Relegan a Álvarez-Buylla; proyectos fallidos marcaron su gestión en Conahcyt

Durante el sexenio de Andrés Manuel López Obrador, la gestión de María Elena Álvarez-Buylla en el Consejo Nacional de Humanidades, Ciencias, y Tecnologías (Conahcyt) estuvo marcada por conflictos con la comunidad científica y ahora quedó relegada de la administración pública federal.

Sus decisiones precarizaron las condiciones laborales de investigadores, afectaron servicios de centros de investigación y provocaron el cierre de programas educativos. Además, se gastaron recursos en proyectos fallidos o inacabados, como los ventiladores para Covid-19, la vacuna Patria y la encuesta de consumo de drogas. 

El enfrentamiento entre el hoy extinto Conahcyt -pues la presidenta Claudia Sheinbaum lo convirtió en una secretaría de Estado- y la comunidad científica del país fue tal que, aunque la presidenta mantuvo a la mayoría de los funcionarios de primer nivel en sus puestos o hizo enroques entre dependencias conservando a buena parte del gabinete de López Obrador, Álvarez-Buylla ya no fue contemplada para continuar en la administración pública.

“Yo inicio una nueva etapa en mi vida. Cierro mi ciclo de servicio al pueblo, bajo el honrosísimo mandato del Pdte. @lopezobrador_ desde la Dir. Gral. De @Conahcyt_Mex, y me integro a servir desde la docencia, formación de estudiantes e investigación en mi Alma Mater: la #UNAM”, escribió Álvarez-Buylla en su cuenta de X el 1 de octubre pasado, día de la toma de protesta de la presidenta Sheinbaum.

Actualmente la exfuncionaria pública se desempeña como profesora investigadora en el Instituto de Ecología de la UNAM y aunque ya no está involucrada en la administración pública en ocasiones comparte la transmisión de la conferencia matutina de la presidenta, así como otras publicaciones de Sheinbaum.

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Este medio buscó a Álvarez-Buylla a través de distintas llamadas a su cubículo en el Instituto de Ecología, además se le envió un correo electrónico solicitando una entrevista para hablar de su paso en el extinto Conahcyt, sin embargo, hasta la publicación de este texto no hubo respuesta.

El mundo supera el Covid-19 y la vacuna Patria no llega

En enero de 2021, a la par de inicio en México de la vacunación contra el Covid-19, la entonces directora del Conahcyt, María Elena Álvarez-Buylla, anunció que “por mandato presidencial” sería prioridad desarrollar una vacuna nacional contra el virus, la cual estaría lista ese mismo año.

México buscaba ser el segundo país en América Latina -después de Cuba- en poder desarrollar el biológico para enfrentar al virus, sin embargo, han pasado cuatro años y la vacuna aún no está lista.

De hecho, el 9 de mayo de 2023 México puso fin a la emergencia sanitaria por Covid-19.

En enero de 2024, al ser cuestionado por los retrasos en el desarrollo del biológico, el expresidente Andrés Manuel López Obrador justificó diciendo que “no son tamalitos de chipilín hacer una vacuna”.

Cinco meses después, la Cofepris aprobó la vacuna Patria con lo que, por fin, se podría producir y distribuir. Tras obtener la autorización, el Conahcyt informó en un comunicado que se podría lograr “la producción de 24 millones de dosis anuales, con potencial de crecimiento de hasta 40 millones”.

De hecho, en diciembre pasado la presidenta Claudia Sheinbaum aseguró que en la campaña de vacunación invernal se contemplaba aplicar 700 mil dosis de la vacuna Patria, pero el biológico no estuvo disponible en los centros de salud.

En la recta final de la campaña de vacunación, en las clínicas se aplicaron las vacunas Abdala (Cuba) y Sputnik (Rusia) sin que a la fecha haya información oficial de cuándo la vacuna Patria comenzaría a producirse y aplicarse a la población.

Hasta el 3 de mayo de 2023, el desarrollo de la vacuna Patria había tenido un costo de 973 millones del presupuesto público, según informó la propia extitular del Conahcyt en la conferencia matutina del expresidente López Obrador.

Ventiladores caros y sin claridad de su paradero

El 23 de abril de 2020, también en la conferencia matutina, la entonces directora del Conahcyt, anunció que el Consejo se encargaría de producir respiradores artificiales para atender a personas en estado crítico por el Covid-19.

Para entonces se tenía prácticamente nula información del virus, pero se avizoraba que con la rapidez en la que las personas se contagiaban, la situación requería atención de emergencia, por lo que para el 15 de mayo -menos de un mes del día del anuncio- se tendrían al menos 700 respiradores con tecnología cien por ciento mexicana y que cada unidad tendría un costo de 137 mil pesos, sin embargo, el compromiso tampoco se cumplió en su totalidad, pues fue hasta 4 meses después -el 3 de agosto de 2020- cuando los primeros equipos comenzaron a entregarse.

