5 años sin justicia: aplazan audiencia de policías por abuso de autoridad contra adolescente

Un juez determinó aplazar nuevamente, hasta el próximo 11 de abril, la audiencia en la que se revisaría el caso de cuatro policías de la Ciudad de México acusados de lesiones, ejercicio ilegal y abuso de autoridad, vinculados a la detención, tortura y abandono de un adolescente en 2018.

El martes 23 de enero de 2018 el adolescente fue detenido por policías capitalinos que lo golpearon y subieron a una patrulla cuando tomaba una fotografía a un mural en la zona de El Rosario. Cinco días después, gracias a una llamada ciudadana –según dijeron las autoridades capitalinas en aquel momento–, fue localizado en el Fraccionamiento Álamos, en el municipio de Melchor Ocampo, Estado de México, con lesiones físicas y psicológicas.

Es la segunda vez que se aplaza la audiencia, después de que estuviera inicialmente prevista para el 10 de noviembre de 2022. Esta vez, la defensa de los acusados solicitó un nuevo plazo con el argumento de que no pudo revisar la carpeta de investigación en su totalidad y aportar datos de prueba. Ante el reclamo de la asesoría jurídica y del Ministerio Público, el juez consideró otorgar más tiempo respondiendo al derecho de los acusados y a sus vacaciones ya programadas.

La Fiscalía Especializada contra Delitos Cometidos por Servidores Públicos de la Ciudad de México inició por este caso una investigación por la detención arbitraria, tortura y abandono atribuidos a los responsables de su detención. Sin embargo, a 5 años de lo sucedido, el adolescente y su familia no han obtenido justicia. Las organizaciones que les acompañan exigen que se garantice el interés superior de la niñez, el acceso a la justicia y a la reparación integral del daño.

Fue en octubre de 2022, luego de distintas impugnaciones para sortear los obstáculos que, acusan, promovió la fiscalía capitalina, cuando el caso finalmente llegó al Poder Judicial, sin embargo, esto aún no deriva en una imputación o vinculación a proceso de los responsables. La asesoría jurídica y las organizaciones acompañantes sostienen que tanto la defensa pública y la fiscalía, como el Poder Judicial, han faltado a sus deberes de debida diligencia retrasando en tres ocasiones la audiencia inicial. 

“La verdad lo que ha pasado ha sido mucha resistencia de la fiscalía. Si bien fue larga la recuperación emocional, hubo un proceso largo de juntar la carpeta de investigación y tener los elementos de prueba, la participación del adolescente, como prueba anticipada, que tomamos ya en abril de 2019 hace casi cuatro años, al menos los últimos tres y medio han sido desde mudanzas de la fiscalía, cambios de ministerio público, ocho diferentes, ir a juez de control tras juez de control a pedir que vincularan (a proceso)… y siempre retrasando”, lamenta en entrevista Mariana Gil, abogada de la Oficina de Defensoría de los Derechos de la Infancia (ODI).

Después de que hace cuatro años, la Fiscalía General de la República (FGR) descartara ser competente con el argumento de que no se había configurado el delito de desaparición forzada, la fiscalía capitalina continuó dando pretextos para aplazar una y otra vez. Finalmente, se logró la solicitud de la audiencia, diferida de noviembre a diciembre, después a enero y ahora al 11 de abril.

“Son dos meses y medio más, entonces la verdad es que entre la fiscalía, el Poder Judicial y la defensa es un ‘pues luego’, irlo bateando siempre, todo el tiempo en todos los casos es siempre tratar de deshacerse de las cosas en vez de hacerlas. Es una carpeta de investigación que tiene todo para que hace cuatro años ya hubiéramos terminado este caso, porque los datos de prueba son muy fuertes, y desde la prueba en la que el adolescente declaró lo que pasó hasta hoy, no hay un dato de prueba nuevo, ha sido pura inconsistencia”, reclama Gil.

De acuerdo con la última versión de la Encuesta Nacional de Adolescentes en el Sistema de Justicia Penal (ENASJUP), casi un 70% de adolescentes dijo haber sido víctima de violencia psicológica y retención prolongada, mientras que un 50.2% de violencia física, incluida la sexual. Durante 2020, el 24% de las detenciones de personas adolescentes se registraron en supuesta flagrancia, en un 35% por faltas administrativas y en un 41% la autoridad no sabe o no pudo precisar el motivo. 

Gil recordó que las detenciones por faltas administrativas, como en este caso, han sido documentadas por diversas comisiones estatales de derechos humanos y muestran que, con frecuencia, personas adolescentes son detenidas de manera arbitraria y torturadas sin ser llevadas siquiera ante un juez cívico.

La abogada asegura que las autoridades saben que no hay duda de lo sucedido: todas las pruebas están encaminadas a que al adolescente se le detuvo, se le encontró en mal estado, se sabía que era menor de edad y no se le puso a disposición de un juez cívico o un MP, como debe ser siempre tras una detención. “Son puros incumplimientos en su deber de protección; además de hacer una detención ilegal, cuando se dan cuenta de que es una persona menor de 18 años, que no estaba bien emocionalmente, tuvieron que haberlo resguardado, no dejado en la calle”, subraya Gil. 

Adicionalmente, aunque la familia ha recibido algunos apoyos, la Comisión Ejecutiva de Atención a Víctimas no ha completado el plan integral de reparación del daño. Ahora, la asesoría jurídica y las organizaciones acompañantes esperan que en abril, el adolescente y su familia finalmente puedan acceder a la justicia, que se reconozca la mala actuación de las autoridades de la Ciudad de México y que se trata una práctica reiterada con adolescentes por parte de las policías. 

“Es un reconocimiento a este adolescente y a muchos otros que viven esto día a día, que son discriminados, que son detenidos arbitrariamente, ilegalmente… Esperaríamos que se hiciera justicia y que hubiera una reparación, que la familia pudiera cerrar. El problema, que decíamos en la audiencia de hoy, es que cada vez que hay aplazamiento es volver a decirle a la familia. Todo eso es angustia, es revictimización, es no poder cerrar un caso que lleva cinco años”, concluye Gil.