En audiencia, presidente de la Corte cuestiona por qué instituciones impugnan leyes sin consulta

En defensa del proyecto de la ministra Lenia Batres, que propuso condicionar la invalidez de normas cuando no se consulte previamente a personas con discapacidad, el presidente de la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN), Hugo Aguilar, cuestionó durante la audiencia pública del tema el por qué otras instituciones, como las comisiones de derechos humanos pueden tomar decisiones –como la solicitud de invalidar leyes– sin el aval de esta población.

“¿Las comisiones nacional y estatales pueden tomar la decisión sin siquiera platicar con ustedes? Nosotros decimos: está la consulta y es la obligación de todo el Estado, no hay nadie que se salve, y entonces ¿a la comisión sí la relevamos de que ni siquiera platique con ustedes?”, planteó el ministro previo al inicio del segundo día de audiencia pública.

Aguilar aseguró que con el proyecto de la ministra Batres “no está en duda que tienen derecho a la consulta”, por lo que preguntó a los asistentes: “¿Cuando hay una norma que les beneficie, que está en el más alto estándar internacional, en automático se debe invalidar por falta de consulta?”.

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En respuesta, entre las primeras intervenciones, las personas con discapacidad le recordaron la consigna con la que desde el lunes 20 de octubre han defendido su derecho a la consulta: “Nada de nosotros sin nosotros”.

Batres subraya que criterio sobre invalidez de leyes sin consulta ya se votó

En su primera participación, en la que los ministros se presentaron a los asistentes, Lenia Batres remarcó que, el máximo tribunal tiene un compromiso “con los grupos de personas más vulnerables y creemos que estamos obligados justamente a escucharles, por eso, sin que nadie nos lo solicitara, nosotros creamos esta obligación de la Corte de realizar audiencias públicas”.

Enseguida, les dijo que el proyecto en el que planteó que se quitara el criterio de invalidar las leyes sin consulta a personas con discapacidad, “el Pleno lo acordó con unanimidad”, por lo que la audiencia es para que se escuchen propuestas que lo sustituyan.

De acuerdo con la ministra, esto “no pone en duda de ninguna manera que el Estado mexicano está obligado a realizar consultas a las personas con discapacidad”, aunque reconoció que, tal como mencionaron varios participantes en el primer día de audiencia, el cambio de criterio al respecto “puede generar una carga adicional” a esta población, “que ahora tendría que estudiar cada una de las leyes y estar pensando en ellas o vigilando para poder proceder en contra de cualquiera que no haya sido consultada”.

“Lo tenemos registrado y vamos a intentar atender esa preocupación”, afirmó sobre la discusión que tendrán los ministros en los días posteriores a la audiencia pública.

La ministra también habló sobre la postura de los otros integrantes de la Corte, acerca de lo cual comentó: “quieren ver conflictos entre nosotros. No, no los hay, porque el acta del pleno (sobre este asunto) fue aprobada por unanimidad, y es nuestro punto de partida para definir un nuevo criterio respecto de la invalidez de leyes por falta de consulta a personas con discapacidad”.

“No permitan que la conveniencia administrativa triunfe sobre la dignidad humana”, piden aludidos a la Corte

Sandra Padilla, abogada y activista, cuestionó a los ministros: “¿quién decide qué nos favorece si no se nos pregunta? Es claro que nos tienen que preguntar en consultas previas a las leyes, aunque sean perfectas. No importa si están al 100 %, las podemos mejorar al 300 % nosotros y el sustento jurídico internacional está en la Corte Interamericana de Derechos Humanos”.

“El principio pro persona y el control de convencionalidad, en el Artículo 1o constitucional, señala que se tiene que interpretar la ley de la forma que sea más favorable a los derechos humanos y exige que todas las autoridades, incluyendo esta honorable Corte, armonicen su situación con base en los tratados internacionales”, refirió la abogada.

Asimismo, enfatizó que “nada sobre nosotros sin nosotros no es una consigna, es la expresión mínima de la democracia y la dignidad”, por lo que pidió que “no permitan que la conveniencia administrativa triunfe sobre la dignidad humana. No permitan que México sea recordado como el país que prefirió encerrar voces en lugar de escucharlas”.

Adriana Guzmán, mujer autista y activista por los derechos de las personas neurodivergentes, expuso a los ministros que es necesario “que se reconozca nuestra participación directa en los procesos de consulta, asegurando formatos accesibles de comunicación, lenguaje claro, apoyos sensoriales y entornos que nos permitan expresarnos sin intermediarios”.

Guzmán propuso que se considere la invalidez de leyes que afecten o restrinjan los derechos sin participación efectiva, pero que la falta de consulta no implique automáticamente echar abajo las normas que amplían o reiteran aquellos que están reconocidos por la Constitución o la Convención sobre los Derechos de las Personas con Discapacidad. 

Paula Jiménez, experta independiente y ex secretaria de estudio y cuenta de la Corte, manifestó que la evolución del derecho a la consulta no ha sido sencilla, pues la Corte ha ido construyendo caso a caso su obligatoriedad y requisitos, por lo que señaló que “hoy esta nueva integración tiene el reto de corregir los problemas de los anteriores criterios sin retroceder en la protección del derecho”.

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“El problema no está en que la Corte invalide, sino en que las legislaturas no consulten. Los nuevos criterios que se proponen no solucionan eso, y por el contrario, resultan regresivos. Limitar el estudio de la consulta a los casos en que sea expresamente exigido por el grupo es inviable. Las acciones de inconstitucionalidad y el estudio de oficio han sido mecanismos esenciales de acceso a la justicia, y excluir la consulta de estos mecanismos no puede justificarse desde la protección al grupo. Eso es no querer escuchar”, agregó.

La audiencia pública concluirá este miércoles, después de lo cual los ministros llevarán a cabo la deliberación sobre el criterio de invalidez de las normas.

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— Suprema Corte (@SCJN) October 21, 2025