De acuerdo con testimonios recabados por distintos medios de comunicación, profesionales de la salud coincidieron en que los aparatos no eran funcionales para atender a pacientes en condición crítica.

Pero no solo eso, el propio Conahcyt confirmó que los aparatos costaron más del dinero presupuestado, pues de acuerdo con una respuesta de información pública, hasta el 21 de mayo de 2021 se habían fabricado 500 ventiladores Gätsi y 500 Echécatl 4T, mismos que fueron elaborados por el Centro de ingeniería y Desarrollo Industrial (CIDESI) y la empresa DTM Tecnologías S.A. de C.V.

Los 500 equipos hechos por el CIDESI requirieron un presupuesto público de 125 millones 460 mil pesos, mientras que los 500 equipos que se hicieron en colaboración con la empresa privada tuvieron un costo de 171 millones 319 mil pesos.

Otra de las contradicciones encontradas, es que mientras la Unidad de Articulación Sectorial y Regional del Conahcyt informó que se manufacturaron mil ventiladores y que estos fueron entregados a hospitales y clínicas de todo el país, la Dirección Adjunta de Desarrollo Tecnológico, Vinculación e Innovación reportó que 50 de estos aparatos se donaron a Cuba y 80 continuaban en resguardo “del beneficiario a espera de que el IMSS-Bienestar informe al mismo los domicilios de las ubicaciones donde serán entregados”, se lee en un oficio con fecha del 22 de abril de 2024 y el cual se entregó en respuesta a una solicitud de información pública.

Repetirán encuesta sobre de adicciones

A fin de conocer las tendencias de consumo de drogas en el país, en junio de 2023 la Comisión Nacional de Salud Mental y Adicciones (Conasama) y la Conadic confirmaron que la encuesta nacional sobre consumo de drogas –que no se actualizaba desde 2017– quedaría en manos del Conahcyt, a pesar de que este organismo no contaba con experiencia para hacer este tipo de ejercicios.

En su momento la Conadic confirmó a este medio que realizar la encuesta costaría unos 150 millones de pesos, y, aunque no se ha informado la cifra final de gasto, se puede afirmar que se trató de recurso público tirado a la basura, pues la propia presidenta Sheinbaum confirmó que la encuesta deberá hacerse de nuevo debido a que la metodología aplicada no fue correcta ya que no se permiten hacer comparaciones reales.

“Se hizo el estudio por parte de Conahcyt, pero hay algunos resultados en donde no se puede hacer una tendencia de la encuesta anterior a la nueva, entonces estamos buscando un esquema para realizar la encuesta que permita tener más información”, dijo la mandataria en conferencia de prensa el pasado 28 de enero.

La encuesta se levantó entre octubre de 2023 y junio de 2024. La Conasama elaboró el diseño conceptual de la encuesta, es decir, lo que se quiere conocer, y el Conahcyt desarrolló la muestra estadística.

CIDE sale a las calles y suma apoyo de la comunidad académica

Uno de los enfrentamientos más fuertes y directos que tuvo la extitular del Conahcyt, María Elena Álvarez-Buylla, fue con la comunidad del Centro de Investigación y Docencia Económicas (CIDE).

El conflicto detonó a mediados del 2021 cuando se presentaron los primeros problemas en el pago de becas a estudiantes.

A los meses, el director de la sede Santa Fe, Sergio López Ayllón renunció a su cargo, lo que generó protestas, marchas y plantones en cascada que unieron no solo a la comunidad del CIDE, sino a la de otros centros públicos de investigación y universidades.

El 29 de noviembre de 2021, en una sesión irregular de la cual el Conahcyt se negó a entregar información, se nombró a José Antonio Romero Tellaeche como director del CIDE.

El 4 de diciembre, apenas unos días después del nombramiento y luego de que Álvarez-Buylla desairara la convocatoria con la comunidad para abordar los problemas e inquietudes en torno al nombramiento, académicos, alumnos y trabajadores del CIDE marcharon a las oficinas del Conahcyt exigiendo la remoción de Romero Tellaeche.

“Más ciencia, menos obediencia”, “Romero, entiende, el CIDE no te quiere”, “A ti no te eligieron, a ti te impusieron”, “El CIDE es primero, saquen a Romero”, “Yo defiendo al CIDE, no nos politicen”, fueron algunas de las consignas que gritaron antes de llegar a las instalaciones del Conahcyt.

Álvarez-Buylla ignoró los reclamos de la comunidad y aprovechó la exposición mediática de la conferencia matutina que encabezaba el presidente López Obrador para lanzarse en contra de la comunidad del CIDE denunciando una supuesta red de intereses alrededor del centro de investigación.

