los familiares regresaron al plantón que tienen instalado frente al Campo Militar número 1, en los límites entre Naucalpan, Estado de México, y la capital.
Ahí, en una de las entradas al recinto militar, los familiares colocaron mantas con los rostros de quienes denuncian serían los “perpetradores” de la desaparición de los estudiantes, entre los que se encuentran Tomás Zerón, exdirector de la Agencia de Investigación Criminal, que está prófugo de la justicia por el caso Ayotzinapa, y Omar García Harfuch, quien recientemente se destapó como aspirante al gobierno capitalino, y a quien documentos de la Sedena sitúan en Iguala en dos reuniones de autoridades sobre el caso Ayotzinapa, aunque él ha negado cualquier participación en la construcción de la “verdad histórica”.
“Lo único que queremos y lo único que exigimos al presidente López Obrador es saber ya la verdad, porque ya se van a cumplir 9 años y él se comprometió a dar con el paradero de nuestros hijos. Sin embargo, ya tiene 5 años en el Gobierno y no ha cumplido”, dijo a este medio horas antes de la reunión en Palacio la señora Nicanora García, madre del normalista desaparecido Saúl Bruno García.
Está previsto que la marcha por los 9 años de la desaparición de los 43 estudiantes de Ayotzinapa tenga lugar este martes a las 16 horas. Iniciará en el Ángel de la Independencia, que en la tarde de ayer ya se encontraba completamente vallado, al igual que las inmediaciones del Zócalo capitalino. Después de la reunión entre las autoridades y los familiares de los 43 estudiantes desaparecidos, Palacio Nacional fue “blindado” con bardas metálicas.