Promueven amparo contra gobierno de México por participar en política migratoria de EU
Redacción Animal Político · 16 de mayo de 2024
A un año de finalizar el Título 42 y de la reinstalación del Título 8, organizaciones de la sociedad civil de México presentaron un amparo contra la participación del gobierno mexicano en las deportaciones de Estados Unidos a México de extranjeros con necesidades de protección internacional.
El recurso fue promovido por el Instituto para las Mujeres en la Migración, AC (IMUMI), la Clínica para Personas Refugiadas “Alaíde Foppa” de la Universidad Iberoamericana y la Clínica Jurídica del Programa Universitario de Derechos Humanos de la Universidad Nacional Autónoma de México.
Este destaca la falta de acceso al procedimiento de asilo en territorio mexicano y una evaluación insuficiente para determinar el nivel de temor, así como los tipos de peligros que enfrentan las personas una vez que son devueltas a México.
Por ello, con dicho amparo las OSC’s buscan que el gobierno de México “deje de facilitar la transgresión” del principio de no devolución de las autoridades de Estados Unidos, de la Constitución mexicana, así como la Ley sobre Refugiados, Protección Complementaria y Asilo Político.
También buscan que publique su política migratoria de forma oficial, como lo estableció la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN) desde octubre de 2022 y que garantice la protección de las personas que solicitan asilo en México.
“A un año del fin del Título 42 y la reinstalación del Título 8, las organizaciones buscamos que el Estado mexicano informe sobre las medidas que ha tomado para garantizar la protección de las personas solicitantes de asilo regresadas o deportadas a México de Estados Unidos”, expresaron.
Según datos obtenidos por medio de solicitudes de acceso a la información, del 11 de mayo al 24 de noviembre de 2023, el Instituto Nacional de Migración (INM) recibió a 19 mil 561 solicitantes de asilo deportadas de Estados Unidos.
De dicha cifra, el 25% eran mujeres y 1% niñez, nacionales de Cuba, El Salvador, Guatemala, Haití, Honduras, Nicaragua y Venezuela, indicaron en un comunicado.
Participación del gobierno de México en violaciones a derechos
Las organizaciones de la sociedad civil señalaron que no es la primera vez que el gobierno de México participa en violaciones de derechos de las poblaciones con necesidades de protección internacional.
“En 2018 aceptó participar en el Protocolo “Quédate en México”; en marzo de 2020 en Título 42; en enero de 2023 en CBP One y desde mayo de 2023 en Título 8 (“veda de asilo”- políticas violatorias de la legislación estadounidense y mexicana”, puntualizaron.
Las OSC’s mencionaron que, en todas estas medidas, el gobierno de Estados Unidos regresa a México a población no mexicana con necesidades de protección y algunas de estas personas terminan deportadas por autoridades nacionales.
Agregaron que desde la implementación de la “veda de asilo” estadounidense, han documentado casos de personas detenidas en EU que son deportadas a México, a quienes no se les realiza una entrevista y que además les retienen sus documentos de identidad.
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“A su llegada a territorio mexicano, las personas son entregadas a los agentes del INM para su detención y posterior transportación, vía aérea o terrestre, al sur del país, principalmente a Villahermosa, Tabasco, donde existen pocas organizaciones humanitarias”, explicaron.
Asimismo, señalaron que desde octubre de 2023, el gobierno de México niega la emisión de su Tarjeta de Visitante por Razones Humanitarias, en “franca transgresión a la Ley de asilo mexicana y la Ley de Migración, a quienes han solicitado asilo”.
Ante la negativa, personas se han quedado sin documentación migratoria oficial por meses, incluso años. “Mientras que el INM les restringe las tarjetas de residencia permanente a quienes han sido reconocidas como refugiadas”, indicó.