Sin una sola prueba y valiéndose de un diagrama sin sustento, la exfuncionaria pública aseguró que, durante los sexenios de Vicente Fox, Felipe Calderón y Enrique Peña Nieto, el CIDE supuestamente desvió recursos a través de distintos fideicomisos.

Ante ello, la Asamblea Académica CIDE le exigió parar con el hostigamiento e intimidación en contra de la comunidad de esta institución.

Paralelamente, estudiantes del centro público solicitaron pruebas de la existencia de la supuesta red de intereses que denunció, sin embargo, vía transparencia el Conahcyt declaró inexistencia de la información, por lo que Álvarez-Buylla fue denunciada.

“La denunciamos por abuso de funciones, difamación, violación a la Ley de Transparencia, vulneración de datos personales, violaciones al Código de Ética Federal y violaciones al Código de Conducta del Conahcyt, así como haber incurrido en actos que comprometen negativamente los intereses de las instituciones del Estado Mexicano”, escribió en su cuenta de X Diego Micher, estudiante del CIDE quien interpuso las denuncias y da seguimiento a estos procesos que continúan abiertos.

Pero no solo eso, resultado del enfrentamiento directo de la extitular del Conahcyt con el CIDE, las posteriores reformas a la Ley General de Ciencia, el recorte de recursos al centro de investigación y el cierre de distintos programas, trajo como consecuencia que parte de su plantilla académica renunciara a sus puestos.

Y mientras todo esto sucedió, Romero Tellaeche se mantuvo en su puesto a pesar de que la Comisión de ética del CIDE confirmó que plagió dos artículos académicos que publicó a su nombre. Además, fue nombrado investigador emérito del Sistema Nacional de Investigadores (SNI), de acuerdo con los resultados de la convocatoria 2024 del Conahcyt.

31 científicos denunciados ante la FGR

También a mediados de 2021 se dio a conocer que la Fiscalía General de la República (FGR) abrió una investigación en contra 31 científicos y académicos del Conahcyt, a los que se les acusó por el presunto desvío de recursos “destinados exclusivamente a aquellos proyectos de apoyo de investigación científica y tecnológica” entre el 2013 y el 2018.

La denuncia fue interpuesta el 10 de julio de 2021 por María Elena Álvarez-Buylla, entonces titular del Conahcyt, a través de una representante legal que señaló a los científicos por los delitos de peculado y uso ilícito de atribuciones y facultades.

El 24 de agosto del mismo año, el Ministerio Público solicitó a un juez una orden de aprehensión en contra de los imputados, a quienes les agregó los delitos de delincuencia organizada y lavado de dinero por presuntamente entregar, “de forma permanente y reiterada”, 244 millones de pesos al Foro Consultivo Científico y Tecnológico A.C. con la supuesta finalidad de beneficiar indebidamente a todos sus integrantes.

Sobre este hecho la entonces jefa de gobierno y hoy presidenta, Claudia Sheinbaum se pronunció y calificó el hecho como “excesivo”.

“Mi posición personal es: que sean acusados de delincuencia organizada, me parece excesivo”, opinó Sheinbaum el 23 de septiembre de 2021.

Tres años después la Fiscalía General de la República (FGR) perdió en definitiva el caso en contra de 31 científicos.

En la sesión del 25 de abril de 2024, y por mayoría de votos, el Segundo Tribunal Colegiado de Apelación del Segundo Circuito determinó que el personal del extinto Conahcyt no cometió ningún delito, razón por la cual la continuación de una investigación en su contra resultaría en violaciones graves a sus derechos humanos.

Nueva Ley y Secretaría de Ciencia

El 28 de abril de 2023, la Cámara de Diputados aprobó la Ley General de Humanidades, Ciencias, Tecnología e Innovación, legislación que previo a su aprobación puso en alerta a la comunidad científica del país, pues atentaba con la libertad de investigación.

Buscaba concentrar el poder y financiamiento, además de que borró de los órganos de representación participativa a la comunidad y sumó a las Fuerzas Armadas. 

También del ordenamiento se eliminó la disposición de que la Federación, los estados y los municipios tenían la obligación de destinar al menos el 1% del PIB a investigación científica y desarrollo tecnológico. 

Aunque históricamente nunca se alcanzó esta meta, la comunidad científica consideró que mantenerla en la legislación incentivaba a las autoridades a tratar de cumplirla, situación que quedó borrada en la Ley General de Ciencia.

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Tras la gestión de Álvarez-Buylla y con la llegada del nuevo gobierno encabezado por Claudia Sheinbaum el Conahcyt dejó de existir para dar paso a la Secretaría de Ciencia Humanidades, Tecnología e Innovación (SECIHTI) que es encabezada por Rosaura Ruíz.

Para este 2025, la dependencia tendrá un 3.6 % menos de presupuesto en términos reales que lo que tuvo el extinto Conahcyt, mientras que los centros públicos de investigación tendrán, en promedio, una reducción del 11 %.